El Gobierno de Entre Ríos emitió una declaración pública ante las advertencias de la Multisectorial de Derechos Humanos que denunció “el desmantelamiento” de las políticas de memoria, verdad y justicia ante la caída de contratos en el Registro Único de la Verdad.
“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: no existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV); no hay cesantías ni despidos de trabajadores”, se expresó oficialmente.
“En el ámbito del Registro Único de la Verdad se adoptó una decisión administrativa consistente en no renovar tres contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas. Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo”, se aseguró y se enfatizó que “el resto del personal continúa desempeñando sus funciones con absoluta normalidad”.
Se hizo saber que el organismo “cuenta actualmente con siete trabajadores de planta permanente, lo que garantiza plenamente el funcionamiento regular, continuo y efectivo del área”.
En este sentido, se afirmó que “de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de Derechos Humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.
“La presencia del Estado provincial en dichas causas se encuentra plenamente garantizada, así como también la representación provincial en los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad, dado que existen, tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos, profesionales debidamente calificados y con competencia suficiente para ejercer dicho rol, asegurando la continuidad institucional y el compromiso del Estado entrerriano en esta materia”, se expresó.
Pedido de audiencia a Frigerio
La Multisectorial hizo público este jueves un pedido de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio para abordar la continuidad de políticas en materia de Derechos Humanos. También se tramitó un encuentro con las autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos para manifestar la “profunda preocupación” por la situación del RUV.
A través de notas dirigidas al mandatario provincial, así como al diputado Fabián Rogel y al senador Martín Oliva, presidente y secretario de la Bicameral, las organizaciones denunciaron “un proceso de vaciado institucional que pone en riesgo más de 20 años de construcción de memoria y justicia en la provincia”.
Se afirmó que han quedado “solo tres trabajadores en funciones” y que hay “falta de coordinación ante la ausencia de una dirección que planifique y ejecute políticas públicas”.
Se dio cuenta además de “una crisis de infraestructura” edilicia para la labor así como también se pidió tomar recaudos ante “el riesgo del acervo documental” que custodia el área.
Fuente: Página Política
