Por Stefanía Zalazar
Cada 18 de junio se conmemora el Día Internacional para Contrarrestar los Discursos de Odio, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021 ante la creciente preocupación por la expansión de expresiones discriminatorias, xenófobas y violentas en distintos escenarios sociales, políticos y culturales.
La resolución reconoce que los discursos de odio constituyen un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales y que representa un desafío para las sociedades democráticas contemporáneas. En este sentido, exhorta a los Estados, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los distintos actores sociales a promover iniciativas destinadas a fortalecer el diálogo, la tolerancia, el respeto por la diversidad y la defensa de los derechos humanos.
La preocupación de las Naciones Unidas no resulta casual. En los últimos años, los conflictos internacionales, la polarización política, la creciente fragmentación de los debates públicos y la expansión de las redes sociales han generado condiciones propicias para la circulación de discursos que promueven la exclusión, la estigmatización y la construcción de enemigos sociales o políticos. En muchos casos, estas expresiones no solo deterioran la calidad del debate democrático, sino que también pueden contribuir a legitimar prácticas discriminatorias y distintas formas de violencia simbólica y material.
Por ello, la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Discurso de Odio enfatiza la necesidad de desarrollar respuestas integrales que combinen educación, alfabetización mediática y digital, promoción de los derechos humanos, investigación y fortalecimiento de la participación ciudadana. La resolución más reciente sobre la temática, aprobada en 2025 por la Asamblea General, profundiza esta perspectiva al destacar la importancia del diálogo intercultural, la cooperación entre instituciones y la construcción de herramientas capaces de prevenir la propagación de narrativas de odio.
En Argentina, esta problemática también ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años, en un contexto atravesado por una fuerte polarización política y social, la transformación de las formas de comunicación pública y la expansión de las redes sociales como espacios centrales de debate e interacción. La circulación acelerada de información, opiniones y contenidos digitales ha generado nuevos desafíos vinculados a la desinformación, la simplificación de los conflictos y la construcción de identidades políticas a partir de la confrontación con un otro considerado como enemigo.
En este escenario, distintos debates académicos y sociales han advertido sobre los efectos que determinadas formas de comunicación pública pueden producir sobre la calidad democrática cuando recurren a la estigmatización, la deshumanización o la negación de la legitimidad del adversario. El problema no radica únicamente en expresiones individuales de intolerancia, sino en la consolidación de prácticas discursivas que pueden afectar las condiciones necesarias para el diálogo democrático y la convivencia plural.
Por ello, el abordaje de los discursos de odio en Argentina requiere una mirada amplia que contemple no solo las respuestas jurídicas o institucionales, sino también el papel de la educación, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las universidades en la construcción de herramientas que permitan interpretar críticamente los discursos que circulan en el espacio público.
En consonancia con estas preocupaciones, en la provincia de Entre Ríos se han impulsado distintas iniciativas orientadas a visibilizar y abordar la problemática de los discursos de odio desde el ámbito legislativo y educativo.
Entre ellas se encuentra el proyecto de ley promovido por el diputado Sergio Castrillón, mediante el cual se propuso la adhesión de la provincia a la conmemoración del Día Internacional para Contrarrestar los Discursos de Odio, establecido cada 18 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Proyecto de Ley N° 26.486). Asimismo, el diputado José Krämer impulsó la campaña de concientización denominada “La escuela contra los discursos de odio” (Proyecto de Ley N° 26.623), orientada a promover acciones de sensibilización y reflexión en instituciones educativas de nivel primario y secundario.
Ambas iniciativas constituyen antecedentes relevantes en la incorporación de esta problemática dentro de la agenda pública provincial. Si bien fueron presentadas como propuestas legislativas, no lograron avanzar en su tratamiento parlamentario, lo que evidencia tanto la existencia de una preocupación institucional sobre el fenómeno como los desafíos que aún persisten para consolidar respuestas sostenidas desde el ámbito estatal.
Estas iniciativas expresan la importancia de incorporar la problemática de los discursos de odio en la agenda pública provincial y reconocen el papel central de la educación como herramienta para fortalecer la convivencia democrática, prevenir prácticas discriminatorias y promover el respeto por los derechos humanos.
Junto con las iniciativas legislativas, las universidades también cumplen un papel fundamental en la producción de conocimiento y en la construcción de estrategias de prevención. Como espacios de formación, investigación y extensión, poseen la capacidad de generar ámbitos de reflexión crítica sobre fenómenos que impactan directamente en la vida democrática. En este marco, la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, a través del área de Compromiso Social, presentará el próximo 19 de junio el proyecto de extensión universitaria “La importancia de los discursos de odio en la calidad democrática: análisis y estrategias de prevención desde la extensión universitaria”.
La iniciativa tiene como objetivo promover una comprensión crítica de los discursos de odio y analizar sus efectos sobre la calidad democrática, mediante acciones de sensibilización, alfabetización mediática y digital, investigación aplicada y vinculación con instituciones educativas. A través del desarrollo de talleres participativos y espacios de reflexión colectiva con estudiantes de nivel secundario, el proyecto busca fortalecer capacidades para identificar, problematizar y analizar críticamente los discursos que circulan en el espacio público, especialmente aquellos que reproducen prácticas discriminatorias o vulneran derechos fundamentales.
De este modo, la propuesta se inscribe en el compromiso de la universidad con la construcción de ciudadanía democrática, generando instancias de formación y participación orientadas al respeto por la diversidad, la inclusión y la promoción de los derechos humanos.
Sin embargo, la existencia de iniciativas legislativas, educativas y académicas también invita a formular una pregunta necesaria: ¿son suficientes estas acciones para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y extendido?
La respuesta probablemente requiera reconocer que los discursos de odio no constituyen únicamente un problema comunicacional ni una suma de expresiones individuales. Se trata de fenómenos que se inscriben en contextos sociales, culturales y políticos más amplios, donde intervienen procesos de polarización, dinámicas de desinformación, desigualdades estructurales y formas de construcción identitaria que muchas veces encuentran en la exclusión del otro una fuente de legitimidad.
En este sentido, las respuestas institucionales resultan indispensables, pero difícilmente suficientes por sí solas. La adhesión a una fecha internacional, la promoción de campañas de concientización o el desarrollo de proyectos educativos constituyen pasos importantes, aunque el desafío de fondo continúa siendo la construcción de una cultura democrática capaz de sostener el diálogo aun en contextos de desacuerdo, reconocer la legitimidad del pluralismo y rechazar aquellas prácticas que degradan a las personas por su identidad, sus creencias o sus posiciones políticas.
La conmemoración del 18 de junio ofrece una oportunidad para visibilizar los avances realizados, pero también para reflexionar sobre las tareas pendientes. Contrarrestar los discursos de odio no implica únicamente responder a sus manifestaciones más evidentes, sino también fortalecer las condiciones sociales, educativas y culturales que hacen posible una convivencia democrática basada en el respeto, la dignidad humana y el reconocimiento de la diversidad. El desafío no consiste únicamente en limitar aquellas expresiones que vulneran derechos, sino en fortalecer una cultura democrática donde el desacuerdo pueda expresarse sin recurrir a la exclusión, la violencia simbólica o la negación del otro.
Fuente: Página Política
