*Mg. Cr. Álvaro Gabás

Se construyó un relato fuerte en contra el Iosper, señalándolo como ineficiente y atravesado por irregularidades. Pero lo que no se dijo es que ese sistema, con todos sus problemas, tenía algo fundamental: control de los propios trabajadores, participación real y contrapesos internos. Hoy, con la OSER, ese esquema fue desmantelado. Se eliminó la representación efectiva de los afiliados y se concentró el poder en el Ejecutivo. Es decir, se reemplazó un sistema imperfecto pero controlado, por otro más ordenado en apariencia, pero mucho menos transparente en la práctica. Además, las prestaciones son considerablemente peor que antes.

La reforma previsional que impulsa Rogelio Frigerio no es, como intenta presentarse, una modernización necesaria del sistema, sino un ajuste encubierto que vuelve a recaer sobre los mismos de siempre: los trabajadores y los futuros jubilados. Detrás del discurso de la “sustentabilidad” se esconde una decisión política concreta: resolver el déficit fiscal a costa de quienes sostuvieron y sostienen el sistema previsional con sus aportes.

No hay aquí una mirada integral ni una discusión honesta sobre las causas profundas del problema, sino una salida rápida que prioriza las cuentas públicas por sobre los derechos sociales.

Se pretende instalar que no hay alternativa, que el sistema es inviable si no se aumenta la edad jubilatoria y los años de aportes. Pero esa afirmación omite deliberadamente que el déficit previsional no nació de los trabajadores, sino de decisiones políticas acumuladas, de una estructura económica que genera poco empleo formal y, fundamentalmente, de una deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia. Sin embargo, en lugar de dar esa pelea, el gobierno elige el camino más fácil: ajustar hacia abajo, recortar expectativas y prolongar la vida laboral de quienes ya han aportado durante décadas.

Lo más grave es que esta reforma avanza sobre el corazón del sistema: el haber jubilatorio. Se dice que el 82% móvil no se toca, pero al modificar la base de cálculo se vacía ese principio de contenido real. Es una maniobra clásica: se preserva el enunciado, pero se reduce el beneficio. En los hechos, los futuros jubilados van a cobrar menos, después de trabajar más años. Eso no es sustentabilidad, es un retroceso en derechos.

Además, el intento de “armonizar” con el sistema nacional implica resignar autonomía provincial y diluir un esquema previsional que históricamente reconoció particularidades laborales y derechos específicos. No es un dato menor: detrás de la técnica hay una decisión política de alineamiento que puede terminar desdibujando la identidad del sistema entrerriano y subordinándolo a lógicas externas.

El proyecto también abre la puerta a mecanismos peligrosos, como aportes extraordinarios o topes en contextos de crisis. Se habla de medidas excepcionales, pero en la Argentina lo excepcional suele transformarse en regla. Esto introduce incertidumbre, rompe la previsibilidad del sistema y pone en discusión un principio básico: que los jubilados no pueden ser la variable de ajuste.

Desde el punto de vista social, el impacto es evidente. Los sectores con regímenes diferenciales, como docentes y trabajadores de la salud, son los más afectados. No se trata de privilegios, como se intenta instalar, sino de condiciones laborales específicas que justifican un tratamiento distinto. Avanzar sobre esos derechos no solo es injusto, sino que anticipa un conflicto social profundo.

Pero quizás el aspecto más injusto de la reforma es su lógica generacional. Se cuidan los derechos adquiridos, pero se carga todo el peso del ajuste sobre quienes todavía están en actividad. Es decir, se consolida un sistema donde las nuevas generaciones deberán trabajar más, aportar más y recibir menos. Eso no es equidad, es desigualdad proyectada hacia el futuro.

En definitiva, lo que está en juego no es solo una reforma previsional, sino el sentido mismo de la seguridad social. Si se la reduce a una cuestión contable, se pierde de vista que es un pilar del contrato social, una garantía de dignidad para quienes trabajaron toda su vida. El gobierno puede mostrar números más ordenados, pero si lo hace a costa de debilitar derechos, lo que está construyendo no es sustentabilidad, sino fragilidad social.

Por eso, esta reforma no puede ser leída como un avance, sino como un retroceso. No resuelve el problema de fondo, no distribuye de manera equitativa los costos y no ofrece una visión de futuro inclusiva. Es, en esencia, un ajuste previsional con lenguaje técnico, pero con consecuencias profundamente políticas y sociales.

Fuente: Página Política