En las últimas horas surgió en el seno de algunos abogados defensores una teoría que los entusiasma: que la causa conocida como la de los “contratos truchos” pase a la Justicia Federal porque, el objeto de investigación, sería el financiamiento de la política. Es decir que se estaría, según la hipótesis de los letrados, ante una infracción electoral.
El primer eslabón de esa cadena – supo Página Judicial – apareció en la distribución de una planilla que surgió de los allanamientos del viernes pasado. Allí, en el papel que circuló entre algunos periodistas aparecen legisladores, de la actual y la anterior gestión, aportando montos al PJ.
El segundo eslabón sería declaraciones del diputado del PRO, Esteban Vitor, quien ha dicho a la prensa que con la Legislatura se financia la política. Dirán, entonces en el peronismo, que no son ellos sino sus contrincantes quienes aporten las testimoniales.
En eso anda un grupo de abogados.
De concretarse la estrategia, rebuscada por cierto, la causa ya no la tendría la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a quien temen. Esto no significa que en la Justicia Federal haya expectativas. Lo que sí hay es un escenario absolutamente diferente. Otros delitos. Otras penas.
El financiamiento de la política padece un vacío legal. Ese vacío benefició a Cambiemos en Paraná en la causa de “la avioneta” que terminó con Daniel “Tavi” Celis cuyo juicio se sustanciará el año que viene.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.
En la imputación no aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. No obstante han presentado abogado.
Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
