La causa en la que se investiga la supuesta comisión de delitos en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 tendrá, por estos días, un poco de glamour. Fue llamado a indagatoria Jorge “Corcho” Rodríguez. La convocatoria está prevista para el viernes y la misma será ante el fiscal Santiago Brugo, a las 11, según supo Página Judicial.
Rodríguez, que fue noticia la última semana en la que se lo sindica como lobbysta de Odebrecht en la Argentina, tendrá que explicar en la Justicia entrerriana contrataciones de publicidad que hizo con el gobierno de Sergio Urribarri a través de la empresa de publicidad Nelly Entertainment SA, propiedad también de Facundo de Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Información aportada por funcionarios del Tribunal de Cuenta de la provincia – supo Página Judicial – dejaron entrever abismales diferencias entre el valor del mercado y lo que pagó el Estado por los servicios prestados.
La firma aludida – en su momento- negó haber tenido una participación en el evento diplomático que congregó en esta capital a presidentes de América del Sur.
Otro dato que complica la situación del ex de Susana Giménez es que esa contratación no salió por una resolución de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la Ley 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. Sino, que en este caso, el contrato quedó plasmado en un decreto de la Gobernación con la firma de Urribarri y el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Éste último también fue citado para este jueves.
La contratación en forma directa de la productora de Rodríguez que investiga la Justicia es por la difusión en televisión de cuatro avisos publicitarios (tres de 60 segundos y uno de 45 segundos) durante 15 días consecutivos. Por ese contrato, la productora cobró $31.460.000, según consta en el decreto 4.800 de 2014.
Rodríguez ya no estaría en la firma, aunque en una asamblea de marzo de 2016 aparece como accionista.
Locales
La causa del Mercosur es un expediente voluptuoso. Están implicados funcionarios y empresarios locales. Para que se pudiera llevar adelante la Cumbre fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, de Miguel Marizza, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos.
Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la UOCM, integrada por funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras. De ese ámbito fue parte Marizza, que, también, se alzó como uno de los principales contratistas. La actual directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes, integró la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, por eso la Justicia también puso la lupa en su accionar hace tres años.
