Como anunció la semana pasada Página Política, el proyecto de Ley de Ética Pública se trabó por modificaciones al texto original que había logrado acuerdo para que salga por unanimidad. Una fuente legislativa del oficialismo confesó a este medio que, “lamentablemente”, saldrá la semana que viene, pero con un dictamen de minoría que presentará el peronismo. No obstante, con un buen trabajo de comunicación, para afuera, quedará que el PJ se negó a votar la ley. Título tentador: “Sin el voto del peronismo, el Gobierno avanzó con…”. “Gobernar es comunicar”, dijo el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
El primer cambio que molestó a la oposición fue que el titular de la Oficina de Ética Pública será designado por el Poder Ejecutivo y no por concurso, como se había logrado negociar en comisión.
El primer texto expresaba que el cargo sería el resultado de un “procedimiento de concurso de antecedentes y oposición cerrado dentro de la administración pública provincial, y durará cinco (luego pasó a cuatro) años en el cargo pudiendo ser reelegido por única vez”.
El actual, que generó críticas en la oposición, dice que “el titular de la Oficina de Ética Pública deberá contar con el título de abogado y reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Será designado por el Poder Ejecutivo, y permanecerá en sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una única vez”.
En resumen: se quita el concurso.
Las modificaciones, confiaron en Juntos por el Cambio, llegaron del Poder Ejecutivo quien, además, fue el que impulsó la creación de este organismo.
La primera traba, de la que dio cuenta Página Política, fue cuando dos legisladores de Juntos por el Cambio se negaron a dar su voto si se incluía la “cláusula negacionista”, que finalmente se integrará y contará con las firmas de todo el bloque. ¿Qué sucedió entonces? Si se ingresa en el ámbito de la sospecha, se podría pensar que fue una cortina de humo para ganar tiempo y redactar de nuevo los artículos en cuestión. Fue raro, muchos de los legisladores se enteraron por este medio que se había dado marcha atrás, cuando se fueron a sus casas satisfechos con el acuerdo.
Hubo otro punto, que no trascendió en la esfera pública fue la decisión del bloque oficialista de sostener en el texto la obligatoriedad de que todos los empleados públicos y los funcionarios deban presentar el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia para permanecer en el cargo. Tendrán un plazo de 60 días para que cumplan con ese requisito todos “los sujetos comprendidos en la presente ley” como condición para conservar el cargo ejercen.
Los teléfonos de los legisladores comenzaron a sonar. Del otro lado, los que marcan los números son dirigentes gremiales pidiendo explicaciones.
Las semana que viene se aprobará la ley, pero según una alta fuente del oficialismo no será por consenso, como se pretendía.
Fuente: Página Política
