Por Pablo Ayala (*)

 

En medio del despliegue mediático del Gobierno Nacional que intenta instalar la idea de una baja en la pobreza infantil, los indicadores sociales cuentan otra historia mucho más cruda. El enfoque oficial, basado en datos de pobreza monetaria del Indec y un informe de UNICEF, oculta lo central: más de la mitad de los niños y niñas siguen en situación de pobreza monetaria, y la crisis alimentaria familiar se ha profundizado a niveles no vistos en una década.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, actualmente más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes sufren inseguridad alimentaria, el nivel más alto registrado desde hace más de diez años. Esa cifra representa más del 35 % de este grupo etario , lo que señala no solo déficit en cantidad, sino deterioro sostenido de la calidad nutricional.

La seguridad alimentaria, definida por la falta de acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos, ya no es solo una estadística: es una crisis real que afecta el desarrollo físico, emocional y cognitivo de millones. Y se profundiza en contextos de precariedad laboral, falta de redes de contención y hogares monoparentales, en su gran mayoría encabezados por mujeres.

Por otro lado, las autoridades del conurbano bonaerense han reportado un aumento de hasta el 75 % en la demanda de asistencia alimentaria, según relevamientos de intendentes en zonas urbanas. Y referentes como Eugenio Semino han solicitado la declaración de emergencia alimentaria y sanitaria para jubilados, un grupo también severamente golpeado por la inflación y las políticas de ajuste.

Asimismo, el CELS denunció ante la ONU el desfinanciamiento de políticas de inclusión y restricciones al derecho a la protesta, lo que agrava aún más la situación social.

Este cuadro revela una contradicción evidente: mientras el Gobierno se jacta de ciertas mejoras estadísticas, la realidad material de millones de argentinos es de hambre creciente y falta de protección institucional. El desafío pasa por superar la retórica de los números y encarar con verdadero compromiso político la emergencia alimentaria.

Requiere políticas integrales, inversión real y un verdadero rol activo del Estado, junto con coordinación con organizaciones comunitarias. Porque si no garantizamos que cada niño y niña tenga acceso efectivo a una alimentación digna, estaremos fallando en el requisito esencial para cualquier proyecto de desarrollo social.

En este contexto de profundización de las desigualdades y retroceso en derechos básicos como la alimentación, los gobiernos locales cumplen un papel clave. En ciudades como Paraná, donde el impacto de la crisis se vuelve tangible en cada barrio, la gestión municipal asume la responsabilidad de sostener y fortalecer las redes comunitarias, los espacios de cuidado y la asistencia alimentaria, con políticas públicas concretas y una mirada centrada en la dignidad de las personas.

Cuando los grandes discursos fallan, la cercanía, la escucha y la presencia territorial se convierten en herramientas indispensables para garantizar derechos básicos. En momentos de tanta adversidad, el compromiso del Estado local con las infancias, las familias y las organizaciones sociales es también una forma de resistencia frente al abandono y la indiferencia.

 

(*) Subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná.

Fuente: Página Política