La Justicia inició una investigación que pone al ex gobernador Sergio Urribarri en el ojo de la tormenta. El caso remite a la organización de lo que fue la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014 y que contó con la presencia de buena parte de los presidentes del continente.
La semana pasada –según supo Página Judicial- el fiscal Santiago Brugo dispuso un allanamiento en la Cámara de Diputados, que presiden Urribarri, y secuestró la rendición final de los gastos de la Cumbre.
La causa se inició a raíz de que información periodística revelara datos llamativos en el marco de la contratación de servicios.
Para que se pudiera llevar adelante en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos.
Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la Ley 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. Al ese ente – que lo integró funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras –lo compuso también Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A y uno de los principales contratistas del Estado.
En su presentación ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo en manos de Urribarri reconoció pagos por 84,5 millones de pesos con motivo de la Cumbre de Mercosur. Así consta en las planillas que envió en marzo pasado a la Cámara de Diputados. La UOCM informó haber emitido 251 órdenes de pago, según publicó oportunamente el sitio Acceso Libre. Org, que edita el periodista Oscar Londero.
Otro dato que salió a la luz fue la contratación por 30 millones de pesos a la empresa de publicidad Nelly Entertainment SA, propiedad de Facundo de Vido, hijo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. La firma negó haber tenido una participación en lo que fue la Cumbre. Esa contratación no salió por resolución de la UOCM, sino por un decreto de la Gobernación con la firma, obviamente de Urribarri, y el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
Fuentes judiciales contaron a Página Judicial que la documentación recabada es importante y el mismo expediente podría dar lugar otras causas. Brugo, el fiscal que inició esta pesquisa, es el mismo que lleva adelante la investigación sobre el patrimonio de la familia Urribarri, luego de que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet impulsaran una denuncia.
