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Expropiación de Vicentin. Primeras repercusiones

Etchevehere cuestionó la medida y la consideró “muy mala noticia”. El diputado Huss, por su parte, enmarcó la decisión en una política en busca de la “soberanía alimentaria”. Para la diputada Lena es imprescindible que el tema lo trate el Congreso y Casaretto adelantó el acompañamiento.
Por: Redacción de Página Política

Alberto Fernández anunció esta tarde la intervención y expropiación de Vicentin. El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo.

Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de “utilidad pública”.

La primera reacción llegó de quien fuera el referente de la política agropecuaria, el dirigente de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.

Consideró que el anuncio es una “muy mala noticia”. “El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”, advirtió el accionista de la empresa editora de El Diario.

Otra lectura fue la del dirigente de la Campora en Entre Ríos, el diputado nacional Juan Manuel Huss que enmarcó la decisión en la búsqueda de soberanía alimentaria. Se ocupó de poner de relieve la iniciativa de la referente de su espacio, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

También se expresó en redes sociales el referente del Movimiento Evita, Emiliano Gómez Tutau. Puso de relieve que la decisión busca proteger a los trabajadores y los “productores defraudados”.

En el Congreso

Para la diputada de Cambiemos, Gabriela Lena, el asunto central es que la expropiación no tiene por qué expresarse en un DNU funcionando el Congreso.

Desde el oficialismo, el diputado Marcelo Casaretto adelantó el acompañamiento de su bancada al DNU. “Desde el Congreso Nacional acompañaremos la expropiación de la empresa. El objetivo es recuperar la soberanía alimentaria de los argentinos, mantener las empresas del grupo en marcha, y preservar las fuentes de trabajo”, argumentó el legislador del peronismo.

“La empresa se presentó en concurso preventivo con un deuda de U$S 1.350 millones de dólares, de los cuales U$S 350 millones son con productores y U$S 1.000 millones con bancos. Al no haber acuerdo con los acreedores, se encaminaba a la quiebra, por lo que se decide rescatarla”, remarcó en declaraciones enviadas a Página Política.

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