Ante el debate en el Senado de un Régimen para el Uso Sustentable de los Bienes Inmuebles de dominio público en islas y humedales, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Sociedad Rural de Victoria fijaron posición en una nota enviada al gobernador Gustavo Bordet y al intendente Domingo Maiocco.
“En muchos sectores de la sociedad se ha instalado la idea que para combatir el fuego en las islas hay que impulsar una Ley de Inventario y Ordenamiento Territorial de Humedales”, argumentaron en la nota en la que se afirma que “la realidad” indica que “una declaración formal de la inmutabilidad de las condiciones que constituyen la identidad de un ecosistema en grandes zonas como el Delta del Paraná, resulta con el tiempo en una acumulación de grandes cantidades de materia orgánica” y afirman que eso es lo que lleva a los incendios que se sufren hoy ya que “en condiciones de sequía como las que actualmente tenemos se facilita enormemente el inicio de focos ígneos y la dispersión del fuego en estos ambientes, imponiendo situaciones de muy difícil manejo y control de parte de las organizaciones estatales y civiles, e impactando fuertemente en el ecosistema que buscábamos proteger”.
Ley vigente
En la nota, que lleva las firmas de José Colombatto, titular de Farer; y de Eduardo A. Grimaux, presidente de la Rural de Victoria, se considera “innecesaria” una nueva legislación y reparan en artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial que “abordan en profundidad la conservación, el aprovechamiento y la preservación de los ambientes naturales autóctonos y sus recursos”. Mencionan también jurisprudencia y acuerdos interjurisdiccionales como el 2008, entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires conjuntamente con el Gobierno Nacional, el PIECAS (Programa Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná)”.
Se recordó que en ese acuerdo se conviene en “proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área; mantener o restaurar la estructura y las funciones ecológicas del estratégico ecosistema del Delta del Paraná; promover su desarrollo sostenible; asegurar la participación de todos los actores involucrados proponiendo instancias institucionales que pongan en valor los aportes sectoriales en el marco del sistema jurídico institucional de gobierno”.
Ser parte
Recuerdan además la Ley Nº 8.967 de 1995 que crea el Sistemas Provincial de Áreas Naturales Protegidas, modificada y actualizada por la ley Nº 10.479, sancionada en 2019. Remarcan que esa ley prevé “la necesaria participación de quienes viven y trabajan en estas áreas como generadores de un cambio de hábito imprescindible para la protección y el uso sustentable de estas zonas, crea para ello la Comisión Asesora Local, conformada por personas que representan los intereses de la zona de influencia: gobierno local, intereses turísticos, productivos, académicos, que deben ser convocadas por la autoridad de aplicación, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de
Entre Ríos”.
Tras ponderar la norma mencionada, reclamaron “con la premura que la situación hoy nos impone” que Maiocco y Bordet convoquen a “las personas e instituciones que tengan interés en la zona del Área Natural Protegida – Distrito Islas de Victoria, para la constitución de la Comisión Asesora Local, el motivo es dar comienzo al proceso participativo recomendado en la legislación provincial, nacional y en los acuerdos interjurisdiccionales, a los efectos de elaborar el Plan de Manejo Local establecido en los artículos 29º y 30º de la ley Nº 10.479”.
Proponen que esa Comisión Asesora Local pueda integrar a autoridades municipales, a bomberos, defensa civil y la Dirección Nacional de lucha contra el Fuego a fin de “construir los consensos necesarios para un efectivo Plan de Manejo de incendios en el Distrito Islas de Victoria”.
“Quienes vivimos y utilizamos en forma sustentable los recursos naturales de la Isla y generamos productos alimenticios altamente inocuos, estamos dispuestos a colaborar activamente en la elaboración de un plan de manejo sustentable de nuestro principal activo”, afirmaron en la nota en la que aseguran que sólo falta “que el Estado convoque a todos los actores interesados en el futuro de nuestras islas” y se apueste a “una producción ambientalmente sustentable y socialmente sostenible”.
