Las pretensiones de Jorge Amílcar García de elevar a juicio cuanto antes la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura no tiene arraigo en quienes están al frente de la investigación. Es lógico. Un desfalco de 2 mil millones de pesos durante 10 años en un poder netamente político que no tenga una sola autoridad política imputada es imposible de explicar. Sólo quien haya llegado a un cargo de fiscal de la mano de un gobernante, deba favores o tenga ganas de convertirse en un discípulo de Héctor Toloy (a quien se acusaba de favorecer a los dirigentes) sería capaz de afirmar que no hay nada más para investigar. No es el caso de Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. Ambos no tienen las más mínima relación con algún sector político. Sus lugares lo ocupan tras ser evaluados en todas las instancias previstas en la Constitución.

La causa no tendrá una segunda parte como dijo García. Será un solo un juicio y seguramente tendrá más imputados. A muchos de los que le solicitaron que presenten abogado serán citados como imputados, según reconstruyó Página Judicial de una serie de consultas a los principales actores de esta película. En la nómina de nombres que debieron designar un representante aparecen Sergio Urribarri y Adán Bahl, para citar los presidentes actuales de los cuerpos legislativos. Antecesores de ambos también debieron presentar abogados.

La investigación no tiene un año, lo que hace aún más espeluznante hacer creer que la elevación a juicio responde al propósito de garantizar una justicia dinámica.

En la semana que García anunció que la pesquisa ya estaba cerrada y casi lista para elevar la causa a juicio, se presentó el ex coordinador del Senado, Jorge De Breuil, para presentar documentación y adelantar que declararía luego de la feria. En un primer momento se había abstenido. La información que aportó no sería trascendental para el hecho que se investiga.

Una serie de entrevistas y documentación a las que este sitio tuvo acceso permite afirmar que aún faltan nombres en el rompecabezas de la asociación ilícita. Se están filmando capítulos importantes de la saga. Noticias seguramente va a haber, haya o no imputados. ¿Se quebrará el paradigma verticalista que impera en el Ministerio Público Fiscal? Abogados que rastrillan los tribunales aseguran que los soldados (en esta y otras causas) no están en sintonía con el líder: García. Veremos.

Segundas partes

Para aplacar las tensiones ante la posibilidad de cerrar la causa de los contratos truchos, se ofrece como Valium la idea de una segunda parte.

De esto mismo se habló cuando se elevó a juicio la causa contra 18 policías por haberse levantado contra el orden público el 8 y 9 de diciembre de 2013 en Concordia en el marco de un reclamo salarial.

La entonces fiscal general adjunta Cecilia Goyeneche dijo en ese momento que, en una segunda etapa, podría avanzarse sobre otros niveles de responsabilidad por lo sucedido una vez que termine el proceso contra los acusados en esa primera etapa, es decir “avanzar sobre un segundo círculo de responsables, más mediatos y con intereses políticos marcados”.

“Este es un juicio que llevará dos o tres meses y es un desgaste importante para el Poder Judicial, porque hacerlo implica que otros no se puedan realizar mientras tanto. Será una decisión que se tomará cuando termine este juicio y esté claro el panorama. Allí veremos si contamos con elementos para una segunda causa, vinculando a personas que han tenido un rol relevante, si es que surgen”, sostuvo el 29 de abril de 2015.

Han pasado más de cuatro años de esas declaraciones. Diecisiete uniformados fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo pero que no se han podido hacer efectivas dado que el fallo no está firme. ¿Alguien se acuerda de esa causa? ¿Alguien cree que la Justicia seguirá hurgando después de seis años en un contexto, al decir de Goyeneche, que implicaría “que otros (juicios) no se puedan realizar”? Parecería que no. El tiempo borra todo tipo de tropelías. Y a eso lo saben todos.