En las próximas horas se presentará un proyecto de ley que se está terminando de macerar. Sería una salida a la escandalosa situación ocasionada con la renuncia de Guillermo Smaldone a la presidencia del Tribunal de Cuentas.

Con la salida del joven abogado, el organismo de control quedó en una encerrona. La ley orgánica 5.796, en su artículo 18, prevé un sistema de subrogación. El mismo dice que en caso de ausencia, impedimento temporal, excusación o recusación del presidente, éste será reemplazado interinamente por un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ese integrante del alto cuerpo será designado por un sorteo que se realiza todos los años en el mes de diciembre. En ese acto también se elige un suplente.

El último sorteo se realizó en 2011. En esa oportunidad se designó para el período 2012 a Claudia Mizawak como titular y Carlos Chiara Díaz como suplente. En esa última elección se dejó una advertencia. Los vocales firmaron una acordada – la número 40- en la que expresaron que “constitucional y legalmente no corresponde la subrogación de los titulares del Tribunal de Cuentas por integrantes del Superior Tribunal de Justicia, al ser éste órgano quien ejerce la potestad de conocer y decidir por vía de recursos acerca de las decisiones del Tribunal de Cuentas”. Lo que plantearon fue, sin vueltas, la inconstitucionalidad del artículo.

Pero el acuerdo no quedó ahí. Los vocales, enterados de que había un proyecto de reforma con media sanción de Diputados y que repararía ese artículo cuestionado, reclamaron al Senado “un pronto tratamiento” de esa iniciativa para salvar el vacío legal. Esto no ocurrió y la desidia legislativa se extendió por años.

Ante este escenario es que la diputada Rosario Romero y un grupo de diputados del bloque Frente para la Victoria promueven un proyecto para emparchar la situación de anomalía hasta que la Legislatura, de una vez por todas, debata y sancione una ley que reglamente en su totalidad al TdeC con las pautas que manda la Constitución reformada en 2008.

Según supo El Diario, el texto que será presentado mañana plantea la obligación del gobernador de reglamentar un concurso en un tiempo exigente, podrían ser 15 días, ante la situación especial. El jurado lo integraría un miembro del Poder Ejecutivo, habría representación del sector académico, del Colegio de Abogados; y ONGs cuyo objeto fundamental sea la ética y el control en la función pública. Lo que no dice la Constitución, pero se integraría en el proyecto de ley es que el postulante a cubrir la vacante sea sometido a una audiencia pública.

El voto que no sale

El caso Smaldone no se ha resuelto en la Justicia ante el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por Juan Carlos Arralde. Pasaron más de dos años de la acción presentada y el STJ no ha dictado sentencia. En rigor, lo han hecho ocho de los nueve vocales. Sólo resta emitir un voto, el de la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak. El fallo de la presidenta no cambia el escenario. De los ocho vocales que ya emitieron su opinión, cinco declararon inconstitucional la designación de Smaldone; mientras que tres la avalaron. En el primer grupo se inscriben Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, Leonor Pañeda, Miguel Giorgio y Hugo Perotti. Estos dos últimos en carácter de subrogantes. A favor de los intereses de Smaldone; y del más interesado, Sergio Urribarri; lo hicieron Emilio Castrillón, Susana Medina Rizzo y Bernardo Salduna. También el procurador general, Jorge García, dictaminó a favor del procedimiento atacado.

La dilación en resolver la cuestión obligó al ex senador radical, el peticionante, a que presentara ante el STJ notas reclamando la resolución de su planteo.

Que haya sentencia o se declare abstracto el caso no es lo mismo. Una sentencia que declare inconstitucional la designación de Smaldone sentaría un precedente respecto a los nombramientos sin los parámetros que establece la Carta Magna. Pero también generaría un debate interesante. ¿Si se declara inconstitucional el nombramiento de Smaldone, no quedarían nulas las resoluciones que llevan su firma?

En el 2011 habían pasado tres años en que estaba vigente la nueva Constitución entrerriana. El nuevo texto constitucional establecía en su artículo 217 que debía reglamentarse el procedimiento por el cuál se conformaría un jurado de concurso para evaluar a los candidatos que pretendan presidir el organismo de control. El Senado de entonces -alineado a Urribarri- jamás mostró interés por reglar los institutos, derechos y garantías consagrados en la Convención Constituyente de 2008. El mismo Urribarri no apeló a una atribución que tenía para reglamentar la Carta Magna por decreto pasado un tiempo en que la Legislatura no lo haga.

La foto actual muestra a uno de los principales organismos de control de la administración acéfalo e institutos como la Defensoría del Pueblo fuera de cualquier agenda parlamentaria.

La posición del gobierno

El gobierno explicitó sus pretensiones respecto al caso de Guillermo Smaldone. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se presentó en el expediente con el decreto en el que el PE aceptó la renuncia del entonces presidente del TdeC y, en el mismo acto, solicitó al Superior Tribunal de Justicia que declare abstracta la cuestión. De esta manera se evita dictar sentencia y sentar jurisprudencia. Se trata del Decreto Número 1.548/16, con fecha del 14 de junio. Con el argumento de que Smaldone dio un paso al costado, el fiscal de Estado pidió que se declarara abstracta la cuestión. Arralde, por el contrario, quiere que el alto cuerpo se expida. Lo que el radical pretende es que la Justicia diga si fue o no constitucional el procedimiento atacado. También vocales están interesados en sentar jurisprudencia sobre el tema y evitar conflictos similares ante el intento de otras designaciones sin la promulgación de leyes reglamentarias respecto a nuevos y viejos institutos con rango constitucional. En caso que finalmente el caso se declare abstracto, Arralde continuará con su petición en otros ámbitos. Ante lo que entiende como “denegación de justicia”, recurrirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.