Expresiones públicas del diputado provincial socialista Lisandro Viale, en relación al proyecto de ley que propone herramientas para combatir el narcomenudeo (combate a la venta de droga en baja escala), motivaron una respuesta del presidente del bloque de senadores justicialistas, Enrique Cresto, que impulsó la discusión del tema hacia fines de 2013.
El concordiense sostuvo que “este es un tema demasiado serio como para jugar al oportunismo” y elogió “el compromiso de Sergio Urribarri para combatir el flagelo de la droga y así proteger a la juventud entrerriana”. El senador consideró que “están dadas las condiciones objetivas, está el compromiso de la justicia provincial, para aplicar una norma como la que se propone y que ahora vuelve al Senado con modificaciones que introdujeron los diputados”.
“Que el diputado Viale se ocupe del proyecto de ley que propone un sistema para combatir la venta de droga en baja escala debe ser celebrado, pero si ejercemos la acción política con responsabilidad no se puede dejar de advertir que no se trata de una cuestión trivial, por lo que con este tema hay que dejar de jugar al oportunismo. Debe ajustarse a la verdad. Hace mucho que trabajamos en el tema porque este Gobierno Provincial y sus legisladores consideran que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado”, afirmó el Senador del departamento Concordia, Enrique Cresto.
El legislador recordó que hace un año comenzó en el Senado el tratamiento del tema, “cuando con firmeza, en orden al compromiso frente a la comunidad y después de evaluar que estaban dadas las condiciones objetivas para avanzar, los 17 representantes departamentales suscribimos en noviembre de 2013 un proyecto de ley para ser debatido y consensuado, con el que de inmediato nos pusimos a trabajar”.
“Es llamativo que el diputado Viale vea riesgo de corrupción policial o aparición de cajas negras, cuando se trata de un proyecto, en pleno tratamiento. Nada dijo cuando en Santa Fe, donde gobierna su partido, el comisario Hugo Tognoli, nombrado en Drogas Peligrosas primero y como Jefe policía provincial después, está siendo juzgado y dio lugar con su accionar al concepto de narcosocialismo”, reflexionó el legislador.
Observó que en Santa Fe “no hay norma específica para combatir la venta de droga en baja escala (narcomenudeo), pero si hay una corrupción policial escandalosa, que ha permitido un crecimiento exponencial del crimen organizado, sumiendo a regiones completas en situaciones de violencia parecen por momentos incontrolables y muestran instituciones desbordadas”.
Cresto lamentó que “Viale aparezca con argumentaciones falsas y ponga en duda el mismo proceso legislativo del que forma parte, mostrando un pensamiento pobre y mezquino, cuando anticipa actitudes de la fuerza de seguridad entrerriana”.
El legislador concordiense fue severo al analizar los dichos del diputado, sobre que el proyecto sanciona el consumo. “Es lamentable mentir a sabiendas. Intenta confundir porque no sabe construir o aportar”, fustigó.
Explicó que esos dichos están alejados de la realidad porque el proyecto sanciona las conductas tipificadas en la ley y en el Código Penal. Los tipos penales necesitan leyes nacionales para modificarse, no provinciales como es el caso de nuestra ley próxima a aprobarse. “A esto Viale lo debería tener claro, lo debe haber oído al tema alguna vez cuando fue legislador nacional”, expresó Cresto.
Cresto dijo que “se debe perseguir a quien vende, sea poca o mucha droga, porque el daño a la salud de los jóvenes es el mismo”. Indicó que los vecinos de Concordia o Paraná, por citar algunas ciudades, reclaman que “se accione contra ese mecanismo que hace estragos en los barrios”. Añadió a su análisis que los fiscales y jueces aplicarán, como siempre lo hacen, en todos los casos, la jurisprudencia de la CSJN, también para los casos de consumo.
