Por Sergio Elizar (*)

La pandemia generó un colapso en la economía en todo el mundo y en el caso de la economía argentina la situación provocada por el coronavirus se vio agravada por una crisis anterior provocada por cuatro años de políticas neoliberales.

El movimiento obrero argentino está atravesado por una gravísima situación que se traduce en los miles de trabajadores precarizados, millones de desempleados, pobreza extrema y creciente indigencia. Por estas razones, en abril de este año, desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) propusimos un aporte extraordinario por parte de las personas que poseen las mayores fortunas en nuestro país, con el fin de dotar al Estado de recursos para afrontar la crisis. Esta iniciativa fue incorporada a la agenda legislativa del Frente de Todos, y luego de meses de debate creo que es impostergable la sanción del aporte extraordinario de las grandes fortunas, como parte de un plan integral de salida a la crisis que tenga el ojo puesto en las mayorías sociales.

Incluso desde el Concejo Deliberante de Paraná impulsamos un proyecto de adhesión a esta iniciativa que fue aprobada por todo el arco político, con el convencimiento de que la emergencia requiere del fortalecimiento de las posibilidades de la acción estatal en todos los niveles, desarrollando instrumentos de política pública y dotando al Estado de mayores recursos económicos.

El coronavirus revolucionó por completo el rol del Estado porque demostró con certeza que la consolidación de ese rol es clave para combatir las desigualdades. Pero es cierto que nada es suficiente en un escenario de esta naturaleza y que las restricciones presupuestarias constituyen un limitante objetivo en la asistencia a los sectores más vulnerables.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner priorizó cuidar la vida de las argentinas y los argentinos frente a las presiones de algunos grupos concentrados de la economía; y sostuvo esta postura con la implementación de políticas públicas tendientes a garantizar los intereses y la salud de los sectores populares.

Pero en un contexto extraordinario, ante una situación inédita en el mundo moderno, con miles de puestos de trabajo en riesgo y con las dificultades que día a día enfrentan los millones de compatriotas que se encuentran en situación de informalidad y sin un ingreso fijo, la fuente de financiamiento debe provenir de medidas extraordinarias; por eso resulta imperioso que los sectores de mayores riquezas realicen un aporte de emergencia.

Esta propuesta nace desde la certeza de que la pandemia no solo está generando una crisis que se cuenta en el número de víctimas, sino que ha provocado un golpe económico que obliga a los Estados a destinar una gran cantidad de recursos para el operativo de salud y para asistir a quienes no puedan realizar sus trabajos.

Debe quedar claro que no se trata de meterle la mano en el bolsillo a la clase media ni a los pequeños y medianos empresarios, sino que se exige un esfuerzo por única vez a los que más tienen. Para decirlo más claramente, es un aporte que pagarán menos de 10 mil personas que tienen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos en valor fiscal (en términos reales es casi el doble), y lo que se les pide es una contribución de entre el 2 por ciento y el 3,5 por ciento del total de bienes personales declarados en el país, y hasta el 5,25 por ciento respecto de los bienes en el exterior.

Recaudar más de los sectores con mayor capacidad contributiva tiene un rol redistributivo porque todos esos recursos vuelven en políticas públicas. Cuál es sino ese el rol esencial del Estado.

Soy consciente de que el aporte de las grandes fortunas no va a resolver todos los problemas, pero representará un paliativo importante para que el Estado cuente con los recursos que le permitan reactivar la economía en la etapa de post-pandemia.

Nuestro país se debe un debate amplio para modificar la estructura tributaria regresiva; se recauda más cuando hay expansión y se recauda menos cuando hay retracción, sobre todo cuando cae el consumo; y en tiempos de pandemia, con una economía golpeada como nunca antes y con mucha necesidad de recaudación interna para sostener un sistema de salud sólido, el desafío hacia adelante debe ser la discusión de un sistema impositivo que tienda a la equidad tributaria y a la equidad económica.

A largo plazo la Argentina debe modificar la forma en que recauda sus impuestos.

Este contexto exige que fortalezcamos esos debates que históricamente venimos impulsando desde la CTA sobre una necesaria reforma tributaria y la redistribución de la riqueza. Hoy, más que nunca, debemos discutir cómo se distribuye la riqueza y este aporte extraordinario de las grandes fortunas debe ser el punto de partida para ello.

Es tiempo de poner en agenda la necesaria y postergada reforma tributaria que le dé una mayor relevancia recaudatoria al conjunto de impuestos a la riqueza, además del urgente debate sobre un tributo a las grandes fortunas. Es ahora, más que nunca.

(*) Presidente del bloque de concejales de Paraná del Frente Creer Entre Ríos. Secretario General de CTA Entre Ríos. Ex secretario general de Agmer.