En línea con el discurso de época, que reclama esfuerzos “de todos” en el marco de la emergencia, intendentes de distinto signo político se han sumado al congelamiento de sus salarios y los de sus gabinetes. La serie de municipios marcados por el “gesto” de la dirigencia política se abrió con Gualeguaychú, continuó con Villa Elisa, Paraná y Concordia, además de la Legislatura que hizo lo propio respecto de las dietas de diputados y senadores provinciales.

Por estas horas, anunció la adhesión a la iniciativa el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. A través del Decreto Nº 26.224 el presidente municipal dispuso congelar sus haberes, como también el de los funcionarios políticos.

Se ocupó de fundar la decisión en el plan económico que plantea el gobierno nacional con la Ley Nº 27.541 de “Solidaridad Social” y “Reactivación Productiva”. A su vez, se enmarcó en la definición política “adoptada por el gobernador Gustavo Bordet en cuanto a la contención del gasto público y con el congelamiento de los salarios y dietas en la legislatura entrerriana dispuesto, en este caso, por la presidenta del senado, Laura Stratta, y el presidente de la cámara de Diputados, Ángel Giano”.

“Es necesario trabajar de manera colectiva, priorizando el bienestar de nuestra gente. Si todos nos enfocamos en progresar, en pensar en el otro y trabajamos en consecuencia, todo va a ser mucho más sencillo. No tengo dudas”, dijo Oliva en declaraciones que publica La Pirámide.

En La Paz

Por su parte, el presidente municipal de La Paz, Bruno Sarubi de Juntos para el Cambio, fundamentó el congelamiento de sueldos de funcionarios en “la emergencia económica nacional”.

“En el marco de la ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso Nacional por 180 días, he decidido congelar mi salario y el de los funcionarios municipales por el tiempo que dure la crítica situación económica/financiera del país”, expresó en redes sociales.

Dio por descontado, en su post, que la medida “también será adoptada por el Concejo Deliberante de La Paz, a los efectos de solidarizarse con la sociedad debido a la situación que atraviesa la economía del país y como gesto de austeridad del gasto político municipal”.

El decreto de Sarubi dispone el congelamiento de los haberes de los funcionarios políticos hasta el nivel de subsecretarias inclusive, hasta el 30 de junio de 2020, pudiéndose prorrogar ésta medida en el caso de que esta sea necesaria.