Ex ministro de Economía, Diego Valiero, se presentó en la Justicia espontáneamente por la causa conocida como “cosechadoras truchas” y complicó a otros ex funcionarios.
El contador había sido denunciado por el promotor de la investigación, Guillermo Mulet, quien en una ampliación de denuncia apuntó a Valiero; al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS). El caso ya tenía bajo la lupa al ministro de la Producción, Roberto Schunk, quien había otorgado un crédito por 574.000 pesos, en 2011 hubo un segundo desembolso por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver). Esa suma de dinero fue destinada al Grupo Senor, a través de la empresa BSV, antecesora de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA para la construcción de cosechadoras. La firma beneficiada quebró en el medio del proceso de otorgamiento de los desembolsos, lo que agravó la situación. Las máquinas no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. La plata no apareció.
Para Mulet, Valiero habría actuado “consistiendo, apoyando y actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay SA, Ricardo Vicente y Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bol, no habrían podido concretar su maniobra delictiva”, la que consistió en solicitar al Poder Ejecutivo la asistencia financiera para la instalación de la empresa. Para el abogado del foro local, la conducta imputada a los funcionarios “resultaría ser la de partícipe necesario, cuyo aporte fue esencial a los fines del hecho delictivo”.
Valiero se presentó en la Justicia con el patrocinio de Julio Federik y en su nota de descargo sostuvo: “La evaluación y opinión sobre la procedencia y conveniencia de la financiación de un proyecto de inversión productivo, como éste, no está a cargo del Ministerio de Economía sino del el Ministerio de Producción por lo que ni siquiera en este punto tuve intervención alguna”, se despachó en el escrito al que tuvo acceso Página Judicial.
El ex ministro también se refirió al cumplimiento y control de las condiciones establecidas para el desembolso de las sumas resultantes de los préstamos otorgados por el Poder Ejecutivo, a través de decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri. “Esta responsabilidad correspondía al Ministerio de Producción, por lo que tampoco en este aspecto esta responsabilidad estaba a mi cargo”. Y agregó: “Consecuentemente, no debía autorizar el pago de cada uno de los desembolsos, ni tampoco firmar los cheques o transferencias respectivas”.
Valiero recordó que en el proceso tomó intervención de competencia la Contaduría General de la Provincia, órgano de control interno establecido por la Constitución Provincial y quien está facultada a formular observaciones a los actos administrativos y suspender cualquier ejecución. “Cosa que no hizo”, cuestionó.
El contador se vio en la necesidad de referirse a la ejecución de las pólizas de caución por incumplimiento de la empresa quebrada que recibió el dinero por parte del gobierno. Dispuse a fin de evitar el perjuicio por incumplimiento (que) se realicen los trámites pertinente para que se reclame ante el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, las sumas correspondientes a las pólizas de caución que garantizaban el cumplimiento de los pagos que no se hicieron por parte de la tomadora del préstamo”.
El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo y la investigación está a cargo del fiscal Gervasio Labriola.
