Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi; y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de la diputada Érica Vilma Vázquez, trabajaron toda la tarde de este miércoles con el proyecto de Ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, que hizo su ingreso formal en la sesión de este mediodía, tras obtener media sanción del Senado el miércoles pasado.
Participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) y cerró Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
El sitio de noticias Página Gremial recogió las posiciones de cada sector:
La palabra de los Jubilados
La primera exposición estuvo a cargo de Oscar Pirillo, presidente de la Federación de jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos. Lo acompañó Claudia Vallori, vocal electa en la Caja de Jubilaciones. En el documento, consensuado por la mayoría de los jubilados, consideran que el proyecto de ley carece de fundamentos económicos claros que justifiquen la declaración de emergencia y los cambios propuestos al sistema previsional.
Entienden que debería exigirse, previo a la sanción de la norma, que se haga pública “cuál sería la evolución sucesiva en el tiempo de la situación deficitaria de la Caja, que justifique los números tributarios y finales por la implementación de la nueva ley”.
Entre otros puntos, afirman que es fundamental que la nueva ley “no tenga efecto retroactivo” y garantice los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios del sistema previsional de la Ley 8732.
Además, consideran que muchas de las modificaciones “podrían ser objeto de control judicial si se consideran lesivas de derechos previsionales adquiridos o principios constitucionales”.
Por su parte, Vallori agradeció la invitación y dijo: “Pensábamos que en este tratamiento tan exprés podían omitir que nos convoquen”. Recordó que la Federación de Jubilados tiene más años que la de Caja de Jubilaciones, porque surge en 1949. “Toda la historia de la Federación tuvo que ver con ir conquistando derechos para las personas jubiladas y pensionadas. Y estos derechos quedaron plasmados en la última normativa, que es la ley 8732”, indicó.
En otro fragmento de su exposición, Vallori enumeró los principales puntos que preocupan al sector y luego manifestó: “Nos encantaría que nos digan si estas reformas realmente merecen el sacrificio que van a tener los trabajadores, los jubilados y pensionados actuales para que realmente merezca que se apruebe como tal”.
“No a la reforma, la caja no se toca”, dijo finalmente tras solicitar a los legisladores “responsabilidad” a la hora de votar.
AMET: “No queremos la reforma”
Luego, fue el turno de Roberto Aguirre, secretario de Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Agradeció la invitación y expresó: “Esperemos que algunos de los puntos que tenemos como relevantes se tomen en cuenta. No queremos ser meros espectadores”, sostuvo.
Desde AMET se expresó el rechazo a la modificación de la Ley 8732, una norma que constituye un pilar fundamental del sistema previsional. “No queremos la reforma, creemos que la ley está bien como está”, afirmó.
Consideran que la reforma previsional propuesta es perjudicial: aumenta la edad, reduce aportes y genera montos en negro que afectan el salario y la jubilación docente. Entienden que la reforma implica un retroceso en los derechos conquistados. “No es el momento de quitarle más derecho y tampoco quitarle más fondos a los docentes”, cerró el dirigente gremial.
Agmer: “Se trata de un ajuste”
A su turno, Abel Antivero habló por Agmer y también por UDA y Sadop, cuyos representantes quedaron fuera de la convocatoria.
Sobre el argumento de que el proyecto resolverá el déficit de la Caja de Jubilaciones, indicó que el Gobierno “habla en términos empresariales” y que “ningún sistema previsional del país, ni del mundo, da superávit”.
“Cuando se habla de la sustentabilidad de la Caja se habla de tres activos o cuatro activos por un jubilado. Pero ese número se irá reduciendo porque esta gestión no ha generado ingreso de personal al Estado. Hoy en las escuelas faltan cocineros, ni hay designación de ordenanzas”, ejemplificó.
Antivero desmintió que el proyecto respetará el 82% móvil y afirmó que «se mantiene la movilidad atada paritaria de los trabajadores de la Administración Pública, y en base a la forma de mayor cantidad de aportantes del Estado provincial». A la vez se preguntó qué garantías hay de tener incremento salarial para los jubilados cuando las paritarias acaban de fracasar por tercera vez en el año, y cuando se profundiza el pago de montos en negro.
Según Antivero el proyecto genera conflictividad social y no resuelve el déficit. “Se busca cumplir con una tarea mandada por el gobierno nacional, y en esa línea, por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. «Esta reforma previsional no deja de ser un ajuste planificado por el Poder Ejecutivo».
