El proceso de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio dejó en claro que la estrategia ha sido plantear un debate a partir de un objetivo de máxima que deje un margen para la negociación.

El mejor ejemplo, en este sentido, es el de la base de cálculo para el haber inicial de un jubilado, que en los “Vectores” con los que el oficialismo inició el debate en marzo se elevaba a 30 años (la legislación vigente establece 10) y, en el proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó al Senado en mayo, se redujo a 20 años.

La reforma que en este punto busca “evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación”, terminaría siendo menos severa. Es vox pópuli que en el dictamen que emitan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado, se reducirá a 15 años.

Al inicio del debate, el Ejecutivo entendía que, para lograr “un esquema más equitativo y representativo de toda la trayectoria laboral”, era necesario tomar los 30 años de aportes, lo que suponía triplicar los años que prevé la legislación vigente. Luego bajó ese plazo a 20 años y, finalmente, podría aceptar que con elevarlo solo cinco años más alcanzaría.

En cualquier caso, las reformas que estaría dispuesto a aceptar el oficialismo no serían de fondo. Todo parece indicar que hay voluntad de contemplar sugerencias de forma y establecer gradualidades en el ajuste planteado.

Eso se verá en el texto del dictamen de comisión que vería la luz en julio, luego de que concluya esta semana la ronda de audiencias fijadas para el martes 23 y el miércoles 24 de junio.

En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno se esperan las exposiciones del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; la Liga de Intendentes del PJ; el Foro de Intendentes de Juntos; los jefes comunales del vecinalismo; el expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón; el extitular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías; y el exsenador provincial del radicalismo Raymundo Kisser, invitado —curiosamente— por el bloque del PJ.

 

Cambios posibles

Además de la reducción de los años para el cálculo del haber inicial —que, en principio, quedaría en 15 años, aunque algunos hablan de la posibilidad de que sea aún menor—, también se modificarían los siguientes puntos:

 

Sin paridad

El proyecto eleva la edad jubilatoria de manera gradual hasta igualarla con el régimen nacional, lo que supone pasar de 62 a 65 años para los hombres. Pero la iniciativa va más allá y adopta la paridad de género: también las mujeres se jubilarían a los 65 años (hoy lo hacen a los 57). Es decir, los hombres deberían trabajar tres años más, pero las mujeres estarían obligadas a hacerlo ocho años más que ahora.

Pero parece que esto no va a pasar. El dictamen del oficialismo tomaría en cuenta las objeciones planteadas por distintos expositores en las comisiones, en el sentido de que la paridad de género no sería aplicable en materia previsional, dado que no tomaría en cuenta las tareas de cuidado no remuneradas que, mayoritariamente, están a cargo de las mujeres.

En definitiva, las mujeres se seguirían jubilando más jóvenes que los hombres. Restaría definir a qué edad. Con la reforma, los varones que actualmente trabajan en el Estado se retirarían a los 65 años y los que ingresen a partir de la vigencia de la ley, a los 68.

 

Regímenes especiales

El proyecto del Ejecutivo no elimina beneficios ni jubilaciones anticipadas, tal como se definió en el intercambio con dirigentes gremiales. En cambio, establece que, una vez alcanzada la edad prevista por el régimen especial correspondiente, el trabajador podrá optar entre continuar en actividad o acceder al beneficio jubilatorio anticipado.

En cualquiera de los casos, deberá continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732. Aquí no hay cambio: eso es lo que dispone la ley vigente, pero no se cumple. Y el principal gremio docente, AGMER, pide que no se toque la 8.732. Lo que plantea la reforma es que se cumpla lo que dice la ley que defiende AGMER.

Los docentes se jubilan a los 52 años las mujeres y a los 54 los varones, con 25 años frente a alumnos. Se van a poder seguir jubilando once años antes que los jubilados del escalafón general, pero deberán continuar aportando hasta los 65 años los varones y hasta la edad de jubilación ordinaria que finalmente se fije para las mujeres.

Lo que se está estudiando en comisión es que ese aporte se vaya reduciendo de manera gradual hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria. Por caso, una docente de 52 años recién jubilada aportaría el 19 %, como si estuviera en actividad. Pero, con el paso de los años, ese porcentaje de aporte se iría reduciendo hasta llegar a los 60, 62 o 63 años, según cuál termine siendo la edad jubilatoria ordinaria para las mujeres.

 

Movilidad

La actualización de las jubilaciones ya no se aplicará por “espejo” con las mejoras que consiga el activo en sus paritarias especiales, correspondientes a cada uno de los 84 escalafones distintos del general.

El proyecto del Ejecutivo establece que los jubilados actuales y futuros mantendrán una actualización vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores de la administración pública provincial, es decir, del escalafón general.

En comisión se evalúa la manera de dar respuesta al pedido de sectores que no quieren que la evolución de su haber jubilatorio dependa solo de los acuerdos paritarios que firme UPCN como gremio mayoritario. Se podría establecer una fórmula que promedie la paritaria del escalafón general con la que cierre AGMER o la de los municipales.

 

Emergencia

La semana pasada, el titular de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, fue muy contundente al advertir ante las comisiones del Senado que el capítulo de la emergencia “contamina la reforma previsional” y podría dar lugar a planteos de inconstitucionalidad.

A juicio del letrado, que la emergencia sea “parcial” la hace “inconsistente en términos constitucionales y jurisprudenciales”.

“Lo peor es hacer algo que no dure nada”, dijo Cánepa. Y los senadores del oficialismo tomaron nota y trasladaron cada una de las objeciones técnicas al área legal del Poder Ejecutivo.

Con la emergencia, el Gobierno busca poder subir los aportes a los sectores de mayores ingresos, como el EPRE, la cúpula del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Legislatura, el Instituto del Seguro.

Pero, ante la advertencia de Cánepa, los legisladores del oficialismo no quieren sancionar una norma frágil que se caiga ante el primer planteo judicial.

 

Municipios

Hay voluntad en el Senado de contemplar la situación de cada municipio. Se parte de la base de que la realidad de cada ciudad es distinta.

Para que el sistema sea sustentable, la relación entre activos y pasivos debería ser, al menos, de 3 a 1. Hoy es de 1,8 activos por cada pasivo. Eso explica el déficit general de la Caja. Pero no todos los sectores son responsables, en la misma medida, de ese déficit.

Algunas municipalidades tienen muy pocos activos aportando en relación con las jubilaciones que paga la Caja y, según el proyecto, deberían cubrir ese déficit. Un embargo de la coparticipación para cubrir ese déficit resultaría, en este contexto, un golpe en la línea de flotación de algunas gestiones municipales.

Otros municipios tienen caja previsional propia, pero al mismo tiempo poseen jubilados de la provincia que aportaron antes de que se conformara la caja municipal. Como tienen caja propia, esos municipios no aportan actualmente a la Caja de Jubilaciones de la provincia, pero con el proyecto deberían empezar a hacerse cargo de los jubilados que hoy están en la Caja provincial.

Se esperan modificaciones que morigeren el impacto en las administraciones municipales.

Fuente: Página Política