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Ex senadores acusados de desobedecer a la Justicia

Quedaron involucrados luego de prestar acuerdo a dos pliegos que venían del Consejo de la Magistratura ignorando un pedido del Superior Tribunal de Justicia. De los 16 imputados, algunos ya prestaron declaración indagatoria.

La causa es tan vieja que quien la originó ya se jubiló. Los personajes de esta novela son un camarista y ex senadores provinciales. En la actualidad la mayoría de ellos no cumple funciones en el Estado, pero el proceso judicial iniciado en 2007, cuando lo hacían, sigue en pie.

El caso se inicia con la judicialización del polémico concurso 25 del Consejo de la Magistratura que terminó con un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que ordene al Senado que se abstenga de dar acuerdo a los pliegos de las doctoras Gabriela Teresita Mastaglia y Ana María Celia Stagnaro para la Sala I de la Cámara II Civil y Comercial de Paraná. Ambas habían obtenido los mejores puntajes. El autor de la acción fue Mario Alberto Quintero, otro de los postulantes, que ni siquiera había sacado los puntos necesarios para pasar a la tercera fase del proceso de evaluación quedando en el puesto 14 de la grilla. El hombre, disconforme con la evaluación, impugnó la prueba con una presentación en lo constensioso administrativo. El STJ, quien designa las vacantes, había puesto al aplazado concursante al frente del organismo judicial por el que competía.

El Senado, por orden del Poder Ejecutivo a cargo de Jorge Busti, dio luz verde finalmente para que se siga adelante con el procedimiento de designación. Los legisladores decidieron oír al gobernador e ignorar la orden judicial (ver más abajo).

Una vez dado el acuerdo a los pliegos, en la sesión siguiente ingresó al cuerpo legislativo el oficio 1485 en el que el titular suplente del Juzgado de Instrucción Nº 2, Carlos Ríos, solicitó los desafueros de los miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado de entonces: Carlos Garbelino (PJ ), Victorio Firpo (PJ ), Mariano López (PJ ), Juan Ramón Fleitas (PJ ), Julio Majul (PI ), Luis Luna (UCR ) y Argain. El pedido no fue concedido, pero la causa continuó y la de “desobediencia” judicial no comprendió a un grupo, sino al Senado casi completo de entonces que se completaba con Héctor Strassera (PJ), Oscar Herdt (PJ), Graciela Yolanda Zambón (UCR), Eduardo José Jodor (PJ), César Eduardo Melchiori (PJ), Teresa Ferrari de Grand (PJ), Hugo Berthet (PJ), Luis Miguel Leiva (PJ), Sergio Gabriel Marsiglia (PJ). Sólo el senador Carlos Orlandi (PJ) zafó de la imputación porque no había participado de las audiencias en las que se dio acuerdo. Melchiori hoy ocupa una banca en la Cámara alta, por lo tanto tiene fueros.

Todos estos dirigentes están imputados en la Causa Nº 54.069 “Argain Héctor y otros/desobediencia judicial”. Según se informó a Página Judicial desde Tribunales, en el expediente prestaron declaración indagatoria 4 de los 16 legisladores. Otros 4 lo hicieron por escrito. “La causa está en trámite y bajo análisis para la posible citación”, se precisó.

El STJ y su defendido

El alto cuerpo, que había elegido a Quintero, dio lugar a la cautelar. Su presidente de entonces, Daniel Carubia, votó haciendo lugar a la medida, en coincidencia con los vocales Carlos Chiara Díaz, Germán Carlomagno, Susana Medina de Rizzo, Silvia Nazar y Leonor Pañeda. En disidencia, había votado Bernardo Salduna y Emilio Castrillón mientras que se abstuvo el juez Héctor Vilarrodona que integró el cuerpo para resolver el caso ante la excusación de Héctor Ardoy.

El polémico concurso fue observado en la etapa de prueba de oposición por 15 de los 19 participantes, lo que motivó que el órgano asesor convocara al doctor Atilio Alterini para que analice los exámenes dados por quienes promovieron la impugnación. Luego, con esa evaluación en mano, el organismo resolvió mejorar las notas en algunos casos, lo que derivó en la aceptación de la queja y, a su vez, a rechazar el planteo.

Para Quinteros, el Consejo de la Magistratura “actuó con exceso de poder, en violación a los principios de legalidad y debido proceso, con afectación del postulado básico de igualdad entre los concursantes y demostrando clara arbitrariedad”.

La mayoría de los vocales consideró que la evaluación de los postulantes del concurso 25 no aparece como suficientemente motivada “toda vez que hace suya la evaluación conceptual aconsejada por el consultor externo” (Alterini) designado mediante un procedimiento creado por el Consejo. También se cuestionó la creación “ex post y ad hoc de un procedimiento especial para resolver las impugnaciones”.

En cambio, en disidencia, se sostuvo la potestad exclusiva del Gobernador de designar a los jueces, según criterios no estipulados por la Constitución. De este modo, se entendió que una opinión del STJ sería una intromisión en una facultad del Ejecutivo, aun cuando ésta haya sido delegada en el Consejo de la Magistratura.

Lo cierto es que el amparo que resolvía la cuestión de fondo nunca lo resolvió el alto cuerpo y Quintero 3 años después se jubiló.

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