Finalmente pidió a los diputados votar con conciencia, respondiendo al pueblo entrerriano. «Muchos van a tener que volver a su localidad. Para algunos puede llegar a ser el fin de su carrera política, porque no vamos a dejar de señalar a aquellos que voten a favor de este plan de ajuste”.
APLER: “Que el que más tiene, más aporte”
El secretario general de APLER, Gilberto De Vecchio, sostuvo que la reforma previsional debe abordarse desde una perspectiva técnica y no ideológica, y recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones mediante la creación de un fondo fiduciario financiado con acreencias de la Anses. En ese marco, planteó que el financiamiento del sistema debe apoyarse en un esquema donde «el que más tiene, más aporte», en lugar de trasladar el costo a trabajadores y jubilados.
El dirigente advirtió que el proyecto se debate en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los trabajadores y el ajuste sobre el sector público. Como ejemplo, señaló que el 75% de los trabajadores entrerrianos destinó el aguinaldo al pago de deudas y cuestionó que una eventual suba de aportes previsionales termine absorbiendo los incrementos salariales que puedan acordarse en las paritarias.
Asimismo, De Vecchio afirmó que la iniciativa trasciende al empleo público y tendrá consecuencias sobre el conjunto de la sociedad. Si bien valoró la amplitud de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados, insistió en la necesidad de introducir modificaciones al proyecto para evitar un escenario de alta litigiosidad y sostuvo que profundizar el ajuste «solo deteriora el tejido social y genera más desigualdad», afectando tanto a trabajadores como a pequeños productores y comerciantes.
“Celebro el debate amplio que se está dando y que hayan sido convocados distintos sectores. Pero no podemos perder de vista el contexto de pérdida del poder adquisitivo y de endeudamiento generalizado”, apuntó. Y advirtió: “Si en la paritaria se propone un aumento del 3% y ese porcentaje termina absorbido por mayores aportes, el resultado es más ajuste. Y más ajuste deteriora el tejido social y genera más desigualdad. Eso no le conviene a nadie”.
Judiciales apuntan al contexto de empobrecimiento de los trabajadores
José María Segura de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) pidió debatir la Reforma Previsional en el contexto nacional, donde todas las medidas que se toman “son absolutamente en contra de los trabajadores”. Mencionó la Reforma Laboral, los despidos de miles de estatales, de la no homologación de convenios colectivos.“Hay una línea nacional que el gobienro de la provincia está acompañando”, afirmó y agregó: “Un proyecto social de progreso social, requiere indefectiblemente la mejora salarial. No hay progreso social con disminución de salarios, con empobrecimiento de los trabajadores”.
Mencionó también los despidos por cierres de comercios e industrias. “A esto le van a agregar una reducción de los salarios de los trabajadores activos, porque nos van a aumentar el 3% de aporte extra (…) Aplicada la ley, la eliminación de la movilidad significará una disminución de los salarios de los trabajadores jubilados. Y, los que se jubilen con la ley nueva lo harán con un porcentaje menor, lo que será otra disminución de salario”.
Como parte del contexto dijo que la provincia está siendo ahogada por el gobierno nacional, al cual no se le demadan los recursos que le corresponden por ley, como los de Anses, Fonid, los que se recaudan a través del combustible para reparar las rutas destruidas, enumeró.
Por otra parte vaticinó una “catarata de demandas” contra la inconstitucionalidad de muchos artículos como la delegación de funciones, prohibida por el artículo 45 de la Constitución, y otras cuestiones que quedan en el aire como el cálculo del haber mínimo inicial jubilatorio.
Por último manifestó que, en el marco de la Multisectorial, se abordaron alternativas para el financiamiento de la Caja como la de grabar a sectores de altos ingresos (grandes herencias) o la eliminación de la exención de impuestos a autos eléctricos. “La única solución no puede ser el empobrecimiento de los trabajadores, activos y jubilados”, puntualizó.
Viales piden restituir jubilaciones especiales
Federico Colomino, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) interpeló a los legisladores por el artículo 19 del proyecto, que modifica el artículo 37 de la Ley 8.732, y deja fuera a los trabajadores viales de campaña de las jubilaciones especiales.
“El trabajador vial de campaña está en el camino, soporta bajas y altas temperaturas (…) tiene jornadas extensas, duerme arriba de un camión, en campamento o en casillas que no tienen condiciones habitables. Es aquel trabajador que muchas veces descarga los tubos de hormigón a mano porque no hay maquinaria, o aquel que está expuesto a vibraciones de equipos viejos, y otras condiciones de trabajo y salud deplorables por la función que cumple”, describió.
