Dirigentes del peronismo cumplieron el rol de apóstoles. Fue la incursión más fuerte, más activa e intensa del Jorge Bergoglio en la política de la Argentina desde que ocupa el puesto de Papa.
A través de referentes de ese partido (intendentes bonaerenses encabezados por Gustavo Menéndez) se empezó a movilizar hace algo más de dos años la suscripción al denominado Pacto de San Antonio de Padua. Se trata, concretamente, de un compromiso que no asumen religiosos si no dirigentes políticos de instrumentar políticas públicas basadas en los diez puntos centrales de la encíclica Laudato Si.
Entre los ejes, brillaron para la tribuna especialmente dos: la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Pero además había otros puntos, uno en especial que golpea al corazón del debate que está dando el Congreso respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En efecto, con la firma al Pacto de San Antonio de Padua, dirigentes polílticos, en funciones, se han compromiso “en defensa de la familia” y en rechazo del aborto expresado en la defensa de la vida desde la concepción.
Quien asumió en Entre Ríos la militancia en favor del documento del Papa fue el intendente de Concordia, Enrique Cresto. El 13 de junio de 2016, en el Centro de Convenciones de Concordia, encabezó un acto junto a Menéndez para presentar el pacto. Cresto buscó la firma de los intendentes. Las crónicas de entonces mencionan la rúbrica de los intendentes peronistas de Gualeguaychú, Martín Piaggio; de Colón, Mariano Rebord; de San Salvador, Marcelo Berthet; de General Campos, Pablo Martínez; el radical de Federación, Carlos Cecco. Los diarios de Concordia, hace dos años, también dieron cuenta del aval del intendente de Chajarí y presidente de la UCR, Pedro Galimberti. Pero el dirigente no estuvo ni firmó el pacto promovido por Cresto y Menéndez.
Hubo adhesiones de todos los sectores. También a nivel nacional donde el pacto fue rubricado por dirigentes como la vicepresidenta Gabriela Michetti, el diputado José Luis Gioja, Sergio Massa, Pino Solanas, Liliana Negre de Alonso, Graciela Camaño (que ya borró con el codo lo rubricado votando a favor de la IVE), Graciela Ocaña, José Cano, las senadoras Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez.
Demasiado lejos
En esta línea de acción, el oficialismo en Concordia fue más lejos. No se lograron los votos para una iniciativa, en el Concejo Deliberante, por la que se declara a Concordia “ciudad Pro Vida y Pro familia”.
Tras ese fracaso, por quedar la propuesta en minoría, el intendente Cresto no tuvo muchos miramientos. Anunció que un decreto con su firma ratificará para Concordia los “10 mandamientos” de Laudato Si, incluido, por supuesto, el que refiere a “la defensa de la vida” y el rechazo al aborto. Lo hizo junto a su viceintendente, Armando Gay, en el marco de una audiencia con representantes de la Red de Familias Entrerrianas y de los credos religiosos.
Reacción de la izquierda
La primera reacción llegó de parte de la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, que le recordó a Cresto que “Concordia no es una teocracia y que por lo tanto no se puede imponer la doctrina religiosa por decreto”.
Defendió luego la iniciativa del aborto legal que debate el Senado. “Estamos discutiendo un derecho elemental que es el derecho de salud y democrático de decidir sobre nuestro propio cuerpo. El aborto en nuestro país es un problema de salud pública, DDHH y de justicia social, una deuda de la democracia con las personas con capacidad de gestar”, remarcó Burgos y agregó: «Cuando vivimos en un país que tiene como una de las principales causas de muerte materna la clandestinidad del aborto, gobernar bajo los preceptos personales que niegan esta realidad es condenarnos doblemente, a la clandestinidad y la condena social”.
“Las mujeres ya no nos callamos ni nos ocultamos más, ganamos las calles y cada lugar para denunciar esta realidad. Las acciones de Cresto son una muestra más de la relación privilegiada que el Estado tiene con la Iglesia católica y tenemos que avanzar y luchamos también para su definitiva separación. No se puede imponer la doctrina de un credo al conjunto de la población y muchísimo menos por decreto. Debe darse de inmediato marcha atrás a esta medida”, reclamó.
También se divulgó al reacción del Partido Comunista de Concordia. Entre otros puntos, la fuerza política advirtió: “Resulta mínimamente del siglo XIX ignorar, pasar por alto y finalmente violentar la existencia de un estado laico, de la pluralidad de voces en democracia y del propio funcionamiento republicano de las instituciones ya que es el propio Concejo Deliberante, con voto por mayoría de partidos de distinta procedencia ideológica y con un profundo debate, el que ha rechazado esta imposición arbitraria y mesiánica”, apuntó contra la medida de Cresto.
Hubo también, en redes sociales, críticas a la decisión del intendente particularmente del movimiento feminista que sigue atentamente el punteo de voluntades en el Senado respecto del proyecto de IVE.
Los diez puntos
Los diez puntos del Pacto de San Antonio de Padua son los siguientes: 1) combate del narcotráfico; 2) prevención de la drogodependencia; 3) lucha contra el hambre; 4) combate contra la violencia de género; 5) defensa de la familia y rechazo al aborto; 6) impulso de las energías renovables; 7) combate de la pobreza; 8) acceso universal a la salud, la educación y el agua potable; 9) erradicación del abuso infantil y la trata de personas; 10) creación de observatorios para tareas de cambios de paradigmas, de conductas individuales y colectivas.
Hasta ahora había pasado inadvertida la facilidad con la que la política argentina se comprometió, sin más, a convertir en medidas públicas los 10 puntos de un documento de la iglesia. En pleno debate del proyecto de legalización del aborto, el asunto cobra otro sentido. Sin embargo, la evidente violación a los principios de un Estado laico está presente hace algo más de dos años, a instancias del Papa y de buena parte de la dirigencia del país.
