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Justicia y política

Claves de cómo repercute la reforma judicial en Entre Ríos

Un informe acerca del proyecto que propone el gobierno nacional en materia judicial. Los problemas y posibles soluciones de un poder que está bajo la lupa permanente.
Por: Redacción de Página Política

La justicia, en rigor el Poder Judicial, enfrenta una crisis inédita, un desprestigio generalizado y entonces no es casualidad que sea la institución que mayor desconfianza genera entre los argentinos.

De los jueces de la servilleta a la mayoría automática, la elección discrecional de jueces, la irrupción de los servicios de inteligencia en los tribunales, el intento de nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, las presiones sobre los jueces para promover un uso irracional de la prisión preventiva, las presiones para que los jueces que hubieran firmado fallos perjudiciales a los intereses del gobierno renuncien, la filtración ilegal de escuchas telefónicas y una larga lista de etcéteras.

Los problemas de la justicia son obvios y son muchos, y los resultados, también obvios, generan impunidad, descreimiento e incapacidad para solucionar los conflictos sociales; y no hay soluciones mágicas para devolverle el prestigio perdido.

En este contexto, la reforma judicial es un imperativo si lo que se busca es recomponer un sistema que ha sido deteriorado desde sus cimientos; y el proyecto que impulsa el presidente Alberto Fernández debe verse bajo ese prisma.

“Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, señaló el Presidente en la presentación del proyecto.

Así justificó la creación de una nueva justicia federal penal que prevé la creación de nuevos juzgados de primera instancia en todo el país, con la intención de licuar el poder de los actuales magistrados, aunque el nuevo esquema tiene los ojos puestos en Comodoro Py.

¿Por qué más jueces y no más fiscales?

La justicia federal tiene a su cargo los hechos de corrupción que se dan en el Estado Nacional, el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, el contrabando, la evasión de impuestos y otros delitos como sedición o traición a la patria.

Cada uno de los tribunales que existen tienen dos secretarías y el proyecto establece que continuarán funcionando con una y la otra se transformará en la secretaría de un nuevo juzgado. Así, por ejemplo, Entre Ríos pasará a tener cinco nuevos juzgados federales de primera instancia: dos en Paraná y uno más en Victoria, Gualeguaychú y Concordia. En Concepción del Uruguay, extrañamente, no se prevé la creación de nuevas estructuras.

Este esquema supone un fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país aunque en Entre Ríos algunos actores del sistema judicial, ante la consulta de Página Judicial, manifestaron ciertas dudas respecto de la necesidad de crear nuevas estructuras.

Este esquema recoge la propuesta impulsada en 2018 por senadores que en ese momento eran oficialistas, en su mayoría de Juntos por el Cambio, bajo el nombre de Programa Justicia 2020, que planteaba la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías. El nuevo proyecto propone la creación de 94 nuevos juzgados penales en las provincias. De esta manera, los juzgados ya existentes, que en muchos casos tienen competencia múltiple (penal, electoral, civil y comercial, tributaria), dejarán de abocarse a las causas penales y solo se ocuparán del resto de las materias.

La creación de nuevos juzgados, se aclaró, no afectará el principio de “juez natural” de las causas que están en curso. Esto significa, por ejemplo, que las causas por delitos de narcotráfico que actualmente tramita el juez Leandro Ríos, en Paraná, continuarán a su cargo aun cuando el nuevo esquema transfiera las secretarías penales, la secretaría de derechos humanos y la secretaría electoral a los nuevos juzgados y, en lugar de estas, le asigne una secretaría civil y comercial.

En este sentido, el proyecto supone varios inconvenientes: por un lado, carga el prejuicio de la mirada porteño-céntrica que traspola al interior del país los vicios que se observan en el fuero federal porteño; revela un desconocimiento del funcionamiento de la justicia federal en las provincias, o al menos en Entre Ríos; y, por otra parte, parece traído a contramano de los tiempos que vienen, con el nuevo sistema acusatorio en el horizonte.

El proyecto de reforma judicial parece ir a contramano del sistema penal acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy y está en marcha su implementación en forma escalonada en el resto de las provincias argentinas.

El sistema acusatorio asegura una división de roles entre jueces y fiscales. La investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal y el juez deberá garantizar el cumplimiento de la ley durante el procedimiento penal, además de controlar que se respeten las garantías constitucionales.

Otra característica del sistema acusatorio es que desaparece el expediente en papel y los planteos que realizan las partes son resueltos en audiencia ante el juez de garantías.

El nuevo sistema supone el abandono de un diseño en espejo al del Poder Judicial, estructurado sobre la base de un fiscal en cada juzgado, para pasar a un modelo de organización dinámico en el que la actuación de los fiscales debe estar orientado por criterios de política criminal y de persecución establecidos en función de las necesidades de cada jurisdicción.

Pero el proyecto de reforma judicial propone la creación de solo dos cargos de fiscales con competencia penal –contra cinco cargos de jueces– con jurisdicción en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos pero establecidos en Paraná, a casi trescientos kilómetros de San José de Feliciano, por ejemplo. Aunque las reformas nunca son definitivas y el funcionamiento de las instituciones es dinámico, esto parece un contrasentido.

Del mismo modo, la reforma plantea la creación de un cargo de defensor público oficial con competencia penal, con jurisdicción en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos y con asiento en Paraná. Otra vez, ¿se puede ejercer eficazmente el derecho de defensa a trescientos kilómetros del lugar del hecho?

Donde la Corte Suprema es responsable

Alberto Fernández también anunció la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. “Este consejo deberá elevar a consideración del Presidente propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, dijo el Jefe de Estado.

Si bien no se anunció ninguna reforma vinculada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este consejo consultivo elaborará recomendaciones sobre los criterios para la selección de jueces, la competencia que la Constitución le atribuye al tribunal y la fijación de plazos procesales, entre otras cuestiones.

“Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros, lo que sí digo es que la Corte está funcionando mal”, dijo el Presidente en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Si para muestra basta un botón, el Juzgado Federal de Victoria podría serlo.

La situación es escandalosa: el 14 de enero de 2004 se promulgó la Ley Número 25.862 de creación del nuevo juzgado, con competencia sobre los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay. Tres años después, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó los cargos y, previo concurso, fueron designados el juez, el fiscal y el defensor público oficial. Pero, inexplicablemente, el juzgado nunca fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en el camino, se quedó sin juez y sin fiscal.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura lleva invertidos varios millones de pesos en la refacción y acondicionamiento del inmueble donde debería funcionar el juzgado, en el centro de la ciudad, y hace nueve años que está pagando un oneroso alquiler; a pesar de que la Municipalidad de Victoria donó un terreno para construir el edificio propio.

Una mañana, a fines del año pasado, los muebles que estaban embalados y guardados en un depósito fueron cargados en un camión y terminaron poblando las oficinas del flamante Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Al día de hoy, el Juzgado Federal de Victoria está operativo pero no habilitado, es decir, un fiscal interino instruye causas que tramitan en el Juzgado Federal de Paraná.

¿Qué opinarán de esto los detractores de la reforma judicial? ¿Tendrán algo para decir sobre este dislate de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué tendrán para decir aquellos que miden la propuesta en términos económicos?

Informe de Juan Cruz Varela, en Página Judicial

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