Dos testigos declararon el viernes en la continuidad del juicio a represores de la dictadura que actuaron en la zona este de la provincia. El ex gobernador Jorge Busti y el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Salduna apuntaron contra el teniente coronel Naldo Dasso como el responsable de la represión ilegal en Concordia.
Busti se movió con solvencia e histrionismo en el escenario que mejor conoce, el de la arena pública. Allí contestó preguntas, destacó sus acciones de gobierno respecto de los derechos humanos, a veces evadió algunas referencias incómodas y hasta se permitió lanzar algunas frases con destinatarios precisos a los que no hizo falta que mencionara.
“Yo nunca hice bandera con los derechos humanos, me jugué por los derechos humanos cuando nadie lo hacía, cuando no era moda”, dijo en el inicio de su declaración. “Yo veo tanta gente que hoy defiende los derechos humanos y en esa época éramos tan pocos”, agregó más adelante.
Ese Busti, nervioso, tembloroso por momentos, declaró ayer durante dos horas ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y contó detalles de su detención ilegal entre el 10 de febrero y el 31 de marzo de 1977 en una celda solitaria en los fondos el Regimiento de Concordia y en la Jefatura Departamental de Policía.
Busti contó que ingresó a trabajar como secretario del Juzgado Civil y Comercial que estaba cargo de Oscar Rovira un año del secuestro. Recordó que una madrugada, alrededor de la 1.10, militares golpearon la puerta de su casa diciendo que había un detenido y necesitaban de su participación. “Pregunté quiénes eran. Me respondieron que eran del Ejército y que abriera la puerta o la tiraban abajo”, señaló.
El ex gobernador dio detalles del operativo: “Me vestí y salí a la vereda. Habré durado dos minutos porque me tiraron al piso, me golpearon, me esposaron, me vendaron los ojos, me pusieron una capucha y me metieron en el baúl de un auto que creo era un Falcon. Mi mujer (Cristina Cremer), que estaba embarazada de ocho meses, salió en camisón, a los gritos, hasta que le pegaron una trompada en la vereda; y eso le provocó un adelantamiento del parto y el nacimiento prematuro de mi hijo”, acotó.
Inmediatamente después del secuestro, una patota policial requisó la vivienda donde habían quedado Cremer, su hija de poco más de un año y su madre. “Levantaron hasta los pisos buscando armas”, recordó Busti. “Revisaron toda la casa, la ropa y no encontraron nada, pero se robaron libros y fotos familiares”, acotó.
Días atrás, Aníbal Ruperto Palacios reconoció haber realizado el allanamiento y haber confeccionado un acta. Busti no lo mencionó y apenas si lo reconoció por su apodo de Ronco y como “funcionario policial”; dijo haberlo visto, al pasar, en la Jefatura Departamental en su cautiverio, pero no comentó que durante su tercera gestión como gobernador, él mismo lo designó como jefe de Asuntos Internos de la Policía.
Verdugos
Busti fue luego trasladado al regimiento, donde permaneció aislado durante dos días en una construcción ubicada al fondo de la unidad militar, cerca de la cancha de polo. “No me torturaron, pero me golpeaban, escupían, hicieron simulacros de fusilamiento; se divertían conmigo”, graficó. Luego fue entregado a la policía y derivado a la Jefatura Departamental, donde permaneció hasta finales de marzo.
“El único militar que se identificó fue el mayor (Ramón) Orieta y después tuve contacto con el jefe departamental de Policía, (Pedro Fernando Ramón) Campbell. Con el tiempo, logré identificar las voces de tres de los militares que me golpearon cuando estuve en el regimiento: un teniente (Gonzalo) López Belsue, un capitán (Juan) Aleman; y otro de apellido (Horacio) Goris”, narró Busti. También mencionó a los oficiales Jorge Echeverría y Héctor Amarillo, dos militares de Inteligencia. Respecto de ellos, se pidió investigar su rol que tuvieron durante la dictadura.
Durante su cautiverio en la sede policial, el tres veces gobernador dijo que en los interrogatorios le preguntaban por nombres de algunas personas a las que conocía, pero que ante la falta de datos “tanteaban y tanteaban a ver si podían sacar algo”.
Busti fue liberado a fines de marzo. El jefe Campbell lo hizo llevar a su despacho para comunicarle la novedad y las restricciones que se le impondrían: le sería retenido el documento, no podía salir de la ciudad y durante cuatro meses debía presentarse todos los sábados en la sede policial a firmar una hoja.
Omnipotente
Durante todo el hilo de su relato, Busti mancilló una y otra vez que la responsabilidad de la represión en Concordia era de Naldo Miguel Dasso, que ostentaba el cargo de jefe del Área de Defensa 225. Inclusive contó que una vez, hacia fines de 1977, fue citado por el propio militar al regimiento, que lo recibió en su despacho con el arma reglamentaria sobre el escritorio y le dijo: “Yo soy el dueño de la vida y la muerte en el Área 225” que comprendía a los departamentos Concordia y Federal.
Busti contó también de las gestiones de familiares de los desaparecidos Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga y Jorge Emilio Papetti ante el jefe militar y le pidió que aporte datos sobre sus paraderos. “Le pido de corazón a Dasso, todos estamos en la curva final de la vida, les ha mentido mucho a los familiares, tiene que hacer un gesto que lo reivindique como ser humano y decir dónde les pueden llevar una flor”. Dasso, a sus espaldas, solo tomaba notas, imperturbable. Al costado, un hijo del militar, se tomaba el rostro con las palmas abiertas.
También contó Busti de los intentos que se hicieron para frenar el ascenso de Dasso a general, en 1984, planteos vanos que solo fueron atendidos por el diputado Augusto Conte, de la Democracia Cristiana, quien presentó una carta al Congreso dando cuenta de las denuncias de los familiares de los desaparecidos concordienses.
