La semana pasada se sucedieron hechos que entrelazan el sistema penal  con la política. Esa conjunción hace años opera sobre la vida institucional de la provincia. Las disputas palaciegas a uno y otro lado de Plaza Mansilla contornean el ecosistema de poder. No están los partidos políticos, los empresarios, los gremios y las universidades en esa tarea. La institucionalidad está en manos de un grupo reducido de personas, entre ellos comunicadores, que son los encargados de poner la agenda en la esfera pública.

El martes Rogelio Frigerio convocó a una conferencia de prensa para anunciar que tramitará la devolución de la plata de los contratos truchos de la Legislatura que -según lo ha expresado- está “harto” de que Entre Ríos se conozca en la escena nacional por esta causa. Le encomendó a los presidentes de las cámaras legislativas que anulen 770 contratos. ¿Cuáles? ¿Los de aquella época? ¿Por qué ahora, si la causa ya estaba en trámite cuando asumió? El Estado está desde el minuto uno en el proceso judicial como actor civil.

Mientras el jefe de Estado hacía el anuncio, a la misma hora, en los tribunales se otorgaban probation (suspensión de juicio a prueba) a integrantes del estudio contable Integral Asesoría donde se administró parte de la maquinaria delictiva que operó entre 2008 y 2018. Nicolás Beber, analista en sistemas y uno de los que conseguía prestanombres para contrataciones sin prestación de servicios, firmó una probation cuando el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de 5 años. Lo mismo ocurrió con otro integrante del buffet y pata intelectual de la asociación ilícita: el contador Guido Krapp, a quien se le había solicitado una pena de cinco años de prisión.

El artículo 76 bis del Código Penal establece la posibilidad de solicitar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba cuando la pena no exceda de tres años. Estamos, entonces, ante la violación del Código Penal de la Nación. Antes lo había hecho el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con empresarios de la construcción. ¿Le dará vergüenza a Frigerio que en su provincia sucedan estas cosas? Posiblemente no esté al tanto porque no salen a la luz.

La salida que se le dio a los integrantes del estudio es una mancha venenosa para la doctora Cecilia Goyeneche. Allí se desempeñó su marido, Sebastián Orlando, cuyo pasado con su par Pedro Opromolla la dejaron a un ápice del fin de su carrera judicial. En Integral Asesoría posiblemente se haya gestionado el emprendimiento inmobiliario de la doctora con el contador y mandamás de ese estudio, Opromolla, ambos propietarios de dos inmuebles en común. Esas inversiones y el no apartamiento de la causa fueron los elementos por los que se destituyó a la entonces procuradora adjunta en el Jurado de Enjuiciamiento, proceso que la Corte impugnó por cuestiones formales.

En ese lugar, en el estudio contable de calle Misiones, llegó a instalarse un Entre Ríos Servicios para agilizar las gestiones de los contratos en cuestión. No parece que haya sido un lugar intrascendente para llevar adelante el desfalco que los peritos estimaron en 2.244 millones de pesos a valores actualizados, o la friolera de 52,9 millones de dólares.

Opromolla, antes de ser imputado, supo llevar la contabilidad de nombres importantes de la comunidad judicial y tribunalicia, quizás por eso el allanamiento lo encontró afuera del estudio y su teléfono nunca fue requerido en la Justicia. Detalles.

Estos hechos no se difundirán en otras plataformas, por lo que los entrerrianos estamos a salvo de esa vergüenza nacional que el Gobernador quiere desterrar, pero aún no se sabe con quién. No parecería tener el acompañamiento de la Justicia.

La primera noticia que se conoció sobre lo que luego se llamaría la “causa de los contratos truchos” fue publicada en Página Judicial y Página Política el 3 de octubre de 2018. Ese día la publicación se tituló: “Allanaron estudios contables vinculados a la Legislatura”. La revelación tuvo escasa repercusión. El Entre Ríos y El Once fueron los primeros en hacerse eco, esa misma jornada. El tema tuvo que esperar una semana para comenzar a ganar espacio, de a poco.

Allanan estudios contables vinculados a la Legislatura

La doctora Goyeneche fue entrevistada hace unos días en su canal favorito, el 9 Litoral. Avaló las suspensiones de juicio a prueba con el argumento de “oxigenar” la Justicia. Pudo haber hecho mención a las  unidades penales, pero no es su perfil.

Opromolla tiene un pedido de condena de 6 años. Para la Fiscalía, a diferencia de los otros dos compañeros de estudio que fueron beneficiados con la probation, era un reclutador. Sin embargo, una evidencia que está en el legajo muestra que Beber, por ejemplo, también lo era:

Opromolla y Goyeneche rompieron relaciones cuando la causa se convirtió en escándalo. Ambos supieron tener, además, viajes compartidos que registros fotográficos supieron ilustrar algunas crónicas de la época. A rezar que no lleguen a Buenos Aires. La doctora, con ascendencia en fiscales, no pide por su ex socio. Habrá que ver cuál es su suerte.

El Gobierno decidió poner a la causa de los contratos truchos como plataforma de la campaña electoral. Ya se advierte parte de la parafernalia circulando.

Los hechos que se acaban de relatar no integrarán la narrativa oficialista. Quedarán, apenas, en las cuatro cuadras perimetrales de Plaza Mansilla. Todo lo demás saltará la frontera a instancia de la botonera gubernamental. El oficialismo gozará de las herramientas, mientras sea oficialista.

Fuente: Página Política