Por Raymundo Kisser (*)

 

Seguramente, no sólo un periodista, o varios de ellos, se preguntan ¿por qué el apuro? de elevar a juicio la causa de los contratos truchos de la Legislatura. Esta pregunta también se la hace, sino toda la entrerrianía, por lo menos aquellos que pagamos puntualmente nuestros impuestos y observamos una conducta conforme a las normas que nos debieran permitir vivir en una sociedad de honestos, transparentes, donde el trabajo sea lo que realmente dignifique a todas las personas. Y digo esto porque evidentemente, para un sector de la sociedad, y con responsabilidad de gobernar, legislar y gestionar la solución de los conflictos que ella misma genera (llámese justicia), el trabajo ha dejado de ser la única herramienta idónea, legítima y digna para subsistir y realizarse o desarrollarse como persona en un Estado de Derecho, como debiera ser en nuestro país y en nuestra provincia.

Asistimos, con asombro algunos, y no tanto otros, cómo el Ministerio Público Fiscal de la provincia “eleva a juicio” una causa escandalosa, llamada como la de “los contratos truchos de la legislatura entrerriana”, sin haber profundizado, en lo más mínimo, la investigación, ya que se encontró a los autores del hecho, el modus operandi (relativa y aparentemente), el faltante del dinero en las arcas del Estado, pero curiosamente no se avanzó en la investigación para determinar a dónde fue a parar ese dinero ilegítimamente sustraído a todos los entrerrianos. Tampoco se investigó cómo se armaron los mecanismos para que ese dinero pudiera ser extraído de cajeros bancarios. Para que esos fondos llegaran a esos cajeros, hubo que confeccionar, seguramente, instrumentos idóneos que permitieran liberar los mismos, y desde luego, también las famosas tarjetas para extraerlos. No hay dudas que por sobre quienes fueron los apropiadores del dinero, hubo una cadena superior, y no sólo de colaboradores, sino de autores directos, necesarios e imprescindibles, en una especie de ingeniería financiero administrativa, para hacer posible que esos fondos salieran de las cuentas públicas y con el destino que hasta ahora no es claro.

Es evidente que esta investigación así llevada adelante no sólo no es ingenua, sino ex profeso incompleta, y mucho cuidado si no raya con lo delictivo, y seguramente que ello es así para que no terminara involucrada, con un gran escándalo de por medio, un sector de la mal llamada “clase política”, que ha hecho de ella, de la política, de baja intensidad su medio de vida.

Siendo legislador, no sólo me ocupé de promover investigaciones sobre presuntos hechos delictivos ocurridos en otros ámbitos, sino que también me ocupé por esta de los “contratos truchos” y ahí expuse ante los responsables de la investigación mi preocupación, dudas y reservas en esta causa de los contratos de la Legislatura, señalando que todo estaba muy bien, pero que era indispensable e ineludible investigar sobre quién o quiénes fueron los destinarios de los fondos “mal habidos”. Y con mucha soltura, para mi asombro y decepción, se me dijo que se lo había consumido la política, a lo cual respondí que ello era imposible, porque no era una suma de dinero insignificante. Pero, además, y si aun así hubiera sido, inmediatamente se debería haber dado intervención a la Justicia Electoral de la Nación, ya que se estaría frente a un financiamiento ilegal de la actividad política, lo cual es un delito federal.

Y sobre esta cuestión del destino de los fondos, cuya investigación debe profundizarse, si es que no se quiere terminar en otra frustración más para la sociedad en su conjunto, donde “la clase política” termina siendo la beneficiada, es necesario destacar que, con la actual legislación sobre financiamiento de la política, y campañas electorales, hay un control muy estricto desde la propia Justicia Electoral, y si en esta causa, el destino de los fondos fue la política, como se me ha dicho, es necesario que la Justicia Federal tome intervención, debiendo investigar en ese sentido. No así si se encuentra que los destinatarios usaron o ingresaron ese dinero en su patrimonio personal, porque ahí sí debe actuar la Justicia Provincial, y justamente por la tipificación penal que corresponda, ya que de legitimidad, ese dinero, seguro que no goza.

No tengo dudas que aquí no se quiere seguir la investigación “para arriba”, porque seguramente que surgiría una realidad, que no sé a cuantos, pero que, por lo menos, a algunos los dejaría en un lugar, no sólo incómodo, sino muy comprometido con la ley penal, y ni que hablar con la sociedad, que justamente clama por una conducta distinta de muchos de quienes dicen ser sus dirigentes o gobernantes. Es esto lo que debe hacer la Justicia, a través de la Procuración General de Entre Ríos, porque para eso está contemplada su presencia, como un poder dentro de la estructura del Estado de Derecho.

Ya no como ex legislador, sino como simple ciudadano, espero que quienes tienen la conducción de la política criminal en la provincia, es decir, el Ministerio Público Fiscal, mire y escuche un poco más el clamor de la sociedad, que está ávida de Justicia y de conductas ejemplares, y disponga lo necesario para que se avance en la investigación sobre la cadena superior o jerárquica de los que  hasta ahora están implicados en este “saqueo” del que han sido víctimas todas y todos los entrerrianos, porque ese dinero salió de los impuestos que con enorme sacrificio pagan aquellos que trabajan y producen diariamente, y que deben depositarlo en las arcas del Estado.

Es bueno recordar, y siempre: La sociedad necesita más y mejor justicia, menos amiguismo y nunca impunidad. Y esa,  es una tarea de todos.

 

(*) Senador radical en el período 2015-2019. Abogado

Fuente: Página Política