El senador de Concordia recordó que la ley 26052 (de 2005) tiene “la impronta, el estilo y el clásico sello de la visión de estadista de Néstor Kirchner, quien – como un buen adelantado a su época- pretendía ya en ese entonces impulsar, con las policías provinciales, una lucha sin cuartel, integral en contra el narcotráfico, con todo el peso de la ley”.
El proyecto entrerriano
El proyecto adhiere parcialmente a dicha ley nacional, asumiendo la provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional N°23.737: a) Tenencia simple (art. 14 primer párrafo – Ley 23.737); b) Tenencia para consumo personal (art. 14 segundo párrafo – Ley 23.737); c) Tenencia con fines de comercialización simple (art. 5 inc. c – Ley 23.737) o agravado (art. 11- Ley 23.737); d) Comercialización de estupefacientes (art. 5 inc. c – Ley 23.737) o agravado (art. 11- Ley 23.737). e) Entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título oneroso simple (art. 5 inc. e – Ley 23.737) o agravado (art. 11- Ley 23.737); f) Entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título gratuito simple (art. 5 inc. e – Ley 23.737) o agravado (art. 11- Ley 23.737); g) Entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título gratuito atenuada (art. 5, último párrafo – Ley 23.737); i) Siembra o cultivo de estupefacientes para consumo personal (art. 5, penúltimo párrafo – Ley 23.737); j) Confabulación para cometer los delitos comprendidos en los delitos de tráfico desfederalizados (art. 29 bis – Ley 23.737) y por último k) Facilitación de un lugar para el consumo de estupefacientes (art. 10, primer párrafo, in fine- Ley 23.737).
Se incluyen como desfederalizados los delitos de suministro infiel o indebido de sustancias medicinales (art. 204 CP); suministro indebido culposo de sustancias medicinales (art. 204 bis CP); producción o fabricación indebida de sustancias medicinales (art. 204 ter CP); incumplimiento de deberes para evitar el suministro infiel o indebido de sustancias medicinales (art. 204 ter CP)
El senador señaló que se ha tomado contacto para construir este proyecto con representantes de la Justicia provincial y Federal. “No todos están en un total acuerdo, pero la herramienta incorpora aportes de prestigiosos penalistas, de autoridades de la Justicia Provincial, de los diputados del Frente para la Victoria, por citar algunos que sumaron”, aseguró Cresto.
Rechazó los dichos de Viale sobre que el proyecto contradice la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tildó de “mentira” el supuesto vertido sobre la posición del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Precisó que ya están adheridas, cada una respetando sus características propias- las Provincias de Córdoba (Junio de 2012), Buenos Aires (2005), Entre Ríos (2007, ley 9783, que se paralizó vía decreto, fundado en una acordada del STJER); La Rioja (2009) y Tucumán (La ley 13/3/14, ley N° 8.644, habilita a la Justicia provincial, a partir de 2015, a intervenir en causas sobre tenencia para consumo personal y venta de drogas al menudeo).
Están estudiando proyectos las provincias de Santa Fe y Chaco.
Sin recetas mágicas
“Es un proyecto fruto del trabajo de quienes no tenemos recetas mágicas, pero asumimos nuestro rol con seriedad, para alcanzar soluciones útiles para el Pueblo. Por eso hay que rechazar la malicia que siembra desesperanza. Lanzan mentiras al aire porque no saben y no quieren proponer, construir. Habrá, cuando la norma se sancione y reglamente, que ajustar procedimientos entre operadores judiciales y policiales, realizando un esfuerzo para que las prácticas y acciones respectivas, estén a la altura de las necesidades de la sociedad”, dijo.
Cresto enfatizó que “no es casual la amplia participación de todos los actores que se ocupan del tema, porque hay responsabilidad y conciencia. Además Entre Ríos cuenta con la decisión del Gobernador Sergio Urribarri de trabajar para aliviar el padecimiento de las barriadas más humildes, por eso se buscan herramientas que protejan el ambiente donde están nuestros jóvenes. No miramos para el costado, hacemos. Creo que Viale ha tomado un camino muy distinto, reñido con la práctica democrática”, concluyó.
