El viernes pasado Página Judicial reveló que José Allende firmaría un acuerdo en juicio abreviado en el que se declararía culpable por haberse enriquecido ilícitamente y entregaría bienes, entre ellos, la casa en el Parque Urquiza.

Sin poder ocupar cargos públicos, el ex diputado justicialista llega así al cierre de su carrera política luego de 20 años en la Cámara de Diputados que presidió a instancias de Sergio Urribarri y de haber integrado la Convención Constituyente en representación del movimiento obrero entrerriano, cuando Jorge Busti decidió reformar la Constitución y lo integró en la lista oficialista.

El tiempo corrió lo suficiente, de manera tal que Allende y el Poder Judicial tuvieron años para sellar una solución que les convenga a ambos. En el medio, el dueño de UPCN se desprendió de bienes, enajenó propiedades y vivió sin sobresaltos. Esa tranquilidad la garantiza la estructura jurídica que sostuvieron los gobiernos de Busti, Urribarri y Gustavo Bordet. La decisión de no haber aprobado la Ley de Ética Pública que, entre otras cosas exige dar a conocer las declaraciones juradas de quienes ocupan un lugar en el Estado y sus familiares, es la herramienta más eficaz en estos casos.

El Poder Judicial aún no tiene la Fiscalía Anticorrupción, que supo presidir Cecilia Goyeneche designada interinamente, porque la ley es cajoneada sistemáticamente. El procurador Jorge García supo decir que no porque no exista ese organismo no se iba a investigar la corrupción. Mientras tanto el devenir de las pesquisas por presuntos delitos en la administración pública están a cargo de dos personas: García y su adjunta Goyeneche. Los fiscales deben alinearse a los criterios de sus jefes en un sistema que no funciona de manera colegiada sino vertical. A la política esto le ha solucionado un enorme problema: tiene que “convencer” a una o dos personas.

Allende, en el acuerdo, cierra también sus causas que tenía abierta por violencia de genero denunciado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por los aprietes al periodista Martín Carboni. Temas que quedarán invisibilizados en una audiencia en la que sólo llamará la atención el patrimonio que vuelve al Estado. Una lástima para Leandro Dato y Álvaro Piérola, vinculados a la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos. El acuerdo solo parecería tener valor en el plano de lo económico. El botín. El humanismo es cosa de bohemios. O hippies en su aspecto más despectivo.

Goyeneche habló por radio en el programa En el dos mil también y dijo: “Estamos muy conformes y creo que socialmente se debe ver esto también como un triunfo. Hay una persona, que hace unos años esto hubiera sido impensado, que está reconociendo su culpabilidad por un hecho. Está reconociendo que se ha enriquecido ilícitamente y va a ser condenado”.

La pena de Allende será de 2 años y 8 meses. “Es una pena bastante habitual dentro de los procesos por enriquecimiento ilícito”, dijo la doctora.

Qué debe estar pensando Hugo Righelato, que por mucho menos, tuvo que desprenderse de bienes y cumplir pena en la Unidad Penal.

Pero la oferta que se va a consumar implica el final de dos causas que por estas horas ni se mencionan. Una por violencia de género y la otra por amenazas a un periodista. Ésta última estaba a punto de enviarse a juicio. Incluso el fiscal Piérola había adelantado la pena de 2 años, que de concretarse y sumada a la de enriquecimiento lo obliga a cumplir una prisión efectiva. Esto sin tener en cuenta lo que podía llegar a pasar en el legajo de la ministra Velázquez. Ambas querellas y posibles penas se licuarán en la entrega de bienes.

Pregunta: ¿Qué tiene que ver una denuncia por violencia de género y amenazas con el crecimiento patrimonial mal habido para que se unifiquen en un mismo paquete? Allende es un privilegiado. Sonia Velázquez una víctima del machismo político y judicial.

Las causas de corrupción más importantes en la provincia están para elevarse a juicio. ¿Qué sucederá, por ejemplo, con Urribarri, que está siendo investigado por delitos de corrupción? Está imputado en más de un legajo junto a su entonces ministro Pedro Báez. ¿La oferta de la Procuración General será la unificación de todas las causas y pagar una multa y cuidar nietos? Siempre que avancen las de enriquecimiento ilícito, sino con una multa y una condicional puede llegar a ser suficiente. La nueva normalidad.

La de los contratos truchos en la Legislatura será elevada en breve. Pero antes se debe tener certeza sobre la cifra que se desvió de las cámaras de diputados y senadores durante los 10 años. Se espera una pericia. García anunció elevarla una vez resuelto este punto del proceso.

En el legajo no hay una sola autoridad política imputada. La lupa se posó sobre contadores externos y personal administrativo, pese a que las contrataciones tienen como última firma a las autoridades de cámara. Esto sería parte de un segundo juicio, según prometió el procurador general. No debe haber un sólo ciudadano interesado en casos judiciales que crea que eso vaya a suceder. Es incómodo para quienes tienen que investigar avanzar en esta causa. En la lista de contratados en todos esos años que se están investigando (2008-2018) aparece la parentela de funcionarios judiciales.

García dio su parecer sobre lo que puede llegar a venir cuando deslizó su Teoría de la Escoba, en la que dijo que en la escala de responsabilidades un gobernador o un intendente no tienen por qué saber si un empleado robó una escoba.

El tiempo correrá y en la próxima pandemia conoceremos algún acuerdo fruto del consenso, que sí funciona, entre un sector de la dirigencia política y los tribunales.