Hace una semana que el caso Fátima Acevedo erosiona al gobierno provincial. El silencio absoluto que se decidió hacer en Casa de Gobierno aparece como una salida de emergencia clásica para afuera. Para adentro, el correr de las horas carcome la legitimidad del poder.
Toda la culpa del femicidio de la joven de 25 años reside en el Estado provincial y municipal. Toda. La única precaución que ha tomado el Gobierno es no difundir su hipótesis. La misma reconoce las fallas en el Poder Judicial, pero también adjudica culpa a la víctima por haber vuelto al lugar del femicida. Esa idea, que los legisladores escucharon de primera mano por parte de la ministra Rosario Romero, pone de manifiesto el desconocimiento sobre el circuito de la violencia de género. El procurador general, Jorge García, fue el único que la hizo pública en la dramática conferencia el día que apareció el cuerpo. Creer que el trágico final fue porque Fátima volvió al domicilio del asesino después de tres años de desprotección estatal es lo más dramático. Esto sucede en la provincia de Micaela García, la militante del Movimiento Evita, que el peronismo entero en la Argentina lloró. Hasta el Indio Solari.
La última vez que un gobernador, o que desde el Ejecutivo se pidió explicaciones, fue con la desaparición de Fernanda Aguirre. Jorge Busti solicitó públicamente destituir a los entonces jueces de Ejecución de Penas Miguel Angel Retamoso y Daniel Malatesta, que habían habilitado la salida de Miguel Lencina, principal sospechoso de haber secuestrado a Fernanda Aguirre. .
Busti optó por cubrir a Sergio Urribarri, su ministro de Gobierno, que luego ungió como sucesor. Pero José Carlos Halle, como secretario de Justicia, hizo de vocero gubernamental. Vueltas de la vida institucional, ahora se le reclama a su esposa que dé las explicaciones como jefa política de la Policía y como enlace con el Poder Judicial, atribución que le otorga el ministerio que preside.
El entonces gobernador decidió tener un control absoluto de la situación. Pidió explicaciones al Poder Judicial. Le puso abogados a los querellantes, es decir a los padres de Fernanda; y hasta llegó a visitar en el penal a Mirta Chaves, detenida como una de las principales sospechosas del secuestro. Walter Carballo, segundo en la cartera de Justicia, hizo el papelón ante el reclamo social de ir a excavar donde lo había indicado una vidente en el programa de Susana Giménez. Por estos días nadie puede explicar lo de otro supuesto vidente que plasmó en una fake news el lugar donde estaba el cuerpo de Fátima. El Estado no investiga ese hecho, que merece más atención del que sucedió aquella noche fatídica en “Hola Susana”.
La joven de San Benito no ha aparecido y Busti camina por la calle sin inconvenientes. Quizás sea porque en su momento dio la cara. Quizás porque en aquellos años el emergente feminista como colectivo no existía.
Urribarri inauguró la etapa del silencio. La del barbijo. El ex mandatario debió enfrentarse nada más ni nada menos que a un levantamiento policial en el marco de un reclamo salarial en diciembre de 2013. Concordia se vio envuelta en un campo de batalla donde la tensión se apoderó de la ciudad. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, había dicho que estaba todo controlado. Pedro Báez, por las suyas, ordenaba cortar el servicio de Internet en Concordia para parar la viralización del clima que se vivía en la ciudad que dio los últimos tres gobernadores. En aquellas jornadas hubo muertos, pero no culpables.
El mandatario dio por cerrada la crisis con una foto en el que aparecía, con una sonrisa, junto a los policías sublevados y el intendente de la ciudad de entonces Gustavo Bordet. Fue un papelón y una falta de respeto. El poder real toma nota de esas cosas.
No hubo fusibles luego de aquellas jornadas que pusieron a la provincia en vilo. Ni en el gabinete ni en la Policía. El tiempo pasó y Urribarri siguió gobernando con la lapicera y el barbijo de su entorno. Terminado su segundo gobierno debió enfrentar la más fría soledad. Su nombre está plasmado en varios legajos en los tribunales de Paraná que lo tienen imputado y en algunos casos con penas solicitadas. Las coberturas políticas se agotan los 11 de diciembre. El mismo día en que la Justicia se pone el traje de independiente.
Bordet no dio señales de cambios en ninguna dirección. Dejó que el Coronavirus oxigene el clima hostil que generó el femicidio que alcanza, pese a todo, páginas en medios nacionales.
El avance de la pandemia y la alarma en la provincia corre del eje un drama entrerriano: la crisis del Poder Judicial. Ese problema golpea a la política en todo el arco de representación. El servicio de justicia lo cuestionan en el radicalismo, el peronismo y ahora se suma la izquierda y las organizaciones sociales. El partido del gobierno lo hace desde el anonimato de un celular. El PJ local se puso el barbijo hace más de una década.
Fátima arrasó la identidad que el Gobernador expresó ante la Asamblea Legislativa para su segunda gestión cuando puso a la equidad de género en el centro, flanqueado por la primera vicegobernadora de la historia de la provincia. El tiempo adormece y limpia, pero las facturas en algún momento se pagan.
