La ciudad de Victoria es epicentro por esos días de la demanda feminista por una justicia con perspectiva de género. Es que por primera vez tramita en la ciudad el primer Juicio por Jurados para resolver si se condena o no al feminicida de Noelia Soledad Almada, crimen que conmocionó a la ciudad en marzo de 2021.

Este lunes, mientras se procedía a la nominación de los 12 integrantes del jurado popular que intervendrá en el caso, alrededor de 15 organizaciones marcaron el inicio de la Vigilia Feminista para reclamar justicia y visibilizar los ejes centrales de la agenda de género en Victoria y la provincia.

El que se inicia ahora en Victoria es el sexto Juicio por Jurados que tiene que resolver un feminicidio. Se llevará a cabo entre este lunes y el viernes, lapso en que el jurado escuchará a la partes y resolverá si Claudio Paeras es culpable o inocente del feminicidio de “la Sole” como se escucha nombrar a la víctima entre quienes sostienen la manifestación pública en reclamo de una condena a perpetua por los delitos de “Femicidio, Tentativa de Abuso Sexual y Amenazas”.

Soedad fue asesinada a los 32 años de 13 puñaladas. Había presentado varias denuncias contra su feminicida y regía una orden de restricción que, está visto, no sirvió. El caso fue uno de los tantos en que el victimario, a los fines de “embarrar” el proceso de protección de la víctima, formuló denuncias contra la mujer para desacreditar su testimonio.

El debate estará dirigido por el juez Dardo Tortul, de Gualeguay, en tanto en representación del Ministerio Público Fiscal participará Eduardo Guaita, y por la querella las abogadas Vanesa Selenscig, Juliana Zanuttini y Emma Clementi.

Mientras el proceso se sustancia, la Plaza San Martín será escenario de manifestaciones, intervenciones artísticas, charlas, talleres educativos y culturales, ollas populares y la iglesia se ha sumado a las actividades con campanadas y con una misa por el alma de Soledad que se ha convertido en una más de las actividades plasmadas por el colectivo de organizaciones que se ha dado en llamar Movimiento de Mujeres, Diversidades y Feminismos de Victoria.

 

Querella feminista

Ana Fiol, una de las coordinadoras de la acción que se plasma en Victoria, describió esta lunes la apertura de la vigilia. “En este momento, en el Concejo Deliberante, se procede a la selección de los jurados. Nosotres ya estamos en la plaza con esta Querella Feminista, esta plaza pública que vamos a sostener toda la semana, haciendo docencia, interpelando a nuestros vecinos y vecinas, para que se acerquen a discutir, a conversar, a pensar cómo es posible alcanzar una justicia feminista, con perspectiva de género”, invitó a la ciudadanía.

“Pedimos cadena perpetua para el acusado pero además necesitamos que haya atención por parte de las instituciones, la policía, la Municipalidad. Hay un aumento tremendo de las violaciones y abusos en Victoria. Los cimientos de la querella van por una salud sexual integral física y psicológica de niñas, niños y jóvenes de Victoria”, enfatizó.

“Vamos a estar en la plaza, vamos a tener clases públicas, con los docentes, con las escuelas de la ciudad. Vamos a tener una misa que va a dar el cura párroco. Así como los feminismos y las iglesias hemos tenido desacuerdos en esta causa no. Estamos unidos, unidas, unides. Llamamos a la ciudadanía a una reflexión colectiva porque estos son temas de la sociedad, más allá de las responsabilidades que reclamamos al Estado”, explicitó Fiol el marco de alianzas plasmado en esta vigilia.

 

Juicio secreto

Criticaron las manifestantes que para este juicio no se permita su divulgación ni el ingreso de medios de comunicación a la sala en la que se lleva a cabo el proceso. “Es muy paradójico que sea así”, se quejó Fiol. “Este es un juicio popular lo que significa que nuestras vecinas y vecinos están siendo protagonistas en este momento. Sin embargo, no se puede seguir el caso”, añadió.

Consideró que “el argumento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para resolverlo de eset modo es tramposo”. Se buscaría “proteger la integridad, nosotres decimos proteger el secreto, y que no sean intimidados los testigos, los jurados, pero son explicaciones del orden de lo procesal burocrático”, definió en diálogo con Página Política.

“Nosotres no estamos de acuerdo. Esto contradice el propio espíritu democratizador de la justicia y de lo que supone un juicio popular. Lo contradice en forma flagrante y patriarcal”, fustigó. Analizó al respecto que “los juicios de lesa humanidad se televisaban por su enorme valor histórico, su valor pedagógico para desnudar cómo proceden las instituciones”. Por eso, enfatizó que “aquí se trata de un caso de violencia de género, un feminicidio ocurrido después de cuatro denuncias y una medida de protección por lo que el secreto es una trampa patriarcal para que no se permita difundirlo”.

A raíz de esta polémica, se difundió un documento entre organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos. Se reúnen firmas en un petitorio al STJ para que revise la decisión de impedir la difusión del juicio. El texto afirma que la decisión del alto cuerpo “vulnera los derechos a una vida libre de violencias, impide que desplegar el carácter pedagógico que tienen estos juicios hacia el resto de la sociedad y vulnera los derechos de las víctimas y de toda la comunidad.

“El supuesto resguardo hacia las personas que participan en este juicio en carácter de jurados, puede ser mantenido con la utilización de herramientas y recursos que los protegen, como ha sucedido en los juicios anteriores, televisados y difundidos por los canales oficiales del STJER, y tomando como claro ejemplo lo sucedido durante la pandemia, en donde todos los trámites debieron ser digitalizados y se llevaron a cabo diferentes instancias judiciales en el marco de las recomendaciones sanitarias vigentes”.

“Entendemos que la medida colisiona con el derecho al acceso a la información que el Poder Judicial debe brindar a toda la población y obstaculiza la tarea de profesionales de la comunicación, que en el marco del sistema democrático priorizan la información como un bien público”, se afirma en el documento que reunió sus primeros avales entre las impulsoras e impulsores de la vigilia en Victoria. Adhirieron, sin demoras, los organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos reunidos en el Rodher, la Red de Radios Comunitarias de Entre Ríos, docentes, periodistas, militantes y referentes de organizaciones gremiales.

“Hemos señalado que de acuerdo a la necesidad de explicar y difundir una cultura de la no violencia, cada situación que vulnera los derechos de las mujeres y las disidencias, debe servir de oportunidad pedagógica para que toda la comunidad revierta un patrón de comportamiento que lesiona la vida de las mujeres, y hace que en el país aún persistan las dramáticas estadísticas que hacen que una mujer sea asesinada por el solo hecho de ser mujer, cada 24 horas. Por ello, consideramos se trata de una medida arbitraria que lejos de proteger a las víctimas establece un grave precedente de protección a los violentos”, se expresó para apuntar finalmente que la decisión del STJ implica “un claro retroceso en el derecho al acceso a la información pública y acceso al servicio de justicia”.

Fuente: Página Política