En esa situación de excepción, la medida más importante fue la ley de Emergencia Solidaria. La norma instala una discusión sobre los enormes desequilibrios en los sueldos que paga la provincia. Es un debate que, en diálogo con Página Política, Bordet se muestra decidido a dar, más allá del año y medio de duración de la emergencia.
-¿Para qué va a alcanzar la ley de Emergencia Solidaria? ¿Será suficiente? ¿Se puede esperar más ajuste?
-No tomo la ley de emergencia como un ajuste. Fue una herramienta transitoria para ordenar las cuentas públicas a fin de poder cumplir con los compromisos en medio de una pandemia que fue excepcional y que crea una incertidumbre enorme sobre el futuro y cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Por eso tiene un comienzo y un final, no es una ley para quedarse. En 2015 dije que los trabajadores no iban a ser variable de ajuste y en mi gestión no se despidió a un solo trabajador. Cuando asumí había 90.500 empleados y hoy hay 87.300, sin echar a nadie.
No he ajustado sobre la obra pública, porque no la he parado. Aumentamos el gasto en Salud y en Desarrollo Social.
-Cuando hablaba de ajuste no me refería específicamente a los trabajadores, sino en general a un ordenamiento mayor del gasto público, a si hay fugas del gasto que se puedan corregir.
-Absolutamente. Primero el gasto político, que tiene una incidencia pequeña en el conjunto del presupuesto, pero es un tema muy sensible en la sociedad y opera como factor del ordenamiento para abajo. Hicimos una reducción muy fuerte de funcionarios. Bajamos a la mitad los ministerios y pasamos de 650 a 430 funcionarios. Por ejemplo en Sidecreer donde había tres directores, ahora hay dos y no cobran (por esa función); uno es un funcionario de Economía y otro de Desarrollo Social. Estamos buscando eliminar todo gasto superfluo, porque entendemos que esto es un factor de ordenamiento. Pero el gasto completo de funcionamiento del Estado, obra pública, salud, atención social de la población, es el 9%. Ahí es donde achicamos fuertemente. Después hay un 4% de pago de intereses y capital de deuda; 13% del déficit de la Caja de Jubilaciones; y el resto es salarios (sueldos y jubilaciones). Tratamos de ajustar en ese 9% el gasto improductivo. No he ajustado sobre la obra pública, porque no la he parado. Aumentamos el gasto en Salud y en Desarrollo Social.
-Una vez finalizada la emergencia ¿cuál sería el fundamento para retomar la vigencia de convenios en los que no está sentado el secretario de Trabajo discutiendo con sus trabajadores una pauta de incremento?
-Cuando termine la emergencia tenemos que ver cómo queda el equilibrio salarial en cuanto a lo que es administración pública y el resto que no están dentro de las paritarias pública. La idea es retomar los convenios. Necesitamos un tiempo de transición para reacomodarnos y evitar asimetrías que iban a ser muy marcadas y que además no íbamos a poder pagar.
-El impacto de la ley de emergencia fue sobre los salarios de más de 75.000 pesos. Eso implicaba sólo el 11 por ciento de los trabajadores ¿Cómo evalúa la realidad del trabajador estatal y docente y cómo encara el proceso de paritarias que acaba de abrirse?
-En la medida en que vaya mejorando la estructura de ingresos vamos a mejorar el salario de los trabajadores públicos. Hoy vemos que hay una curva que empieza a retomar los niveles de actividad económica, aunque estamos todavía muy por debajo de los índices de inflación. Alguien podrá decir que la recomposición es insuficiente, pero lo vamos a hacer. Convocamos a los gremios, hicimos una propuesta, vamos a escuchar una contrapropuesta. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo porque entendemos que, sobre todo los salarios más bajos hasta 100 mil pesos, necesitan una recomposición. Lo vamos a hacer, porque hay una posibilidad de lograrlo, a cuenta de establecer un aumento paritario cuando se normalice la situación.
Cuando termine la emergencia no queremos seguir gravando sueldos de trabajadores. Pero quienes tienen sueldos muy altos, de más de 200 mil pesos no pueden aportar lo mismo que un trabajador que gana 20.000.
-Una de las asimetrías aparece con la ley de enganche ¿Se va a discutir después de la emergencia?
-Todo está para discutirse y para charlar. Hablé con la Asociación de Jueces y Magistrados y tienen en algún punto razonabilidad en el planteo de que para el Poder Judicial es difícil negociar los aumentos salariales con el Poder Ejecutivo por la independencia de poderes. También a nosotros nos parece que no hay razonabilidad cuando la Corte da aumentos completamente desproporcionados a los de la administración central. Se podría avanzar en encontrar un mix, poniendo topes para que no haya desfasajes. Lo cual no quiere decir que se prorrogue o no el desenganche. Lo que hay que evitar son las asimetrías que son muy graves. El Poder Judicial está enganchado con la Corte, pero los jueces entrerrianos se jubilan por la Caja provincial, que tiene garantizado un 82% móvil. Los jueces federales se jubilan por el sistema nacional, que llegará apenas al 70%. Esto impacta también sobre el déficit de la Caja. Hay que verlo como un todo. Pasa también en otros organismos del Estado. No pueden estar cobrando sueldos privados y jubilarse por la Caja provincial o tener sueldos tan altos. Un director de cualquier empresa del Estado gana mucho más que el gobernador. Y no es un tema de quien gana más o menos. Es factor de ordenamiento. Son las cosas que empezamos a discutir con esta ley, y que cuando termine habrá que seguir discutiendo. Cuando termine la emergencia no queremos seguir gravando sueldos de trabajadores. Pero quienes tienen sueldos muy altos, de más de 200 mil pesos no pueden aportar lo mismo que un trabajador que gana 20.000. Porque uno se va a jubilar con 160 mil pesos y el otro con 16 mil pesos.
-Queda claro entonces que la emergencia es un primer paso para encarar una solución al déficit de la Caja de Jubilaciones.
-Absolutamente. Lo dije el 15 de febrero: si no nos ponemos de acuerdo en discutir cuál es el futuro de la Caja de Jubilaciones va a haber un problema. Y no es un problema para mi gestión, porque hasta el 2023 nos vamos a poder sostener. Hay que dar una discusión honesta.
-¿Cuándo va a pasar eso?
-Son temas que requieren acciones presenciales, charlas, debates que con la pandemia lamentablemente es muy difícil poder llevar adelante. Hace falta una discusión sincera y honesta, porque si no hacemos algo no va a ser sostenible en el futuro. Alguien me podrá decir que la ley de jubilaciones no se toca. Bueno, yo quiero escucharlos, que me digan cómo va a ser sostenible en el futuro y, capaz, si esos argumentos convencen podemos hablarlo. Pero no voy a tomar ninguna medida en la Caja si no hay un consenso legislativo amplio y mayoritario. En esto tanto oficialismo como oposición tenemos responsabilidad. Pero no voy a tomar una decisión unilateral o forzada para reformar un sistema jubilatorio. Hay que encontrar los consensos necesarios y esto requiere de mucho debate que involucra también al sector privado que paga impuestos para sostener un sistema público. El 13% de los recursos, que serán el 15% el año que viene, se va en cubrir el déficit jubilatorio.
-Entonces está claro que durante su mandato va a encarar este tema.
-Lo vamos a hacer. Nunca le escapé a la discusión.
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