La jornada de trabajo del trabajador de campaña tiene un promedio de 9 horas diarias. “Casi dos días y medio por semana y más de 8 años comparando las jornadas laborales con la administración pública luego de 25 años de carrera, en las condiciones mencionadas», calculó.
Sostuvo que las jubilacioens especiales no son un privilegio para un determinado sector sino que se trata de una consideración por determinados tipo de tareas y que se les ha quitado el beneficio sin ningún fundamento técnico ni presupuestario. “Creo que es la oportunidad de corregir no solo esa injusticia, sino también otras injusticias que conlleva esta ley y es el momento de empezar a considerar propuestas alternativas”, concluyó.
ATE cuestionó el procedimiento y reclamó alternativas al ajuste
“Queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la forma en que se están desarrollando estas instancias”, cuestionó el representante de ATE, Esteban Olarán. “Fuimos convocados esta misma mañana, en un contexto en el que ya circulan versiones públicas que sostienen que las posibilidades de modificar el proyecto son escasas o directamente nulas. Eso termina desvirtuando el debate colectivo que esta Cámara debería garantizar”, señaló.
El dirigente criticó que el Gobierno no haya brindado información técnica que justifique la reforma. “Hasta el momento nadie ha podido responder con precisión qué va a cambiar en la Caja de Jubilaciones. No se explicó cuánto se reduciría el déficit, cuál es la proyección financiera a 10, 20 o 30 años, ni qué escenario previsional se pretende construir. Sin esos datos es muy difícil discutir seriamente una reforma de esta magnitud”, expuso.
Olarán planteó que la discusión debería orientarse a buscar fuentes alternativas de financiamiento antes que avanzar sobre el régimen previsional. Recordó que ATE ya había reclamado, tanto a la actual gestión como a la anterior, un debate sobre la estructura productiva de la provincia y propuso gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Además, advirtió que Entre Ríos ya perdió más de 9.000 puestos de trabajo entre el sector público y el privado, por lo que consideró inconveniente adoptar medidas que profundicen el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.
Finalmente, defendió la Caja de Jubilaciones como una política de Estado y reclamó que cualquier reforma preserve los derechos adquiridos. Si bien reconoció la necesidad de abordar el déficit previsional, sostuvo que el Gobierno desestimó las propuestas alternativas presentadas por los gremios y reiteró la disposición del sindicato a seguir participando de una discusión que priorice soluciones estructurales sin trasladar el costo del equilibrio fiscal a los trabajadores activos y pasivos.
UPCN defendió el diálogo y ratificó sus objeciones
Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, defendió la decisión de participar en el debate de la reforma previsional y rechazó las críticas recibidas por esa postura. Sostuvo que el gremio nunca acompañó el proyecto del Gobierno, sino que optó por intervenir en la discusión para defender los derechos de los trabajadores. “Representar a los trabajadores implica sentarse a discutir. Quienes sostuvieron que la ley no debía tocarse, en los hechos abandonaron esa discusión”, afirmó.
La dirigente remarcó que el rechazo a la reforma fue expresado desde el inicio del proceso, pero consideró que, frente a una decisión política ya tomada por el Ejecutivo, la obligación era intentar introducir cambios. En ese sentido, aseguró que el proyecto sufrió modificaciones durante el debate y sostuvo que, de haberse aprobado el texto original enviado por el Gobierno, la reforma habría sido mucho más perjudicial para los trabajadores.
Domínguez ratificó que UPCN mantiene diferencias de fondo con la iniciativa. Entre los aspectos cuestionados mencionó la declaración de la emergencia previsional, el nuevo esquema para el cálculo del haber inicial tomando los últimos 15 años de aportes, la redacción de artículos que consideró ambiguos y con potencial para generar litigiosidad, y la falta de incorporación de propuestas presentadas por el gremio, como una comisión de seguimiento y mayores mecanismos de transparencia.
Tras cuestionar el insuficiente tiempo otorgado a las organizaciones sindicales para exponer sus posiciones, la dirigente ratificó la disposición de UPCN de continuar participando de cada instancia de debate. Por último, adelantó que, en caso de aprobarse la reforma, el sindicato realizará un seguimiento de su reglamentación para defender los derechos de los estatales.
Fuente: Página Política - Página Gremial
