La Dirección Provincial de Vialidad supo estar en el centro de la polémica ante el reclamo de sectores agrarios por la situación de los caminos rurales. Durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, en la provincia Cambiemos impulsó una ley marco para los consorcios camineros. Su autor, el diputado del PRO, Esteban Vitor, presentó un proyecto para crear una normativa para los consorcios camineros que – según el autor – son asociaciones sin fines de lucro constituidas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente para conservar o mejorar los caminos de la red vecinal o rural. Atilio Benedetti, como candidato a gobernador apoyó esa idea que venía de Nación.
En el proyecto, que consta de quince artículos, establece que estos consorcios dispongan o administren fondos o bienes públicos, y los mismos estarán sometidos al control externo del Tribunal de Cuentas de la provincia. Mientras que Vialidad se queda sólo con el control técnico del correcto uso de las maquinarias como de la ejecución de las obras viales y la emisión final del certificado de obra. La iniciativa, que venía con el visto bueno de Mauricio Macri, fue rechaza por el sindicato de los trabajadores del organismo, Soever.
La diputada Sara Foletto, enrolada en el mismo bloque que Vitor pero con identidad radical, acaba de presentar un proyecto de ley por el cual establece la modificación de las leyes 2.936, 4.220, 6.771, 8.619 y 10.096, que corresponden a la estructura organizativa, a la conducción y organización de Vialidad.
La legisladora radical propone que exista una conducción colegiada, con un Presidente, un Vicepresidente y tres vocales. El texto prevé que el titular y su segundo si o si deberán tener título de ingeniero o afín a la materia. En igual sentido, el Presidente deberá tener acuerdo del Senado.
En otro orden de cosas, en la nueva orgánica que se propone, Foletto prevé que uno de los vocales que integrará la conducción de Vialidad sea en representación de las cuatro organizaciones ruralistas que hoy existen en la provincia y que están vinculadas de manera directa a la producción, que tanto afecta el mal estado de los caminos.
En igual sentido, el gremio deberá proponer al Poder Ejecutivo una terna de tres nombres para que integren con voz y voto, al igual que los productores, la conducción de la DPV.
En el proyecto se continúa con la vigencia de las zonales, y se habilita al directorio la posibilidad de crear nuevas conforme lo determine la densidad poblacional de cada departamento y su traza vial así lo requiera.
En el mismo sentido, la radical pretende que se cree comisiones viales que funcionarían en el ámbito de cada zonal. Esto es que habrá una comisión vial en el ámbito de cada zonal que exista en cada departamento. Cada comisión participará, opinará y asesorará en todo lo atinente a la red vial en el ámbito de influencia de la zonal; de igual manera podrá elevar propuestas e inquietudes que podrán ser transmitidas a la DPV central.
Cada comisión estará integrada, además del responsable de la zonal, por los legisladores del departamento que abarque dicha zonal, un representante de las entidades productivas que integran el Directorio; los presidentes de Juntas de Gobierno y de comunas y los intendentes que comprenda la zonal. Estas comisiones viales no percibirán ningún tipo de sueldo ni emolumento.
Foletto sostiene que si bien uno de los problemas estructurales que han afectado desde hace largo tiempo el sostenimiento de la red vial en la provincia, es su proceso de desinversión; otro de los problemas es su forma de conducción, donde no han sido incorporados los distintos actores que se ven afectados por una mala trama vial en la provincia, como si se pretende hacer mediante el proyecto de ley.
