La tormentosa salida de Emilio Castrillón del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con una jubilación express y en medio de un proceso de juicio político que se aventuraba escandaloso, ya abrió el debate por la sucesión en la Sala Civil y Comercial. El que lanzó la primera piedra fue el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con críticas a la resolución del proceso que envolvió al magistrado saliente y un pedido que se repite ante cada vacante en el alto cuerpo: “que la persona elegida esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía”.
“Desde el Colegio de la Abogacía creemos importante remarcar que el no respeto al procedimiento constitucional del juicio político genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad que lesionan a los poderes del Estado, la vigencia de la división de poderes y el juego de frenos y contrapesos del sistema democrático”, expresaron desde la entidad.
No obstante, ante el hecho consumado de la salida de Castrillón del alto cuerpo, el Colegio de la Abogacía solicitó al Poder Ejecutivo “que en el proceso de selección de quien ocupe dicho lugar se considere que la persona elegida esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía, que tenga idoneidad en la materia de la Sala que integrará y que con su designación se cumpla con la norma que garantiza paridad de género”.
Este último punto es clave: quien reemplace a Castrillón deberá ser necesariamente una mujer. La ley de paridad integral, aprobada el año pasado, establece “la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50 por ciento para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación”. En el STJ, de nueve vocales, siete eran varones, hasta la salida de Castrillón. La ruleta de nombres ya comenzó a rodar.
Los coletazos del frustrado proceso del juicio político a Castrillón también se colaron en el comunicado del Colegio de la Abogacía, en un reclamo al Poder Ejecutivo para que su sucesor “cuente con antecedentes de buen decoro, y lo cumpla tanto afuera como adentro de la oficina Judicial, ya que la dignidad y probidad de los magistrados incluye el deber de mantener con altos estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad que hacen al imprescindible consenso social que legitima el ejercicio del poder público”.
La entidad se hizo eco también de los reclamos de la sociedad para que haya “una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado”.
Por último, la entidad sostuvo que no se debe “naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso” y le asestaron un golpe al Gobierno, a través de la Caja de Jubilaciones: “Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio”.
Fuente: Página Judicial
