Dirigentes sindicales de trabajadores estatales, docentes y municipales comenzaron el análisis del proyecto de reforma previsional y dieron sus primeras impresiones sobre la iniciativa.
Valoraron la instancia de diálogo abierta por el gobierno, destacaron cambios que encontraron reflejados en el texto que será debatido en la Legislatura y consideraron necesario avanzar en una reforma que permita sostener el sistema previsional. Ponen el acento en la necesidad de “preservar el 82 por ciento móvil”.
Desde UPCN remarcaron que el gobierno tomó aportes del sindicato, aunque advirtieron que seguirán planteando diferencias sobre distintos aspectos. En Suoyem destacaron la posibilidad de participar y resaltaron la reducción de años de servicio y la propuesta sobre la movilidad. Desde UDA, en tanto, consideraron que la iniciativa apunta a sostener el sistema y a preservar el 82 por ciento móvil.
“El gobierno tomó nuestros aportes”
“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora pasamos a la etapa de estudio del proyecto y del análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó ante la consulta de la prensa la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.
“El gobierno tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Desde UPCN creemos que fue importante que el gobierno haya abierto la discusión”, expresó la dirigente y formuló “un llamado a la dirigencia sindical y política para que en Entre Ríos pensemos en el conjunto y no solamente en posiciones individuales y sectoriales”.
Consultada sobre los aportes que el proyecto prevé que realicen los trabajadores con sueldos mayores a 3 millones de pesos, Domínguez consideró que “tiene lógica en un marco de crisis escalonar los aportes de acuerdo a los ingresos”, aunque advirtió que “para el escalafón general que representa UPCN este aspecto no sería crucial porque no estamos dentro de esos valores”.
Valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el haber inicial. “Lo logramos en la discusión”, remarcó y anticipó que seguirán insistiendo para que en este aspecto no se toque la normativa vigente. Advirtió que “el gobierno tiene un margen para disminuir los 240 meses que dice el texto”.
Acerca de la edad jubilatoria similar para hombres y mujeres que la iniciativa plantea comenzar a alcanzar paulatinamente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, Domínguez opinó que “hay que considerarle a las mujeres una serie de contemplaciones vinculadas a la cuestión de género, como el hecho de tener hijos y el cuidado familiar, tal como se hace en otros países”.
Respecto de la movilidad, la dirigente advirtió: “Se ha buscado confundir a los trabajadores diciendo que iba a regir el índice de Anses cuando todos sabemos el empobrecimiento que generó ese sistema. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, aseguró y dijo que la declaración de la emergencia previsional, “más allá de que se hablaba en los vectores, apareció como un hecho importante en el proyecto y fue sorpresivo”, pero señaló que “hay que ver realmente el alcance y cómo está planteado”.
“Es honesto decir que con UPCN ha habido voluntad de diálogo y debate y que el gobierno se ha mostrado permeable a algunas consideraciones que hemos hecho, aunque no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas”, resumió luego.
“Es momento de reflexión y de abrir posibilidades para ver qué es lo mejor para nuestros trabajadores, nuestros jubilados y nuestra provincia”, completó Domínguez, antes de informar que UPCN va a realizar un recorrido por los departamentos “para hablar con los trabajadores, los jubilados y la prensa”.
Municipales en el diálogo
“Cuando se empezó a hablar de este tema teníamos una postura bastante negativa, pero con el tiempo fuimos convocados junto a otros sectores, pudimos participar y pudimos aportar”, explicó Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).
Destacó que el aumento en los años de servicio -que en el proyecto pasan de 30 a 35- comenzará a aplicarse después de los cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea porque había posturas para que la aplicación fuera ni bien se aprobara la norma y va a ser gradual”, precisó.
“Otra de las cosas en las que insistimos fue en que no se tomaran 30 años para calcular el haber inicial. Dijimos que era imposible, dimos esa pelea y en el proyecto se bajó a 20 años, es decir que alguna repercusión tuvo nuestra posición”, explicó García. “Ahora vamos a insistir para que se sostengan los 10 años”, agregó
“Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, señaló el dirigente y anticipó que irán a la Legislatura a continuar con el debate.
García también mencionó que en el inicio de la discusión se habló de aplicar un índice como el de Anses. “Para nosotros no era beneficioso, se generó el debate y eso también se logró”, resaltó.
Por último, se refirió a los aportes que tendrían que hacer durante la emergencia los trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos. “Nuestro sector queda totalmente excluido porque nosotros no llegamos a cobrar 3 millones”, puntualizó.
UDA prioriza “la estabilidad”
Desde el sector docente, Mirta Raya, consideró “que era justo y necesario que nos pusiéramos a trabajar el gobierno y los sindicatos con la Caja de Jubilaciones porque realmente era importante sostener el 82 por ciento móvil, que no todos tienen en la Argentina”.
“Este proyecto busca trabajar temas centrales, como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales”, enumeró la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
“Lo que se busca con estas adecuaciones es priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, acotó.
“En este proyecto que se presentó hoy estuvimos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose”, finalizó la dirigente.
Fuente: Página Política
