La reforma política y la reforma administrativa fueron las figuras centrales en el discurso del gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sesiones de la Legislatura. Para la justicia, en cambio, no hubo anuncios grandilocuentes.
“El servicio que brinda el Poder Judicial es básico e insustituible para quienes tienen un conflicto y toda herramienta que podamos aportar desde los otros poderes del Estado, sin intervenir, va en beneficio de quienes demandan por sus derechos”, resaltó el mandatario.
Fiel a su estilo, Bordet apeló a la mesura y la búsqueda de consensos. Con ese tono planteó que impulsará la conformación de una comisión con representación de los tres poderes para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, sancionada en 1982. El anuncio reproduce uno que hiciera el año pasado y que no se concretó. Esta vez dijo que el objetivo sería sancionar una ley “acorde al siglo XXI” que permita “actualizar la estructura judicial y sus competencias luego de las reformas procesales ya ocurridas y las que se están produciendo”.
Entre las primeras, destacó la oralidad en los procesos civiles y de familia.
También anunció el envío de un proyecto para instrumentar el juicio por jurado en la provincia, como un instrumento para “afianzar la justicia”. En ese sentido, sostuvo que “la participación ciudadana no debe estar ausente en uno de los poderes pilares del Estado” y resaltó que “por primera vez un ciudadano común tendría participación en las estructuras del Estado, y no estamos hablando de ciencia ficción”. Una vez más apeló a la construcción de consensos en la Legislatura “para que Entre Ríos pueda tener la inclusión popular en el sistema judicial”.
El mandatario también anunció que impulsará una reforma integral del Patronato de Liberados, un organismo que viene seriamente cuestionado por la falta de control sobre aquellas personas que se encuentran bajo regímenes de libertad condicional.
Bordet planteó la necesidad de “emprender un proceso de cambio y modernización” del organismo para “dotarlo de mayor eficiencia en el cumplimiento del fin de procurar la reinserción de los tutelados en conflicto con la ley penal”. Si bien no abundó en detalles, dijo que el proyecto que enviará a la Legislatura “propone articular una política de Estado moderna y participativa que amplíe los horizontes de la estructura original del Patronato de Liberados”, para lo cual se crearía una mesa interdisciplinaria “con participación de representantes de distintos sectores del Estado, donde cada uno aportará recursos de sus áreas y competencias para lograr más acabadamente los objetivos de esta institución”. Dijo, además, que la designación del director general se realizará por concurso.
“Esta provincia no admite más que haya otro caso como el de Micaela García, y ese es un compromiso que asumí con su familia y con todas las familias entrerrianas”, resaltó el mandatario provincial.
Por último, insistió en el pedido a la Legislatura para que se apruebe la ley provincial de narcomenudeo, para que se pueda aplicar de manera “gradual y progresiva” este año.
