Ante el debate en el Congreso de la Nación de los cambios a la Ley de Salud Mental, impulsados por el gobierno de Javier Milei a través de una iniciativa que tuvo ingreso en el Senado, tuvo repercusiones en Entre Ríos en el ámbito de los profesionales y trabajadores del campo.
Por un lado, hubo un posicionamiento de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Los equipos de la carrera de posgrado integran la Red Federal Universitaria en Salud Mental Comunitaria desde la que se hizo una presentación formal ante la Comisión de Salud del Senado ante el debate planteado.
La red advirtió que la discusión de los legisladores “se desarrolla sin datos ni instancias de participación” por lo que se propuso “retomar el funcionamiento de los ámbitos federales ya existentes, como el Consejo Federal de Salud Mental y los órganos de revisión previstos en la ley vigente” como el que funciona en Entre Ríos y expresó su preocupación respecto del tema.
En el documento presentado ante el Senado, la red denuncia “los graves retrocesos en materia de derechos humanos que implica este proyecto” y se señaló que “no se trata de ajustes técnicos, sino de un embate directo contra el acceso a la atención pública en salud mental, a las condiciones dignas de internación, la participación efectiva de usuarias y usuarios, y el enfoque interdisciplinario construido a lo largo de años”.
Se aseguró que la iniciativa “amenaza con desmantelar años de conquistas legales y prácticas sostenidas al amparo” de la ley vigente. “Bajo un discurso técnico, la decisión política es establecer una barrera territorial que restringe el acceso al derecho a la salud mental y excluir las voces de usuarias y usuarios”, se aseguró.
Crisis
La Red Federal difundió los resultados de una encuesta vinculada a “la Situación de Abordaje de la Salud Mental” que recabó la opinión de “profesionales de equipos de salud mental en todo el país”, un total de 435 personas de 22 provincias.
De ese relevamiento surge “un cuadro alarmante”. “El 89% de los entrevistados señaló que la situación social de las personas usuarias empeoró; el 87% reportó un aumento de la demanda cotidiana en los servicios; el 84% denunció deterioro salarial; el 51% informó despedidos de profesionales, principalmente en el sector público nacional”, se relevó.
“Estos datos no son cifras abstractas: son la voz de quienes sostienen con su cuerpo y su salud mental la red de cuidados que la reforma pretende reorganizar sin haberlos consultado”, sostiene el Comunicado que advierte sobre la falta de actualización de información epidemiológica oficial.
Sobre la reforma de la ley, se destacan como puntos “cuestionables”, el carácter inconsulto del proceso, “la restitución de una lógica hospitalocéntrica y médico-hegemónica, y el desconocimiento de la arquitectura de cuidados comunitarios construida en los últimos años”.
En alerta
Por su parte, expresaron su preocupación por el proyecto desde la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental en Entre Ríos, junto con el equipo técnico y tres integrantes de su Plenario.
Por nota a la titular de la Comisión de Salud del Senado, Ivanna Marcela Arrascaeta, se expresó el “firme respaldo al marco normativo vigente en materia de salud mental”. “Entendemos que el contexto actual evidencia una grave crisis en el sistema de salud mental, caracterizada por la insuficiencia de recursos, la falta de dispositivos comunitarios adecuados y las dificultades para garantizar el acceso efectivo a prestaciones integrales, interdisciplinarias y respetuosas de los derechos humanos”, se afirmó.
“En este escenario, consideramos que la prioridad no debe centrarse en la modificación de la legislación vigente, sino en la asignación de recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan su plena y efectiva implementación”, sostuvieron.
Se adhirió además a los pronunciamientos que recientemente hicieran las autoridades de salud mental de 18 provincias y los órganos de revisión en resguardo de políticas públicas de salud mental sustentadas en los derechos humanos, la inclusión social y los abordajes interdisciplinarios con base comunitaria.
La nota lleva la firma del secretario Ejecutivo del Orsmer, Martín Cabrera; el Equipo Técnico Interdisciplinario del organismo, integrado por Luisina Franco Mangioni, Gervasio Anzola, Julia Russo, Cynthia Protzman y Javier Schubert; y los integrantes del plenario en representación del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; Aufasam, Brenda Fael y Norberto Gonzalez, y la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo – Lourdes Paraná Limitada, Federico Manavella y Candela Volpe Ríos.
Fuente: Página Política
