El receso judicial extraordinario dispuesto por la cabeza de Poder Judicial y las restricciones impuestas desde mediados de marzo “significan en los hechos que desde el inicio del año 2020 los Tribunales Judiciales y su personal, con las excepciones dispuestas de la superioridad han prestado servicios durante tan sólo 28 días hábiles”, computando la feria judicial de enero, sábados, domingos y feriados.
El cálculo está contenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que impulsa el diputado radical Gustavo Cusinato y que pide la suspensión de la feria judicial invernal como una “adecuada y pertinente medida del Superior Tribunal de Justicia para recuperar jornadas laborales perdidas y regularizar un servicio público esencial como lo es el servicio de justicia”.
La iniciativa se hace eco de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia de Entre Ríos que, a su vez, reciben planteos de sus clientes sobre la necesidad de regularizar la actividad judicial que resultó afectada desde el 17 de marzo con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en la cuarentena. Eso implicó una suspensión del servicio de justicia, al comienzo de un modo indefinido y luego de algunas acordadas votadas por el STJ con el establecimiento de excepciones a la litigación.
“Las sucesivas prórrogas del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) repercutió sensiblemente en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15/03/2020 al mantenerse las restricciones de concurrencia a los lugares de trabajo, la suspensión de plazos procesales y administrativos con prestación mínima del servicio y limitadas excepciones (medidas cautelares, protección de personas, perjuicios irreparables ante la falta de actuación judicial, actuaciones sobre presos y detenidos, amparos y otros), suspensión de audiencias judiciales, subastas y otros trámites, a pesar de la Acordada del 27 de abril ppdo. que intenta resolver con limitaciones este desajuste mediante pautas de trabajo para que los letrados puedan reiniciar sus actuaciones litigiosas”, se lee en los fundamentos del proyecto.
El jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados señala que estas disposiciones afectaron y afecta aún hoy la actividad profesional de los abogados y el acceso a la justicia de las personas, que “ven restringido su elemental derecho a la jurisdicción (art. 65 de la Constitución de Entre Ríos) por causas sanitarias que razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a mediados de marzo de 2020 pero que deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido y decidido retorno a la normalidad”.
