El senador libertario Joaquín Benegas Lynch y la diputada del PRO, Alicia Fregonese, fueron parte de un encuentro organizado por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial que coordina la Fundación Barbechando. Se abordó allí una iniciativa que busca fijar pautas mínimas, a nivel nacional, para el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria.
Por iniciativa de esta organización, que integran las diferentes cadenas productoras de commodities, se pretende minimizar la judicialización a productores por los procedimientos de fumigación, minimizando el impacto de normas provinciales, locales y de fallos judiciales que, en el caso de Entre Ríos, particularmente, han puesto en cuestión la Ley N° 11.178 denominada “de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios”.
“Deberíamos ir definitivamente a una reforma profunda y contarle a la gente cuales son los verdaderos efectos de los fitosanitarios. Esta ley es super importante”, argumentó Benegas Lynch, que preside la Comisión de Agricultura de la Cámara alta, en el marco del encuentro de Barbechando. “Hace falta un marco normativo que dé tranquilidad y seguridad a los productores y a la población. Es un tema fundamental”, aseguró Fregonese en el mismo ámbito en el que se puso sobre la mesa un “vacío legal” que perjudicaría a los productores ante “una justicia que no entiende cómo se produce”, tal como lo cuestionó la presidenta de Barbechando, Ángeles Naviera, quien puso de relieve la tarea articulada de la fundación con el Congreso de la Nación.
Naviera marcó en la agenda otros asuntos prioritarios para la institución empresaria. Entre otros aspectos, reclamó la eliminación de derechos de importación para el campo y pidió el avance con una de las iniciativas más polémicas de la gestión de Javier Milei como la Inviolabilidad de la Propiedad Privada que levanta barreras a la extranjerización de la tierra.
La foto en Entre Ríos
Después de muchas idas y vueltas, y en el marco de fuertes debates con organizaciones ambientalistas, se sancionó en diciembre de 2024 la Ley 11.178. Quedó así derogada la Ley 6.599 y la serie de decretos reglamentarios parciales.
La nueva legislación impuso una “zona de exclusión” de lugares con asentamiento de personas, con prohibición de fumigar a 10 metros para aplicaciones terrestres o drones; de 100 metros para aplicaciones terrestres (mosquitos); de 200 metros para fumigación aérea tripulada. Se definen además “zonas de amortiguamiento”, donde pueden aplicarse solamente los productos fitosanitarios habilitados por Senasa con menor toxicidad, con vehículos aéreos tripulados; y una serie de pautas que modifican las condiciones y distancias en “áreas sensibles”, con y sin residencia de personas.
La entrada en vigencia de la norma fue celebrada por las organizaciones del campo que impulsaron la redacción del texto. Se evaluó como un avance ante la fuerte presencia en la provincia de la conciencia ambiental, lo que llevó a que la norma fuera resistida por años. Fue convertida en ley con los votos de del oficialismo y con el voto dividido de la bancada peronista.
Aún así, la Justicia puso escollos firmes a la plena vigencia de la norma, cuya aplicación es atribución de la Provincia que tiene poder de policía respecto del cuidado del ambiente en la jurisdicción. Con una postura protectora frente al riesgo ambiental y de salud en zonas rurales y periurbanas, hay fallos de la Justicia entrerriana que corrieron los límites para las fumigaciones, luego de hacer lugar a amparos sentando jurisprudencia provincial con la determinación de distancias y la imposición de requisitos de estudios de impacto ambiental. El caso “Rosso” impuso la prohibición de fumigaciones terrestres a 1095 metros y fumigaciones aéreas a 3 mil metros de vecinos de Colonia Ensayo que accionaron contra el uso de agroquímicos.
Campo y política
Barbechando tiene como objetivo central la vinculación con las políticas públicas y particularmente con los legisladores nacionales que impulsen la agenda del campo.
En ese marco, han conformado un “Espacio Legislativo Interpartidario del Agro” en el que se plantean iniciativas como las que ahora impulsan Benegas Lynch y Fregonese.
Además de Benegas Lynch y Fregonese, son miembros de ese espacio legislativo del agro todos los legisladores nacionales enmarcados en la alianza Milei – Frigerio, la mayoría de los cuales, además, son también empresarios del sector rural: los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Francisco Morchio y Andrés Laumann; el diputado radical Darío Schneider; y la senadora libertaria, Romina Almeida.
En los informes político -electorales que elabora Barbechando, se ha tomado nota del vínculo de los legisladores entrerrianos con la actividad agropecuaria. En este sentido, han compartido acciones con los ex miembros del Congreso, Alfredo De Ángeli, Atilio Benedetti, Marcela Ántola y el exsenador del peronismo, Edgardo Kueider.
Fuente: Página Política
