La constitución del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes quedó en stand by. El último encuentro que hubo para avanzar fue en noviembre y se dio entre los organismos de derechos humanos y la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Ese ámbito, que se pretende crear, fue una iniciativa de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos y tiene como objetivo hacer seguimiento sobre el funcionamiento del sistema carcelario, comisarías, el accionar de la Policía y hasta psiquiátricos. En Entre Ríos el pasado reciente es dramático. Seis muertos en la cárcel de Victoria en 2018 y una huelga de hambre en la Unidad Penal en Paraná en diciembre tras el incendio de un pabellón. En la cárcel de mujeres también se realizó una huelga de hambre el mes pasado.
La conformación del Comité llegó a la instancia en que se presentaron los candidatos para integrarlo con la participación de las universidades y la sociedad civil. La nómina de postulantes comprende a Lucía Tejera, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Gretel Ana Schneider, por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Elías González Berdesegar, por Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú; José Enrique Morales, por Asociación Pensamiento Penal; Emiliano Tomé Piérola, por Asociación Civil Hijos; José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Javier Boeykens, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y Jorge Cura y Sebastián Etchevehere, del Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos.
Cuando parecía ir todo sobre rieles apareció el inconveniente económico. El diputado provincial del PJ, Juan Navarro, presentó un proyecto de ley para que los 7 integrantes del Comité sean ad honorem. El primer punto del texto (expediente 23.657) que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados expresa que el desempeño de los integrantes “será una carga pública honoraria”, no así el secretario ejecutivo del organismo, que tendrá una remuneración equivalente a la categoría 5 del escalafón legislativo.
El otro argumento que se esgrime, ya en los fundamentos, es que la provincia se había adherido a la ley de responsabilidad fiscal, lo que impedía la contratación de personal en el Estado. Argumento idéntico se aplicó ante el llamamiento de concursos en el Tribunal de Cuentas. Con la asunción de Alberto Fernández, el Congreso derogó esa ley y estructura fiscal, lo que hace abstracto la iniciativa de Navarro.
El Presidente puso de relieve un debate interesante en el que dos conceptos aparecen entrelazados: emergencia y solidaridad. El congelamiento de salarios viene a dar una respuesta simbólica ante un reclamo social, pero puede ser el puntapié para reformular la administración de los recursos. ¿Quizás sea el momento de reveer qué necesita el Estado y que ya no? ¿Qué organismos en la actualidad provincial pueden ser reconfigurados y cuáles se deberían crear? No se trata sólo de recortar, sino también redireccionar recursos en una coyuntura compleja y de escasez.
