Un mes y medio atrás, cuando el malestar contra el senador nacional Edgardo Kueider por haber votado la Ley Bases estaba en su pico, la conducción provincial del PJ anunció la inminente conformación del Tribunal de Disciplina partidario para atender los planteos de sanciones.
También había ingresado un previo pedido del PJ de Gualeguay para expulsar al ex presidente del Consejo General de Educación y candidato del PJ, Martín Müller por su decisión de incorporarse, en abril, como funcionario del gobierno de Javier Milei.
Pero el Tribunal todavía no se integró. Formalmente, lo debe conformar el congreso partidario, que no tiene fecha de convocatoria. Se espera que lo haga el Consejo Provincial, ad referéndum del congreso. Pero eso todavía no pasó. Da la impresión de que ha bajado la espuma del reclamo por sanciones. Algunos se preguntan si abrir una causa no será darles “mucho cartel” a Kueider y Müller.
El PJ no es una fuerza política en la que las sanciones hayan formado parte de la tradición partidaria, como en alguna época pasó con la UCR. Y en los últimos años se podría decir que los radicales se peronizaron, de lo contrario hubiera prosperado el planteo para expulsar de la UCR a la ex diputada Lucía Varisco por haber competido en contra del partido en las elecciones de 2021.
Lo que en todo caso ocurrió fue un notable debilitamiento de las organizaciones partidarias como intermediarios entre la sociedad y el poder político. El ascenso de Milei a la presidencia lo certifica.
Como fuere, el antecedente más importante en materia de sanciones partidarias en el PJ es la expulsión de Jorge Busti en 2011, por haber competido en las elecciones de ese año en contra del PJ como candidato a gobernador por el Frente Entrerriano Federal.
Aquella fractura en el peronismo fue fruto de la fuerte pelea con Sergio Urribarri, a quien el tres veces gobernador, sin posibilidad de reelección en 2007, había nombrado como su candidato, aunque no su sucesor. Busti le había diseñado un esquema jurídico y electoral para protegerlo de la interna y para que pudiera cumplir con su tarea. Para la “continuidad positiva” del bustismo en el poder, su delfín le tenía que cuidar el sillón de Urquiza por cuatro años. Pero, aliado al kirchnerismo, Urribarri terminó siendo su principal enemigo.
Como es bastante lógico, las sanciones en un partido responden más al clima político que a las normas. Busti terminó siendo expulsado del PJ en el pico de poder del kirchnerismo. Y al siguiente congreso se levantaron las sanciones.
Pero no fue el único dirigente que compitió en contra del PJ. Sin ir más lejos, en las elecciones de 2023 el ex senador Hugo Berthet se presentó como candidato a intendente por el partido vecinal Juntos por San Salvador, que en el orden provincial aportó indirectamente a la candidatura a gobernador de Rogelio Frigerio y en la ciudad le restó votos al peronismo, que terminó cediendo -por estrecho margen- la intendencia a Juntos por el Cambio.
A diferencia de Busti en 2011, Berthet no recibió sanción alguna. Por el contrario, a los pocos meses se presentó para disputar la conducción de la unidad básica de San Salvador. Sus competidores internos no le dieron pelea y hoy Berthet conduce el PJ de su ciudad, como en los viejos tiempos.
El caso da para aportar un nuevo punto a la tan mentada reforma de la carta orgánica que debería concretar el próximo congreso partidario del PJ. Los críticos de Berthet entienden que debería quedar establecido en los estatutos partidarios que si alguien trabajó electoralmente en contra del PJ, no se le permita competir al menos en la elección partidaria siguiente. Un mínimo de orden.
Pero la institucionalidad no ha sido el fuerte del PJ. Ni siquiera cuando los partidos tenían mayor peso en la definición de la oferta electoral. En los últimos 20 años, el que mandaba era el gobernador de turno, que además presidía el partido.
En su nuevo rol opositor, el PJ entrerriano enfrenta el desafío de recuperar su vida interna para volver a parecerse a un partido político, en un momento en que los partidos llevan años de una profunda crisis de representación. Algunos creen que ese sería el mejor modo de procesar la derrota para habilitar una necesaria renovación -de dirigentes, pero principalmente de prácticas- que lo vuelva a conectar con la sociedad.
Fuente: Página Política
