Se inició el lunes, en Concepción del Uruguay, el juicio oral y público en el marco de la causa conocida como Stur II o PC II. El tribunal es presidido por la doctora Noemí Berros, acompañada por los magistrados José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. La actuación fiscal está a cargo de la doctora Josefina Minatta.
El gobierno de Entre Ríos, a través del Registro Único de la Verdad (RUV), había solicitado presentarse como amicus curiae en el marco de la causa. En el escrito presentado en 2025, se argumenta que “en la causa se investigan secuestros, privaciones ilegales de la libertad, torturas impuestas a un grupo de personas militantes del Partido Comunista de la ciudad de Concepción del Uruguay, los cuales configuran crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar”.
Se recordó en la presentación que en mayo de 1977 se realizó un operativo en el que fueron privados de su libertad Roberto Montesino, Carlos Julián Stur, Juan Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl Impini, Jorge Impini y Raúl Jauregui quienes fueron trasladados al Destacamento de Gendarmería en donde fueron sometidos a tormentos y demás condiciones inhumanas de vida, luego trasladados a la Unidad Penal N° 4.
Unos meses después de que se hiciera lugar al pedido, se planteó el conflicto en el RUV, a raíz de la cesantía de cuatro trabajadores, entre otros el abogado Marcelo Boeykens. Una abogada se sumó al área en su reemplazo, Nazareth de Rolandelli. Pero en la primera audiencia, la presidente del tribunal le impidió ser parte. Berros pidió explicaciones sobre la presencia de la abogada: “Qué rol está cumpliendo si no está presentada en el expediente”, inquirió.
Tomó la palabra la titular del RUV, María Emma Bargagna, que se presentó en representación de la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de Entre Ríos. Complicada la función de la presencia del RUV en el juicio, la situación ya tuvo sus efectos en la segunda jornada: Bargagna se excusó de estar presente en la audiencia por compromisos pendientes.
Son objeto del expediente, en este juicio, los crímenes cometidos entre 1977 y 1978 contra diez víctimas, entre ellos menores. Los delitos fueron calificados como allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia, torturas y asociación ilícita. Los imputados son Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, exoficiales de Gendarmería Nacional.
En la primera jornada se escucharon los testimonios de las víctimas, entre ellas una mujer, Gabriela Montesino, que al momento de los hechos era una niña que estuvo secuestrada a lo largo de diez días. Aquí, el registro de la primera audiencia, registrado por La Retaguardia. A las 3 horas y 30 minutos, el testimonio de Montesino.
Fuente: Página Política
