Aun con dificultades, en tiempos de motosierra, el Estado provincial y los municipios continúan desarrollando obra pública indispensable para el patrimonio público, para el desarrollo urbano, económico, social.
Una de las herramientas con la que cuenta el Estado es la Ley de Expropiaciones (Nº 6.467 de la provincia que se enmarca en el régimen nacional previsto por la Ley Nº 21.499). Estas condiciones, claves para el funcionamiento del Estado en todos sus niveles, se verían fuertemente limitadas por el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se denomina “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El texto se debate en el Senado de la Nación y se impulsa su aprobación para la sesión del 6 de agosto, fecha para la que ha sido convocada una marcha nacional en contra del proyecto.
Un capítulo central de la iniciativa pone en jaque las atribuciones del Estado para determinar qué propiedades son “de utilidad pública” y pasibles de ser expropiadas para, por ejemplo, definir la traza de una ruta, el paso de un conducto de agua, el tendido de la infraestructura para prestar un servicio a la población, entre innumerables posibilidades que suponen la puesta en marcha de políticas públicas de distinto tipo.
Esta posibilidad se pone en jaque con la Ley impulsada por la gestión libertaria porque se imponen severas condiciones al Estado al momento de fundamentar la expropiación: se debe probar que la vía es la única posibilidad existente. Se exigen criterios de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad” para regir la relación del Estado con el propietario del bien de interés público.
Esta alternativa se dificulta, también porque –si pudiera fundamentarse que, efectivamente, la declaración de utilidad pública es la única salida– se impone al Estado pagar el bien según el Índice de Precios al Consumidor (la ley vigente contempla el avalúo fiscal como piso) además de abonar por el “lucro cesante”. Se exige, por otro lado, el pago íntegro de la indemnización al propietario previo a la toma de posesión por parte del Estado.
Seis proyectos
La declaración de bienes como “de utilidad pública” es una medida constante, cotidiana, para el Estado a nivel provincial y municipal, a fin del desarrollo de una amplia gama de políticas públicas.
Es así que, por ejemplo, el Senado de la provincia trató hace poco más de un mes, el 27 de mayo, seis expedientes que se enmarcan en esta medida que no mereció mayor debate entre las distintas fuerzas políticas, ni en comisión ni en sesión de la Cámara alta.
Son los expedientes 28.985; 28986, 28.987, 28.988, 28.997 y 28.998, todas iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo. Se trata de las declaraciones de “utilidad pública” de propiedades para el desarrollo de obras fundamentales para distintas localidades entrerrianas, que se aprobaron con tratamiento preferencial y sobre tablas.
Las obras proyectadas son las siguientes:
- Acceso a Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola Paraná. Se trata de permitir el desarrollo de una organización fundada en 2004, integrada por 20 socios que asisten a más de 85 productores apícolas. Se cuenta con 20 mil colmenas en producción con una variedad de mieles que tienen por destino, fundamentalmente, la exportación. (Expediente 28.985).
- Acceso a Sala de Extracción de la Cooperativa Apícola Gualeguaychú. La organización de 35 socios, de Larroque, Urdinarrain y Gualeguaychú, está dedicada a la producción y comercialización de miel. Fue fundada en 2000, manejan 16 mil colmenas, generando aproximadamente mil tambores anuales. (Expediente 28.986)
- Tres rutas provinciales. Se aprobó también la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de “los inmuebles necesarios para la ejecución de las siguientes obras” necesarias para la población de Feliciano: 1) Rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. N° 1 (tramo: Ruta N° 12 – San José de Feliciano Dpto. La Paz – Feliciano); 2) Rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. N° 2 (tramo: San José de Feliciano – R.N. N° 14. Dpto. Feliciano – Federación); y 3) Rehabilitación y reconstrucción de calzada desvío de tránsito pesado San José de Feliciano (tramo: Calle Belgrano – R.P. N° 2. Dpto. Feliciano). (Expediente 28.987).
- Obras para Nogoyá. El Senado dio luz verde al trámite de expropiación de “los inmuebles necesarios” para ejecutar la Circunvalación a la ciudad de Nogoyá. El senador de la localidad, Rafael Cavagna, tomó la palabra en el recinto para defender la medida: “Nosotros desde el gobierno somos conscientes de todo lo que motoriza la obra pública, por eso quiero celebrar estas instancias para poder proseguir y conquistar estas obras tan importantes para la provincia”. (Expediente 28.988).
- Un puente. El cuerpo aprobó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se declaran “de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados” en el desarrollo del “Puente Arroyo del Sauce”. En marzo del corriente año, en acto oficial, se destacó el valor de la obra de 80 metros, sobre la ruta Nº 43, camino neurálgico que vincula con la ruta nacional 12 y, a través de la ruta Nº 26, con la ciudad de Victoria que facilita el acceso a Rosario. (Expediente 28.997).
- También quedó sancionado el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra “Sistematización de Canal Mihura. Departamento Gualeguay”. Se trata de una obra hídrica para prevenir inundaciones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutada a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias provincial. (Expediente 28.998).
El “topo” que prometió ser el Presidente, para “destruir el Estado por dentro”, se traduce, en este caso en particular, en una severa complicación para la gestión pública del Estado. Mientras el Estado exista, sigue siendo responsable de dar respuestas a la población y facilitar el crecimiento económico, el desarrollo urbano y la planificación del espacio público.
Fuente: Página Política
