Lo anunció Gustavo Bordet en Santa Elena. El tema es novedoso, porque sucedió hace 13 años y en un gobierno justicialista. El Gobernador hizo saber este martes en la mismísima ciudad de Santa Elena que investigará la trama por la cual Luis Félix Etchevehere adquirió a precio vil hectáreas que pertenecían a la Escuela Agrotécnica del paraje “El Quebracho” vendidas por el entonces mandatario, Jorge Busti.

“Como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas”, dijo Bordet.

Y agregó: “Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria y a los alumnos que son los que hacen allí sus prácticas y tienen una posibilidad de futuro”, afirmó ante la comunidad de Santa Elena.

“Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación”, dice el comunicado oficial. El periodista Jorge Riani reveló a Página Política que Busti le reconoció que la venta fue para “no tener El Diario en contra”.

Mientras el Gobernador hacía este anuncio, el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, se presentaba en los tribunales para prestar indagatoria por una causa en la que se investiga el vaciamiento de El Diario.

La decisión de Bordet surgió luego de que el senador justicialista por el departamento La Paz, Amilcar Genre Bert, presentara un proyecto, muy preciso en sus puntos, solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre la totalidad de los documentos y archivos estatales acerca de la venta y/o transmisión de las tierras de la estancia “El Quebracho” que pertenecieron al Frigorífico Santa Elena.

“Luego de la venta de los Etchevehere se produjo un conflicto, yo no era el fiscal, pero lo que sé es que se habrían producido dos situaciones. Por un lado cuando se vende el Frigorífico Santa Elena residual, Etchevehere habría avanzado con la mensura sobre superficie de la escuela. La otra situación es que la escuela alquilaba esa parte que se había vendido y el contrato no se cumplió”, narró Julio Rodríguez Signes en declaraciones al programa Buen Día, que se emite por FM Litoral.

El fiscal de Estado sostuvo que ya “hubo un proceso penal, con imputados, pero luego con el fallecimiento de (Luis Félix) Etchevehere se extinguió la acción penal”. No obstante, señaló, que “el hecho material de la usurpación existió, por lo menos en grado de verosimilitud suficiente para que en aquel momento se dictara el procesamiento”.

“El Gobernador nos instruirá para ver si hay efectiva un perjuicio que reclamar”, apuntó.

Contexto

La inquietud del senador se conoció el 30 de octubre pasado, un día después de que la jueza Carolina Castagno desalojara a Dolores Etchevehere y militantes del Proyecto Artigas, que tiene a Juan Grabois como dirigente de taquilla.

Ese mismo día, el 30, el juez Carlos Ríos llamó a indagatoria a los hermanos Etchevehere y los hermanos Walter y Viviana Grenon por la causa mencionada más arriba que tenía ocho años y no se había movido pese a la cantidad de evidencia.

El jueves pasado, monseñor Jorge Lozano, ligado al Papa, brindó una entrevista al sitio Letra P donde apuntó a “la clase política” y dijo que “no puede convalidarse la compra de tierras por amigos del poder”. Las palabras del referente de la Pastoral Social parecieran calzar justo en el guión de un documental que bien podría realizarse en Entre Ríos.

El ex secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), César Baudino, está juntando firmas para que las tierras fiscales “regaladas” a un privado vuelvan al Estado. El último congreso del gremio docente apoyó ese petitorio.