Este martes se desarrolló en Concepción del Uruguay la segunda jornada del juicio oral y público de la Causa Stur II (o PC II). En este proceso se investiga la responsabilidad de dos imputados, Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, exoficiales de Gendarmería, por delitos cometidos entre 1977 y 1978, durante el terrorismo de Estado. Los hechos se enmarcan en un operativo de persecución, secuestro y torturas a militantes del Partido Comunista de dicha ciudad y a miembros de sus familias, incluyendo a menores de edad.
El Tribunal Oral Federal está presidido por la jueza Noemí Berros, acompañada por los jueces José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. La acusación fiscal está a cargo de la doctora Josefina Minatta. También interviene en el proceso el Gobierno de Entre Ríos a través del Registro Único de la Verdad, admitido bajo la figura de amicus curiae.
Sin embargo, la abogada inicialmente designada por el RUV, Nazareth de Rolandelli, no había sido presentada formalmente en el expediente, lo que motivó una observación del tribunal en la primera audiencia. Debido a esto, la representación quedó en el momento a cargo de la titular del área —dependiente de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia—, María Emma Bargagna.
Presencia a medias
Bargagna participó de la primera jornada, aunque solo brevemente. En la segunda, este martes, se excusó de asistir por “otros compromisos”.
La situación fue analizada por el Tribunal y las partes durante la audiencia pública. La Presidenta tomó la palabra para correr vista de lo sucedido: “Acerca del amicus curiae que representa la doctora Bargagna: en un momento se desconectó (el lunes), exactamente antes de que comenzara la reproducción de los testimonios de las víctimas fallecidas. Se le preguntó por qué, porque de pronto no la vimos, y dijo que tuvo que desconectarse porque tenía un compromiso, lo que no comunicó. Hoy, Bargagna se comunicó con la señora relatora para decir que no iba a poder conectarse. En estas circunstancias, y siendo que tiene intervención en la causa, corro vista a las partes”.
Al respecto, la fiscal Josefina Minatta planteó: “Yo pediría que se le pregunte al RUV si es su deseo continuar con la participación, debido a que se han perdido una parte importante de este debate. No quiero dejar pasar la oportunidad de que el Tribunal intime para determinar si efectivamente va a asumir el compromiso o no, porque no lo está haciendo efectivo”.
Por su parte, las defensas —a cargo de José Velázquez y Julieta Elizalde— manifestaron que la participación del RUV les resultaba indistinta para el ejercicio de su labor.
Hacia el final de la jornada, que se extendió por casi tres horas, la jueza Berros comunicó la decisión: “Ante la conducta procesal que ha asumido la representante del Registro Único de la Verdad, se libra oficio a los fines de que manifieste si mantiene el interés o no de participar, para evitar cualquier dispendio jurisdiccional. El tribunal admitirá cualquiera de las dos posturas que se asuman”.
Repudio de DDHH
Tras conocerse la situación, los organismos de Derechos Humanos agrupados en la Rodher expresaron su preocupación y repudio. Atribuyeron esta conducta al “vaciamiento” del Registro Único, situación que vienen denunciando desde el despido de trabajadores del área.
“Se trata de un juicio oral y público donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra militantes políticos en nuestra provincia. Estos procesos no son un trámite más: son conquistas del pueblo argentino en su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, expresaron a través de un comunicado, calificando como “inadmisible” la ausencia del organismo.
“Desde hace tiempo venimos denunciando el desplazamiento y despido de cuadros técnicos con trayectoria, la pérdida de equipos de trabajo y el debilitamiento deliberado de áreas fundamentales. Lo ocurrido en estas audiencias es la confirmación concreta de ese proceso”, remarcaron.
Fuente: Página Política
