Un proyecto del diputado radical, Jorge Monge, fue aprobado por unanimidad en la sesión de este martes. Se trata de una iniciativa en la que se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional la apertura y publicación de los archivos existentes en la Policía Federal referentes al accionar terrorista de la Triple A, fuerza creada por José López Rega.
En el texto, aprobado sobre tablas, el autor sostuvo que la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) es parte de la historia negra de la Argentina y que “todavía hoy hay muchos aspectos que no han salido a la luz acerca de este grupo parapolicial responsable de muertes, secuestros, torturas y exilio forzado de miles de argentinos”.
No es un dato menor el surgido en la Cámara de Diputados: peronistas aprobaron avanzar en un tema “tabú” para el movimiento que fundó el General. El proyecto de Monge, dado a conocer por Página Política, fue aprobado en menos de 24 horas.
El tema tiene muchas aristas, incluso en Entre Ríos. En esta provincia el brazo parapolicial durante el gobierno constitucional también actuó. Un caso llegó a la Justicia. Marcelo Néstor Fischer estuvo privado de su libertad durante 255 días, entre el 5 de diciembre de 1975 y el 10 de septiembre de 1976, sin que se le iniciara un proceso en su contra. Diecinueve días después de la restauración de la democracia, denunció las amenazas, secuestro y torturas, pero la causa fue archivada por prescripción. Esa fue la única respuesta que le dio la Justicia.
Ya en marzo de ese año una patota de la División Investigaciones de la Policía secuestró al dirigente barrial Ramón Héctor Pichón Sánchez, que apareció muerto tres días después y con signos de haber sido torturado. En los meses posteriores continuó la sucesión de hechos violentos en distintas localidades. La respuesta del gobierno fue ordenar la detención de una gran cantidad de dirigentes vinculados a la izquierda peronista y su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad.
Fischer tenía entonces 25 años venía realizando una serie de denuncias contra el gobierno provincial del peronista Enrique Tomás Cresto por irregularidades y negocios poco claros con las empresas multinacionales que ejecutaban las obras de la represa de Salto Grande.
