Damián Arévalo y Gustavo Bastián, intendentes de Feliciano y San José, presentaron un proyecto alternativo de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que, según afirman, busca defender las “conquistas históricas” de los trabajadores entrerrianos.
Para la dirigente de Agmer Gualeguaychú, Noelia Campostrini, la iniciativa “no constituye una verdadera alternativa de fondo”, aunque “pueda presentarse con otro tono, con menor intensidad o con una redacción menos agresiva”. No obstante, sostiene que el texto “conserva el núcleo del mismo esquema: emergencia, delegación de facultades, aumento de edad, nuevos aportes, posible afectación de haberes y traslado del déficit hacia trabajadores, jubilados y pensionados”.
“El problema no es sólo previsional, también es político. La pregunta de fondo no es si el ajuste viene más fuerte o más moderado, la pregunta que deben responder es quién paga el déficit, quién incumplió antes y quién aparece ahora como variable de ajuste. Los proyectos de Frigerio y ahora Arévalo y Bastián comparten una misma arquitectura”, dice la docente en el texto difundido y enumera: “Declara la emergencia, le entregan al Poder Ejecutivo facultades para mover piezas sensibles del sistema, colocan la ‘sustentabilidad’ como principio ordenador y habilitan mecanismos que terminan cargando el esfuerzo sobre activos y pasivos”.
Para Campostrini, “la pregunta decisiva es qué se habilita”, “y este proyecto habilita algo grave: que la crisis de la Caja se discuta desde el bolsillo del trabajador activo, del jubilado y del pensionado, antes de exigir con toda claridad que el Estado y los municipios cumplan las obligaciones que ya les impone la ley vigente. Esa es la concesión política de fondo. No modera el ajuste: lo legitima desde otro lugar”, afirma la docente que firma, también, como afiliada al Partido Justicialista.
Más adelante compara el proyecto con la Ley 8.732 vigente, y asegura que la iniciativa de los jefes comunales “retrocede, porque lleva la edad jubilatoria de los varones a 63 años y la de las mujeres a 60, y a 65 años para quienes recién ingresen. También castiga la carrera larga al eliminar el adicional que hoy mejora el haber para quien aportó diez años de más. Además, carga sobre el empleado nuevo un aporte inicial del 25 por ciento, muy superior al del resto, por el mismo trabajo y el mismo salario”.
La docente cuestionó que se conserve – a su entender- “uno de los puntos más delicados: la posibilidad de imponer un descuento sobre el haber jubilatorio bajo la denominación de ‘aporte solidario’”. “Si ese descuento no tiene un límite claro, si se define o se gradúa por decisión administrativa y si se aplica sobre un haber ya acordado, el problema constitucional es evidente”, señala y agrega: “El haber previsional integra la esfera patrimonial del beneficiario, y la Constitución provincial protege la propiedad privada. Además, crear o graduar cargas de esta naturaleza exige máxima precisión legal, no delegaciones amplias al Ejecutivo de turno”.
Déficit
“Hay un dato que no puede quedar en segundo plano. La Ley 8.732 ya dice quién debe cubrir el déficit. Su artículo 14 dispone que, ante la insuficiencia de fondos de la Caja, el Estado provincial y las municipalidades adheridas deben solventarlo en la proporción en que lo hubieran originado. El artículo 15 obliga al Estado provincial a suministrar mensualmente las sumas necesarias para pagar la totalidad de las prestaciones. Y el artículo 21 permite retener de manera directa a los municipios los importes adeudados por aportes e intereses”, repasa Campostrini. Y añade: “Antes de pedirle más esfuerzo al trabajador activo o al jubilado, los intendentes Arévalo y Bastián deben responder a preguntas elementales: ¿el Estado cumplió primero con su parte? ¿Los municipios están al día con la Caja? ¿Se determinó con precisión cuánto debe cada jurisdicción? ¿Se ejecutaron las herramientas que la ley ya prevé para cobrar esas deudas?”.
Para la docente, “pedir sacrificio sin transparentar primero las deudas estatales no es coraje político, es elegir la salida más sencilla: cargar sobre quienes menos poder de decisión tuvieron en la formación del déficit”.
“La sustentabilidad del sistema previsional es necesaria. Nadie puede negar la importancia de cuidar el equilibrio financiero de la Caja, pero la sustentabilidad no puede convertirse en una palabra mágica para desplazar derechos, aumentar cargas personales y postergar la jubilación, mientras el Estado y los municipios no demuestran primero haber cumplido sus propias obligaciones legales”, sostiene.
También cuestiona el llamado “aporte político” de hasta el 10 por ciento sobre cargos políticos. “Puede sonar ejemplar, pero tiene un límite evidente: es transitorio, simbólico y acotado. Los cargos políticos pasan, en cambio, los años adicionales de trabajo, los mayores aportes de los activos y los descuentos sobre jubilados quedan. El sacrificio que se anuncia con énfasis es temporal; el que no se anuncia con la misma fuerza es permanente, y lo pagan siempre los mismos”, cierra.
Fuente: Página Política
