No era lo que la oposición esperaba después de la reunión de Labor Parlamentaria. Por lo conversado en la comisión donde los bloques políticos acuerdan los temas a tratar en la sesión, el pedido de interpelación al ministro Hugo Ballay, que formuló Cambiemos, no estaba para ser tratado este mismo miércoles. La oposición esperaba que, tras su ingreso, pase a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Cambiemos tenía los votos necesarios para aprobar la interpelación sobre el proceso de la Licitación Pública N° 06/20, destinada a contratar una entidad bancaria para la prestación del servicio de agente financiero y caja obligada de la provincia. Pero, según lo que esperaban, eso iba a ocurrir recién en cuatro semanas. Dentro de dos sesiones.

Sorpresivamente, el bloque oficialista aprobó la iniciativa opositora y planteó que la interpelación se haga ahí mismo. Tras un cuarto intermedio de menos de cinco minutos, Ballay ya estaba en el recinto dando sus argumentos por la licitación que fue aprobada este martes.

“Tengo la tranquilidad de trasmitir que el proceso está hecho como corresponde legalmente; respeta la impronta del gobernador (Gustavo Bordet), es decir, la transparencia de todos los actos”, aseguró el ministro, que centró sus argumentos en la carta con la que había respondido el 24 de agosto a los planteos opositores.

También hizo hincapié en el “deber” que a su juicio tenían los diputados opositores de denunciar ante la Justicia y no mediáticamente al contrato si es que lo consideraban “lesivo” a los intereses de la provincia. Un rato antes, los diputados oficialistas Nestor Loggio y Mariana Farfán (miembros de la comisión de seguimiento de la licitación) habían enviado a los medios un comunicado con eje en ese mismo argumento.

En su respuesta, el diputado Esteban Vitor (que fue quien más cuestionó el anterior y actual contrato de agente financiero) no sólo rechazó la acusación sino que denunció un “cepo mediático” de parte del “gobierno y el banco” , a través “de la pauta publicitaria” que limitó a unos pocos portales de noticia (entre ellos Página Política) la publicación de los cuestionamientos de la oposición.

El legislador de PRO anticipó que irá a Fiscalía de Estado a pedir por una acción de lesividad.

Diálogo

En su exposición, Ballay se refirió varias veces al diálogo que propició con la oposición y a la información que aportó cada vez que se le requirió. Aclaró que optó por no responder a los cuestionamientos a través de la prensa “porque la ley impedía hacer público determinadas situaciones de lo que estaba determinado en el proceso de licitación”.

También cuestionó el ministro los datos contenidos en un informe elaborado por la oposición, que de alguna manera llegó a sus manos. Y se preguntó por qué los críticos no hicieron uso de las acciones previstas en la ley de procedimientos administrativos que, entre otras cosas, permite hasta la posibilidad de suspender el proceso de licitación.

Ballay defendió el plazo de 10 años en la necesidad de volver atractivo el pliego a fin de sumar la mayor cantidad de interesados. Y lo vinculó con la posibilidad de recuperar la inversión que deberían hacer otros bancos (que no fueran el Bersa) si querían competir en número de sucursales, para lo cual se permitía la asociación con otras entidades y se daba un plazo de un año. “Cualquier institución que debía hacer una inversión importante para la apertura de sucursales tenía que recuperar esa inyección de capital y por eso el plazo de diez años”, argumentó.

Luego transmitió su “compromiso de mejorar la atención en todos los sentidos que la institución bancaria tiene que tener, fundamentalmente, con nuestros empleados y jubilados” y enumeró las ventajas que a su juicio tiene el nuevo contrato (ver recuadro a pie de página).

Oposición «constructiva»

El primero en preguntar fue el diputado Vitor. El legislador de PRO optó por un tono moderado en su intervención. Puso el acento en que hacía una oposición “constructiva”. Pero destacó la “capacidad política” de Ballay para “desvirtuar” las críticas opositoras que no tuvieron otro objetivo que la “defensa de los intereses de los entrerrianos”.

Tras reiterar que se trata del contrato “más importante del Estado entrerriano, que compromete a cuatro gestiones”, Vitor repasó las críticas que ha venido haciendo al contrato “absolutamente perjudicial para la provincia”.

El legislador entiende que en los próximos 10 años, con opción a 5 más, la licitación aprobada esta semana será “cada vez más perjudicial, porque los costos de la gestión bancaria tienden a bajar y nosotros quedamos atados a un contrato que perjudica a los entrerrianos”.

Como ha venido haciendo en sus críticas públicas, Vitor puso de relieve las diferencias con el acuerdo que el mismo grupo firmó con la provincia de Santa Fe donde, por ejemplo, el banco no cobra comisiones por la coparticipación y el pago de salarios, como en Entre Ríos.

Vitor llegó incluso a mostrarse comprensivo de una supuesta “bajada política nacional” para continuar con el grupo Eskenazi, pero se preguntó “por qué no se defiende al Estado, a los entrerrianos y los intereses de todos”.