Ante las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Cánepa recordó este jueves que en su intervención en la misma instancia del Senado afirmó que “la emergencia contamina la reforma previsional”. Y afirmó que en el proyecto con media sanción ese defecto “persiste en las mismas condiciones en las que el Ejecutivo la envió”.

“Si bien se ha puesto un plazo para la emergencia es muy amplio, por dos años con prórroga sólo por decreto comunicando a la Legislatura”, que no podrá tener control alguno sobre las condiciones que “discrecionalmente advierta el Ejecutivo en dos años para dar continuidad a la emergencia”.

“Nos parece que genera cierta tensión. Sobre todo si lo comparamos con la emergencia más grave que hemos tenido y que fue la de la pandemia por Covid y no duró ni la mitad de esta”, recordó.

Mencionó que la jurisprudencia nacional ha venido estableciendo requisitos para la emergencia, como que “debe ser de carácter general, de todo el Estado provincial y no de un sector del Estado. Sobre todo cuando se restringen derechos”. Porque otras emergencias parciales, como la de seguridad alimentaria o infraestructura vial, “no restringen los derechos de nadie, sino que le dan al Ejecutivo la posibilidad de flexibilizar procedimientos administrativos para contratar”.

En cambio, la de la reforma previsional es una emergencia que “pasa de parcial a parcialita, cada vez más chica” porque “hay dos sectores que paga la Caja que no se ven involucrados en ninguna de las medidas de emergencia”, a pesar de que pertenecen a un escalafón también deficitario.

Cánepa remarcó que con la emergencia se está buscando solucionar un problema estructural “con medidas transitorias que van a dejar de valer antes de que la primera medida estructural, que es la modificación de la edad y de los años de aporte, entre a funcionar”.

Observó que recién dentro de 13 años esas reformas van a tener plena efectividad y la primera reforma estructural se va a empezar a aplicar dentro de 5 años. En suma, la emergencia “ni siquiera empalma con las medidas estructurales”.

“En el Senado hicimos una evaluación extensa de la emergencia, pero la incluyeron igual”, lamentó.

Delegación

Advirtió también que la delegación de facultades al Ejecutivo “es tan abierta que nos podríamos encontrar con medidas que no guarden la finalidad de la ley” y que la “discrecionalidad para evaluar si el desequilibrio es tal como para tomar una medida queda sin control de la Legislatura”.  Casi un “cheque en blanco que la Legislatura le da al Ejecutivo”, cosa que “está prohibido por la Constitución”.

Aporte solidario

Señaló que la evolución de los salarios en los dos años que duraría la emergencia hará que muchos empleados ingresen en la zona de los 3 millones de salario obligados al aporte solidario. “Esto genera incertidumbre y una mutación de la relación jurídica”.

No progresiva

Reconoció que se bajó el haber inicial de los 30 años a los 15, los últimos 180 sueldos. Pero advirtió que ese período es el mayor del país, porque todos tienen 10 años. “No pareciera una medida progresiva, pero además tiene otra cuestión ese artículo: ¿cómo se van a calcular los 180 sueldos actualizados? En este salario actualizado lo que no se dice es cómo se va a actualizar y queda delegado en el Ejecutivo sin ningún marco, sin línea ni directriz. No luce progresivo pasar de la remuneración actual en la que el jubilado sabe lo que va a cobrar a un salario actualizado bajo un índice que no se conoce y que quedará destinado a la discrecionalidad del Ejecutivo, sin ningún marco del Poder Legislativo”.

Movilidad

“La redacción que le han dado al artículo de la movilidad es peor de la que estaba”, calificó Cánepa.

Recordó que en el Senado había cuestionado que la movilidad se redujera a un solo escalafón “en función a dos principios del derecho de previsional: el de proporcionalidad y el de sustitubilidad” que implica que el haber jubilatorio debe sustituir al de actividad y debe ser proporcional.

Por eso los 98 escalafones: cada sector tiene una realidad distinta y se actualizan de manera distinta. “El Poder Judicial por acordadas de la Corte; el Tribunal de Cuentas enganchado al Poder Judicial; Enersa por el convenio de Luz y Fuerza; Banco Entre Ríos por los convenios con la Asociación Bancaria; los docentes o Vialidad con sus convenios; la administración central con la paritaria estatal y, por supuesto, los municipios como estado autónomo”, enumeró Cánepa.

Al reducir a un solo escalafón, “a la corta o a la larga, habrá un planteo de proporcionalidad”. porque todos los convenios colectivos de trabajo tienen su frecuencia de actualización, mientras que la paritaria queda a discrecionalidad del gobierno, porque la ley no dice cuantas paritarias deben existir por año como para mantener la proporcionalidad.

Vaticinó que los haberes jubilatorios no van a acompañar la actualización de los activos. “Nuestra propuesta fue que no había necesidad de bajar de 98 a uno y que se podían hacer escalafones sectoriales y establecer promedios. Por ejemplo: la acordada de la Corte y la paritaria estatal, como para que esa proporcionalidad no se rompa en lo inmediato y el haber de pasividad no pierda valor adquisitivo”.

Para Cánepa, la fórmula de movilidad “es una delegación total al Ejecutivo”, dado que “es la paritaria o el decreto del Ejecutivo si la paritaria no funciona”.