La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la transferencia del dominio delos terrenos del Puerto Nuevo Paraná, ubicado sobre calle Liniers. Se prevé, allí, apuntar a un proyecto que se desconoce pero estaría vinculado al desarrollo turístico, gastronómico y hotelero.

Ante ese primer paso, el de pasar ese predio, a la administración municipal contó con el apoyo del sector que se beneficiaría, pero con la advertencia de sectores políticos y gremiales.

El Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, que nuclea a los pocos trabajadores que quedan de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables, fueron los primeros en expresarse.

Si bien no rechazan por completo el proyecto que tiene la Municipalidad para los casi 30.000 metros cuadrados en el área portuaria de la ciudad, reclamaron garantías para las fuentes laborales. Que son 28, luego del desaguace y vaciamiento de décadas.

Entre la presentación del proyecto auspiciado por la diputada Blanca Osuna y la aprobación hubo cambios en los que se destina a la Dirección Nacional de Vías Navegables y al gremio de Dragado y Balizamiento un “área para el desarrollo de sus actividades específicas, tales como: relevamientos y estudios sobre el río Paraná y labores en talleres de carpintería y de mecánica; así como también otorgar sitio de amarre para sus embarcaciones, dragas y artefactos navales”.

Con la transferencia de Puerto Nuevo, la Municipalidad podrá emprender las tareas de regeneración e integración urbana del predio, en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera de Paraná, “con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural”.

La legisladora Osuna fue una de las pocas que avanzó con una política vinculada al borde costero, hasta que se encontró con los lobbys de los clubes privados. La ex intendenta es optimista con lo que viene: “Da continuidad a una política de recuperación del borde costero y del acceso al río y que pondrá en valor a la conexión entre Puerto Nuevo, el Morro y Puerto Sánchez”, afirmó. Y agregó: “La ley fija como condición que las tareas de integración urbana en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera deberá tener un enfoque de participación ciudadana y de preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural”.

La norma preserva los espacios de trabajo de la Dirección Nacional de Vías Navegables para el desarrollo de relevamientos, estudios sobre el río, talleres y sitios de amarre. Igualmente para el Sindicato de Dragado y Balizamiento.

Gastón Grand, arquitecto y ex vice intendente de Osuna, se mostró de acuerdo con la iniciativa.

 

Convocatoria

En la oposición fue el precandidato a intendente de Paraná, Leandro Brasesco, quien brindó su opinión.

El radical, del espacio de Martín Lousteau, destacó la media sanción al proyecto de ley y propuso que el Municipio tenga “un gesto” y convoque a un concurso de ideas para definir qué hacer en ese espacio, para que “sean sentidos como propios por toda la ciudadanía”.

“Evolución acompaña esta iniciativa que aportará al crecimiento y reactivación de una zona de la ciudad que tiene mucho potencial turístico y cultural”, resaltó el precandidato y subrayó el apoyo de la diputada nacional del espacio, Marcela Ántola.

El referente paranaense de Evolución Radical consideró necesario que el intendente Adán Bahl convoque a la ciudadanía para definir los proyectos que se llevarán adelante. “Celebramos que el Empatur, que es un ente mixto compuesto por la Municipalidad y entidades vinculadas al turismo, esté de acuerdo con este traspaso. Pero entendemos que también se debería llamar a un concurso de ideas para definir los proyectos a desarrollar, del que puedan participar profesionales y distintos sectores de la sociedad”, propuso.

 

Ruido oficialista

Desde el PTP y PCR Entre Ríos, que integran la coalición oficialista, se difundió un comunicado con un extenso, pero preciso título: “Por la recuperación y la defensa de la industria naval y el transporte fluvial (al servicio del desarrollo y la independencia nacional)”.

“Quienes se amparan en la situación actual de la delegación y su infraestructura para justificar el avance con un proyecto que prioriza intereses de sectores empresarios con el caballo de Troya de la integración urbana, desconocen u ocultan las posibilidades y los beneficios que tendría para la ciudad, la provincia y el país la reactivación de un organismo que no sólo se dedicaba al dragado y balizamiento sino que cumplía un importante rol como astillero y en el estudio necesario para los trabajos y la navegación de nuestro río”, dice el texto.

La postura del PCR va en línea con el diputado provincial Julio Solanas, que si bien no se opone a la iniciativa, pidió que la misma sea articulada con el mantenimiento de actividades navales como la reconstrucción de un astillero.

Para las dos fuerzas que firman el documento, “hoy el Estado nacional avanza en el abandono y liquidación de su rol en torno a los puertos, construcciones navales y vías navegables, en un proceso que comenzó en la dictadura y se profundizó en los ’90 bajo el menemismo. Hoy se entregan puertos, astilleros, talleres, cuyos terrenos quedan a merced de negocios inmobiliarios y monopolios privados”.

La Corriente Clasista y Combativa, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el PCR conforman el Foro por el Río Paraná desde el año pasado, y también incluye a sectores gremiales, políticos, científicos, sociales y universitarios.

“Hoy día queremos ratificar la postura que hemos tenido y seguimos manteniendo (…), donde el intendente de Paraná planteó públicamente que los fines últimos son los negocios inmobiliarios al estilo Puerto Madero (Buenos Aires) o el Puerto de Santa Fe, lo que desvirtúa los objetivos para los que fueron creados y por los que luchamos para recuperar su funcionalidad como fuente de trabajo genuina y entrerriana, para el transporte fluvial comercial y para otros fines, al servicio del desarrollo regional y nacional”.

“Esta reactivación sería perfectamente posible con parte de los fondos que se recaudan por el cobro de peaje al transporte por la vía navegable troncal y el ahorro que significaría el dragado y balizamiento estatal, con costos muy inferiores a los precios exorbitantes que hoy perciben empresas como la belga Jan de Nul”, finalizó el documento.

Fuente: Página Política