La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió a integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, luego de que se diera a conocer un informe sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaldías. La funcionaria aseguró que la provincia no tiene el alojamiento en comisarías como práctica y afirmó que “en Entre Ríos se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.

La ministra recibió a una comitiva nacional integrada por Diana Conti, Gustavo Palmieri y Alan Iud, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, luego de que los organismos de derechos humanos de la provincia hicieran público un informe en el que relevaron catorce comisarías y alcaidías y señalaron que “la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos”.

En la reunión, la ministra hizo un repaso por las obras realizadas en el Servicio Penitenciario durante las dos gestiones del gobernador Gustavo Bordet y resaltó que se duplicó la capacidad de las unidades penales, construyendo 650 plazas solo entre los nuevos pabellones de las cárceles de Paraná, Federal y la nueva de Gualeguaychú.

No obstante, afirmó que “Entre Ríos no tiene una realidad de alojamiento en comisarías como práctica, ni en aplicación de la Ley Número 3.815 (de contravenciones) que es mínima y está próxima a reformarse, ni en la decisión de los jueces, que establecen la prisión preventiva como excepción y cuando la ordenan, se cumple en las unidades penales” y agregó que “el alojamiento en comisarías es excepcional y puede ser en algunos casos por horas hasta que las personas sean puestas a disposición del juez actuante. Las alcaidías en algunas ciudades ni existen o no se usan”.

Dijo también que “en la ciudad de Paraná, no se alojan detenidos a disposición del Poder Judicial en comisarías, sino que van directamente a la alcaidía de tribunales, que depende del Poder Judicial y en este momento también está siendo refaccionada”.

“Es importante tener debidamente en cuenta que a diferencia de la provincia de Buenos Aires o de otras, donde esa práctica es habitual, en Entre Ríos los detenidos van directamente a disposición de los juzgados”, sostuvo la ministra.

“Una cosa es reflejar una dependencia con algún deterioro, pero que no viene siendo usada y otra cosa es poner en balance o equilibrio todas las tareas que el Estado entrerriano viene realizando en la estructura del sistema penitenciario, que es donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas”, agregó en tono crítico.

La ministra Romero no esquivó la polémica en cuanto a un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos para la implementación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

El eje de la discusión está planteado en el reclamo de los organismos de derechos humanos para que los representantes de la sociedad civil perciban una remuneración, algo que está previsto en la ley, pero que el Gobierno pretende modificar y que el trabajo se realice ad-honorem.

En ese sentido, la funcionaria provincial dijo: “Yo sé que de parte de la Red (de organismos de derechos humanos) que hizo este relevamiento existe un reclamo de la integración de siete cargos legislativos para el Comité contra la Tortura en Entre Ríos, hay una propuesta que se ha realizado a las organizaciones de reducir este número en aras de lo que es la realidad del Estado entrerriano y el empleo público y estamos trabajando y hemos ofrecido alguna alternativa, que espero sean aceptadas por las organizaciones de derechos humanos”, afirmó la ministra.

Por otra parte, indicó que “en Entre Ríos, la formación en derechos humanos es permanente” y que los policías y agentes penitenciarios deben cumplir con la capacitación en género y diversidades que establece la Ley Micaela y que tienen materias obligatorias en las currículas de los institutos de formación como en los cursos para los ascensos.

 

Un repaso por las obras

En la reunión con los comisionados nacionales la ministra también repasó las obras que ha encarado el Gobierno provincial en las unidades penales y lugares de encierro transitorio durante la gestión de Gustavo Bordet.

“En las dos gestiones del gobernador Bordet se han hecho ingentes esfuerzos por mejorar el sistema carcelario con obras en Paraná, Federal y en la cárcel modelo El Potrero de Gualeguaychú, lo que nos ha dado la posibilidad de cerrar definitivamente la histórica Unidad Penal 2”, señaló la ministra.

En ese sentido, detalló una serie de reparaciones, refacciones y cambios de mobiliarios que se han realizado en los últimos meses en la Alcaidía Contravencional de Paraná, en las alcaidías de Concordia, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay, Diamante, Federal, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Según se indicó en un comunicado de prensa, las mejoras consistieron en refacciones, reparaciones edilicias, trabajos de pintura, cambio de mobiliarios y reparaciones sanitarias.

Además, en la Unidad Penal Número 9, se culminó con la primera etapa de la obra de pabellones que consta de dos módulos de alojamiento que permiten incorporar 144 plazas nuevas, 72 en cada pabellón. Esta obra cuenta con 18 celdas por pabellón, grupo sanitario, celaduría, patio cubierto y patio exterior. Asimismo, se continúa con la segunda etapa que consta de tres pabellones de alojamiento. La misma se encuentra con un avance del 70 por ciento, se indicó oficialmente.

En tanto, en la Unidad Penal Número 8 de Federal, se continúa con la obra del anexo alojamiento que se trata de dos pabellones con ingreso diferenciado. Esta primera etapa, que comprende 26 celdas dispuestas en dos pabellones con sanitarios, comedor, salones de visita, celaduría y cerco perimetral, tiene un avance del 80 por ciento. En esta unidad se podrán albergar, una vez finalizada la obra, un total de 100 nuevos internos.

Estas dos ampliaciones, dijo la ministra, permitirán el traslado de los 270 internos alojados en la Unidad Penal Número 2 de Gualeguaychú y su reubicación para cerrar definitivamente la cárcel más antigua de la provincia, ofreciendo mejores condiciones y herramientas de inserción para las personas privadas de la libertad.

Fuente: Página Política