Gustavo Bordet tiene en suerte presenciar desde el sillón de Urquiza la etapa final de la renovación que se está dando en el Poder Judicial. Tuvo la oportunidad de elegir a un vocal, ahora deberá hacer lo mismo ante una nueva vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Como si fuese poco, seguramente le tocará decidir sobre un nuevo procurador general.
Carlos Chiara Díaz fue reemplazado por Miguel Ángel Giorgio. La llegada del concordiense a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal fue una propuesta de la oposición. El senador radical Raymundo Kisser, el diputado del PRO Esteban Vitor, y el dirigente del GEN Rubén Pagliotto acercaron el nombre del camarista al Gobernador en el marco de un abanico de posibilidades. Bordet aceptó luego de dejar fuera de la cancha a Julio Federik, el penalista que también contaba con el visto bueno de Rogelio Frigerio.
Leonor Pañeda se jubiló pero aún no hay un reemplazante a la vacante que quedó en la Sala Número 2 en lo Civil y Comercial.
Volvió a surgir, en la periferia del Gobierno, la idea de fijar en siete el número de vocales y, así, acercarse a lo que sucede en otras provincias. Por caso Santa Fe, que tiene cinco. No hay avances en el planteo.
En este sitio se adelantó hace unos meses que Bordet seguramente deberá elegir un procurador tras la jubilación de Jorge Amilcar García. El titular del Ministerio Público Fiscal lo desmintió. Dijo que lo que aquí se había publicado no era verdad. Hace dos semanas reconoció, en una entrevista radial, que a fin del año que viene se estaría retirando.
El procurador ocupa un lugar delicado en el ecosistema. Es quien fija la política criminal y decide la persecución penal al frente de un organismo que se jacta de ser verticalista. García quisiera dejar a Cecilia Goyeneche en su lugar. La procuradora adjunta fue designada como fiscal anticorrupción hace unos días. Se trata de una tarea que venía ejerciendo, pero ahora lo hará desde una plataforma que contará con un equipo de peritos. ¿El ungimiento de Goyenehche es el inicio de una campaña para suceder a su alterno más directo o un premio consuelo? Otros nombres suenan para el lugar de García. Rafael Cotorruelo, soltó un vocal, al pasar.
En la comunidad judicial dan por hecho que Rosario Romero tendrá seguramente su candidato. Le endilgan a la ministra de Gobierno, con razón, excelentísimos lazos con quienes ejercen el poder al otro lado de la Plaza Mansilla. Su función se lo exige en lo institucional. Su vocación política también. Jorge Busti, cuando a García se lo cuestionaba por no investigar durante los gobiernos de Sergio Urribarri, decía que no había sido él sino José Carlos Halle como secretario de Justicia quien eligió al procurador. ¿Qué dirá ahora, que lo tiene a los saltos al ex mandatario? A propósito, ¿se sabe algo del actual titular de la cartera de Justicia, Pablo Biaggini?
Otra pregunta más intrigante: ¿Bordet tiene su candidato para la Procuración, lo elegirá cuando llegue el momento, o compartirá su decisión con la oposición?
Los delegados de Frigerio
Pagliotto y Guillermo Mulet se han entrevistado con Frigerio en Buenos Aires. No es una novedad. Ellos mismos lo han hecho público. La posible designación del segundo en la futura Cámara de Casación Penal de Concordia surge, según dejaron trascender en Cambiemos, de un acuerdo con Bordet y apoyo de Frigerio y Emilio Castrillón. Vueltas de la vida, Pagliotto podrá jactarse de tener a su amigo en la Justicia con el apoyo del vocal a que impugnó cuando fue propuesto para el STJ por Busti. La crisis, como se ve, ya no es solo de los partidos políticos.
El Gobernador colocaría en la codiciada Cámara de Casación Penal de su ciudad a Darío Perroud y Martín Carbonel. Así lo dejaron trascender en Cambiemos para justificar a Mulet, su hombre. Nada para despotricar, el peronismo ha armado la Justicia como quiso.
Los dos abogados, enrolados en la oposición, estuvieron en Buenos Aires el jueves pasado para entrevistarse con el juez estrella Claudio Bonadío, quien no pudo atenderlos. La recepción estuvo a cargo Enrique Rodríguez Varela, el secretario letrado. No habría que ventilar tanto este encuentro. El súbdito de Bonadío es hijo de Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, en la gestión de Ramón Camps. Su hermana Mariana es la reconocida la fanática activista contra el derecho al aborto conocido en las redes sociales como “la loca del bebito”.
La visita en Comodoro Py tuvo como fin-según reconstruyó Página Judicial – para acercarle una hipótesis o mejor la posibilidad de un desprendimiento de la causa de los cuadernos. Pagliotto y Mulet creen que hasta ahora ningún empresario sobre los créditos fiscales que recibían en compensación de las coimas que pagaban a la asociación ilícita de funcionarios, a través de la entrega de facturas apócrifas que cumplían la función de ocultar el destino final del dinero que eran estos retornos. ¿Por qué? Porque todo dinero debe siempre tener una trazabilidad tal que permita acreditar tanto el origen como el destino lícito del mismo. Los abogados de Paraná entienden que el dinero salía del Estado como anticipo financiero a favor del empresario adjudicatario de la obra pública. Iba por transferencia bancaria a su cuenta o se abonaba con un cheque. Contra ese pago se extendía una factura por parte de la empresa. Luego el empresario retiraba esa suma del banco y pagaba la “coima” a los funcionarios. Hay que ver qué dice o si dice algo Bonadío.
