En la sesión del 19 de marzo en el Senado pasó desapercibido un pedido de informes suscrito por el bloque de la oposición en el que solicitó información acerca de la firma del Memorándum de Entendimiento en donde explicita que la Administración General de Puertos (AGP) inicia actividades conjuntas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Página Política publicó oportunamente el requerimiento cuando, aún, el Estado provincial no tenía la más mínima información pese a que el río Paraná pase por nuestras narices.
El convenio mencionado, incluso explicado en el sitio web del organismo, cuenta que se “permitirá profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones, con el eje puesto en la eficiencia y la concreción de nuevas capacitaciones en aspectos de gestión de puertos y vías navegables”.
Para los legisladores del peronismo “podríamos estar ante una posible introducción e intromisión de tropas extranjeras en el territorio de la Nación”.
Lo cierto es que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a quien fue dirigido el pedido de informes, por integrar el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), respondió. Y la respuesta no es alentadora. Aquí la contestación a la que tuvo acceso Página Política que evacuó el funcionario en su carácter de representante de Ecovina y del Consejo Federal de Hidrovía:
“La provincia de Entre Ríos, a través de mi representación, no ha sido notificada o informada del memorando que habría firmado la Administración General de Puertos y el gobierno de Estados Unidos”. (Ver texto completo abajo)
Este fin de semana se conocieron las intenciones del gobierno de Javier Milei de concesionar la Hidrovía antes de fin de año a empresas norteamericanas que están lejos de poder competir con las belgas y neerlandesas.
La vía navegable de la que estamos hablando es lo que conocemos como Hidrovía Paraná cuya extensión conecta Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil con el mundo a través de 3.442 kilómetros y es, a la vez, la principal salida de las exportaciones argentinas. Básicamente un 80 por ciento.
Pese a un intento del gobierno nacional anterior de federalizar la administración, nada de eso parece que se sucederá. Entre Ríos podría ingresar al negocio del peaje incorporándose, por caso, con el Puerto de Ibicuy que comprende el primer tramo de la Hidrovía.
Hay un capítulo que ya se inscribe en la historia que es para lamentar. La provincia pudo haber participado del negocio del dragado.
Cuando Rodríguez Signes asumió la Fiscalía de Estado en 2008, se encontró con una demanda por el alquiler de un galpón en Tigre. Recién llegado a la gestión, viajó a la ciudad bonaerense para ver de qué se trataba lo que se le estaba reclamando al gobierno al que se acababa de incorporar.
Allí se encontró con un galpón que en su interior cobijaba partes de un dragado que Sergio Montiel había mandado a fabricar en su primer gobierno, pero nunca se alcanzó a concluir. El fiscal de Estado se entusiasmó con seguir la obra del caudillo radical y se contactó con las áreas correspondientes a Vía Navegables y al gremio de Dragado y Balizamiento para ver de qué manera se podía adecuar aquella iniciativa, pero no encontró entusiasmo. Todo terminó con una subasta de esos pedazos de astillero en Casa de Gobierno para hacer frente a la enorme deuda que se había generado en el depósito de Tigre. No la vieron.
