Por Manuel Troncoso (*)
Lejos de ser una simplificación ingenua, la adopción de una única cámara legislativa podría representar un avance significativo en términos de eficiencia, transparencia e, incluso, de una mejor representación de la voluntad popular para Entre Ríos ¿No es acaso hora de cuestionar las inercias organizacionales que, porque hace mucho son así, nos alejan de una mejora institucional considerable?
El argumento central a favor del unicameralismo radica en la optimización del proceso legislativo. La existencia de dos cámaras conduce lógicamente a una duplicación de esfuerzos, de revisiones y a la necesidad de múltiples instancias de conciliación ¿Podemos permitirnos seguir tolerando esta lentitud burocrática en un mundo que demanda respuestas políticas ágiles y efectivas? Una única cámara, al eliminar estos pasos redundantes, podría agilizar la tramitación de leyes, permitiendo una respuesta más rápida y directa a las necesidades de la ciudadanía.
En cuanto a los costos operativos del Estado, la reducción que implicaría un sistema unicameral es innegable. Menos legisladores, menos estructuras administrativas, significan una menor carga para el erario público. En un contexto donde la eficiencia en el manejo de los recursos es una demanda constante, y es aún más amplificada por el contexto acuciante actual, ¿no resulta natural explorar un modelo que permita optimizar el gasto destinado al funcionamiento del Poder Legislativo, sin que ello implique necesariamente una merma en la calidad de la representación?
La transparencia y la rendición de cuentas también podrían verse fortalecidas con un sistema unicameral. Al concentrarse la labor legislativa en un único órgano, el seguimiento por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación se simplifica considerablemente. ¿No es más fácil para el ciudadano controlar y evaluar el desempeño de sus representantes cuando la responsabilidad se concentra en una sola cámara, en lugar de diluirse entre dos cuerpos deliberativos? La identificación de responsables en caso de ineficiencia o malas decisiones se vuelve mucho más directa, y por tanto deseable.
La simplicidad institucional que ofrece el unicameralismo no es un aspecto menor. Un solo órgano deliberativo provincial es inherentemente más sencillo de comprender y de gestionar desde el punto de vista organizativo y jurídico. Se evitan así las potenciales fricciones y los conflictos de competencia que pueden surgir entre cámaras.
Finalmente, si bien se argumenta que el bicameralismo garantiza una mejor representación de los intereses territoriales, ¿es esta realmente la función primordial de una segunda cámara en el contexto actual? La experiencia de provincias como Córdoba, que adoptó deliberadamente un sistema unicameral en 2001, sugiere que este modelo puede coexistir perfectamente con una representación territorial adecuada, combinando legisladores departamentales con representación proporcional. Los resultados en términos de eficiencia legislativa y reducción de costos son datos concretos que invitan a la reflexión.
En suma, la adopción de un sistema legislativo unicameral no debe ser vista como una renuncia a la representación o a la deliberación, sino como una oportunidad para construir un sistema más ágil, austero y moderno. Experiencias como la cordobesa, o incluso la entrerriana con la reforma de Racedo de 1883, demuestran que podemos y nos debemos un sistema político institucional más simple, que facilite la gestión de lo público para llevarle soluciones a nuestro pueblo entrerriano.
(*) Ministro de Gobierno de Entre Ríos.
Fuente: Página Política
